Fiscales estadounidenses reabrieron el lunes una investigación por una presunta violación grupal en la prestigiosa Universidad de Cornell tras denuncias de que el centro de estudios no sancionó adecuadamente a los acusados. La presunta víctima afirmó en una demanda civil presentada este mes que en 2024 fue drogada con ketamina, agredida y violada por siete miembros de la fraternidad Chi Phi, un club social para estudiantes varones de la universidad.
Cornell expulsó a los estudiantes implicados y cerró la fraternidad, pero los detalles del caso han provocado indignación y han reavivado el debate sobre las agresiones sexuales en los campus estadounidenses. Matthew Van Houten, fiscal del distrito del condado de Tompkins, en Nueva York, dijo que planea presentar cargos penales contra los siete hombres acusados. Agregó que su oficina decidió en 2024 no procesar el caso porque el testimonio de la víctima no establecía la falta de consentimiento, pero que ahora ha decidido hacerlo a la luz de sus nuevas acusaciones.
«Reconozco la realidad de que las víctimas de agresiones sexuales pueden necesitar años de terapia y recuperación para procesar plenamente y comprender lo que les sucedió», dijo Van Houten en un comunicado. «Buscar justicia a veces requiere que reconsideremos o reabramos casos cuando se nos proporciona evidencia adicional», añadió.
Respaldo de la universidad
Kyle Kimball, vicepresidente de relaciones universitarias de Cornell, afirmó que la universidad miembro de la prestigiosa Ivy League respalda la decisión de reabrir la investigación. Pero rechazó la afirmación, formulada en la demanda civil, de que se ofreció a los sospechosos la oportunidad de escribir ensayos para resarcir su conducta. «Cualquier insinuación de que la universidad no impuso castigos contundentes a los implicados es falsa», dijo.
La demanda civil de 101 páginas presentada en Nueva York ofrece detalles sobre la presunta agresión a la mujer, cuya identidad se mantiene protegida. Por ejemplo, incluye una captura de pantalla de un mensaje grupal en Snapchat de una aparente invitación para que otros miembros de la fraternidad participen del presunto abuso. La querella busca una indemnización económica de la institución y de los siete sospechosos, y añade que la mujer ha sufrido «graves trastornos emocionales y psicológicos». El caso ha generado gran conmoción pública, siendo condenado por figuras como la actriz británica Florence Pugh y la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.
