El quinto aniversario del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha provocado acercamientos entre PP y PSOE para su renovación. Sin embargo, las palabras del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que situó la renovación del órgano de gobierno de los jueces como el asunto realmente prioritario, al que deberá seguir una nueva ley para elegir a los vocales, sí podría tener efectos. La comparecencia pública del representante comunitario, el lunes por la tarde en Bruselas junto al ministro Félix Bolaños en Bruselas, no deja lugar a dudas. Y es la misma posición que viene defendiendo desde hace meses entre severas advertencias: los dos partidos mayoritarios deben propiciar una actualización del Consejo y, después, avanzar en una mayor independencia judicial como exige la UE para que los jueces elijan directamente a los jueces.
Alberto Núñez Feijóo llevaba un tiempo instalado en la postura de que no renovaría el CGPJ sin un nuevo sistema de elección. Es decir: que con la nueva ley orgánica en la mano se procedería al acuerdo, y no antes. En este caso, el orden de los factores se vuelve fundamental. Y, aunque este lunes por la mañana, el portavoz del PP, Borja Sémper, reiteró esa posición, fuentes del entorno de Feijóo lo matizaron a este diario a última hora de la tarde. Reynders ya había comparecido. «Nos vale renovar con el sistema actual, pero no haremos nada si no hay una nueva ley que modifique el sistema de elección al mismo tiempo. Debe ser simultáneo. Puede ser el mismo día, pero no después«, explican.
El bucle ha sido intenso en los últimos tiempos en torno a la cuestión del CGPJ, pero la traducción tampoco admite dudas: los populares sí se sentarían a renovar el órgano de los jueces acatando las normas de la actualidad, pero necesitan a cambio que se apruebe una nueva norma para futuras renovaciones. No aplicaría para este primer pacto con Pedro Sánchez, pero sí para los futuros. Ese es el compromiso que el PP necesita atar. E insisten: «Ya no nos fiamos de este Gobierno. No es una garantía. Es que haya una nueva ley».
Los miembros del CGPJ han cumplido diez años en sus cargos este fin de semana, cuando en realidad debieron estar solo cinco. La situación del órgano de gobierno de los jueces es crítica y también la de la Justicia. Pero los populares entienden que con la ley de amnistía pactada entre PSOE y los independentistas (este martes la tramitación echa a andar con la calificación de la Mesa del Congreso) su postura “se ve reforzada”.
La nueva ley, el relato que necesita el PP
La postura del PP, hasta ahora taxativa, responde a distintas claves. La esencial es la situación en la que se encuentra la política española y el “hundimiento institucional” del que el partido de Feijóo lleva alertando en las últimas semanas. “Cambiar ahora el rumbo sería incomprensible. Más que nunca necesitamos una Justicia independiente”, dicen en el PP. A la amnistía, la asunción de la existencia del ‘lawfare’ por parte del Gobierno que ha indignado a todos los sectores judiciales o los recientes varapalos por los nombramientos al frente de la Fiscalía General o el Consejo de Estado, se suma la oposición contundente y dura que Feijóo ha inaugurado tras la investidura de Pedro Sánchez.
Y esa oposición, en las Cortes Generales y en la calle (este domingo el PP volvió a tener una convocatoria masiva en Madrid), reflexionan en la dirección nacional, “es incompatible con renunciar a nuestra exigencia”. Lo resumió de manera gráfica Sémper tras el comité de dirección de su partido este lunes. “Si Junts con siete votos ha hecho una amnistía a la carta, ¿por qué el PP, con 137 escaños y habiendo ganado las elecciones, no puede reclamar que la elección del CGPJ responda a lo que nosotros creemos y también la Unión Europea?”, se preguntó el portavoz.
La reforma que plantean los conservadores implica que 12 de los 20 vocales que conforman el Consejo sean elegidos directamente por los propios jueces. La ley actual establece que Congreso y Senado escogen respectivamente a diez (seis de cada paquete deben ser jueces y los otros cuatro, juristas de reconocido prestigio). Sin un acuerdo PP-PSOE es imposible renovar el Consejo porque se necesitan 210 escaños, una mayoría reforzada.
Hubo dos momentos en los que la negociación estuvo a punto de terminar bien. Las dos veces se frustró. La más reciente, ya con Feijóo al frente del PP, fue en octubre de 2022, el año pasado. Las conversaciones llevaban meses produciéndose y los conservadores se habían llegado a abrir a una renovación previa a la modificación de la ley orgánica. Luego se daban un plazo de tiempo acotado (seis meses) para el cambio legislativo. Pero la reforma del Código Penal pactado entre el Gobierno y ERC para borrar la sedición (después llegaría la malversación, pero en ese momento el PP no lo sabía) hizo saltar los puentes.
El PP decidió entonces congelar del todo la negociación porque entendían “un engaño inasumible” estar pactando un nuevo Consejo y una ley que avanzara en la independencia judicial y, al mismo tiempo, acordar con los independentistas la eliminación del delito clave en el procés.
Este lunes por la tarde, desde Bruselas, Bolaños se refirió a esas conversaciones de hace algo más de un año en las que parecía que habría acuerdo con el PP. «Llegamos a un acuerdo con el Partido Popular tanto en los nombres de los 20 vocales titulares, de los 12 suplentes e incluso en una proposición de ley para reforzar la independencia de nuestra justicia. Y a ese acuerdo no se llegó por falta de liderazgo del señor Feijóo”, dijo el ministro en la rueda de prensa en presencia de Reynders. “No soportó la presión de los elementos más ultras de su partido y (…) con el acuerdo ya hecho, finalmente se vino abajo”, zanjó.
En Génova siempre han negado este extremo, insistiendo en que la clave fue hacer aflorar el acuerdo con los independentistas sobre el Código Penal al tiempo que iban a renovar el CGPJ. Poco después, en el Día de la Constitución, Sánchez no descartaba modificar también el delito de malversación como exigía ERC. Acabó sucediendo también.
Meses después de aquello y con un nuevo aviso de la Unión Europea encima de la mesa, Feijóo fue meridiano con la postura (que confirmó Sémper): “Estoy a favor de una reforma inmediata de la ley orgánica del poder judicial y, en base a esa reforma, inmediatamente renovar y actualizar el CGPJ”. El giro de Génova llegó en la tarde del lunes. Abrirse a una renovación con el actual sistema siempre y cuando haya una nueva ley para las posteriores es un cambio con respecto a lo que Feijóo venía defendiendo. Y que su portavoz nacional volvió a recordar por la mañana. Lo único que ocurrió después fue el nuevo mensaje de la UE.
