El ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió este jueves que «hoy se iba a trasladar a unos 1.800 migrantes» a los campamentos que se estaban construyendo en el puerto de Ceuta para «recoger» a las personas que siguen vagando por las calles de la ciudad desde los últimos días de julio.
De esta manera reaccionó en TVE a la decisión, en la tarde del miércoles, de la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una providencia este miércoles en la que paraliza la construcción de esos campamentos y solicita información urgente al Ministerio de Transportes sobre la utilización de aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta para la instalación de un dispositivo temporal de acogida de personas migrantes, con capacidad aproximada de un millar de personas.
La sala de la AN actúa a petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que pide que se paralice la orden para el uso de dicho suelo, y advierte que «hasta tanto se resuelva la presente medida cautelar urgente, no se puede ejecutar la resolución u orden referidas» según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El ministro confía en que en «poco» se solucione la situación y la jueza de la Audiencia Nacional resuelva cuanto antes sobre las medidas cautelarísimas que le piden de paralización de los campamentos para alojar los migrantes. «Si las deniega (las cautelarísimas), procederemos a trasladar ahí a los migrantes. Si las conceden, a ver qué hacemos» porque parece que «hay quién quiere que hagamos magia».
En este sentido, repasó medidas puestas sobre la mesa por el Gobierno para acoger a los migrantes para su identificación y triaje y que, dijo, han sido vetadas por las autoridades ceutíes. «Vivas no ha colaborado en ningún momento».
La norma discutida es la «Resolución u Orden del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de 5 de septiembre de 2026, y demás actos y actuaciones materiales conexos de ejecución», que es la que permitió la instalación del dispositivo temporal de los migrantes que entraron a la ciudad autónoma de forma irregular mientras se tramitan los expedientes judiciales que permitan su devolución a Marruecos o la concesión de asilos. Se trata de unas instalaciones con capacidad aproximada de un millar de personas.
Esta decisión de la Audiencia Nacional no cayó bien en el seno del Ejecutivo. Algunos ministros no ocultaron desde el primer momento su malestar con esta actuación e incluso criticaron esta medida de paralizar el operativo: «No sé qué pretenden que hagamos», lamentan, cuando defienden que son necesarias estas instalaciones no solo por humanidad sino también para la identificación de los migrantes.
Horas después de conocerse esta decisión, desde La Moncloa admitieron su «perplejidad ante una decisión que frena una solución operativa inmediata sobre el terreno». «La medida paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente, que iba a permitir alojar a 1.700 personas, diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público».
Según fuentes del Ejecutivo, «los terrenos del Puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo», y subrayan que son «plenamente consciente de que esta crisis es compleja, pero la complejidad no puede traducirse en inacción o parálisis institucional».
«Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad, garantizándoles condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas. Es la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta», concluye el Gobierno porque «Ceuta no puede esperar. Desde el Gobierno pedimos agilidad y deseamos que se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida.»
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