La juez de Santa Cruz de Tenerife al cargo del caso Mediador ha pedido extender seis meses más la instrucción para poder realizar nuevas diligencias que, por su contenido, revelan su interés en profundizar en el papel desempeñado por los procesados a Juan Bernardo Fuentes Curbelo y Taishet Fuentes.
La juez ha pedido al Congreso de los Diputados que informe de las responsabilidades que tuvo Fuentes Curbelo como diputado del PSOE por Las Palmas hasta su dimisión al salir a la luz este caso, las comisiones en las que participaba o las funciones que ostentó.
En cuanto a su sobrino y sucesor al frente de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, la instructora justifica la necesidad de prorrogar la instrucción con el dato de que, en la actualidad, son más de un centenar los expedientes bajo sospecha de su paso por la Consejería de Agricultura, por lo que quiere delimitar cuáles deben ser analizados por la Intervención General del Estado, tal y como solicita también la Fiscalía.
En el caso Mediador, se investiga una presunta trama de sobornos de empresarios a cargos públicos (el exdiputado socialista y su sobrino, principalmente), para obtener tratos de favor en contratos públicos, subvenciones o expedientes sancionadores.
Para solicitar la prórroga de las investigaciones, la juez de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife alega, entre otros motivos, que aún no han finalizado los informes de las diversas unidades de investigación sobre blanqueo de dinero, patrimonio, consumo y aduanas e Intervención del Estado, ni los dictámenes periciales que obligan a realizar nuevas diligencias, según detalla en un auto y una providencia a las que ha tenido acceso EFE.
76 informes del grupo policial
En estos momentos, recuerda, están sobre la mesa 76 informes del grupo policial de investigaciones tecnológicas, otros de análisis financieros, a los que se unen los que hará la Intervención General del Estado sobre los expedientes bajo sospecha.
La juez se centra especialmente en la Quesería Montesdeoca, a la que la Unión Europea (UE) le impuso una sanción de 74.000 euros por no justificar una subvención que finalmente quedó prescrita.
En estos momentos la Dirección General de Modernización y Calidad de Servicios Públicos ha emitido un informe en el que detecta un «desfase» en cuanto a los expedientes de reintegro y sanciones de ayudas y subvenciones debido, en principio, a su tramitación simultánea.
El motivo, según esa Dirección General, es que hasta principios de 2023, cuando se incorporó un nuevo jefe de servicio, se estaba gestionando el reintegro de una ayuda y a continuación, si procedía, se iniciaría el sancionador, lo que daba lugar en ciertos casos a la prescripción.
La juez apuesta por iniciar nuevas diligencia a fin de analizar la totalidad del expediente pese a su volumen y falta de medios para aclarar aspectos esenciales de la investigación, entre ellas identificar al anterior jefe de ese servicio y tomarle declaración después de que recientemente lo haya hecho el actual.
También se considera imprescindible volver a citar a la secretaria general técnica y tener acceso al informe elaborado por la Intervención General del Estado y luego ordenar nuevas diligencias complementarias si fuera necesario.
La instructora insiste en conocer lo ocurrido con las ayudas otorgadas por Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino Taishet Fuentes desde la Dirección General de Ganadería de Canarias.
En ese tiempo ambos intervinieron en los expedientes y empresas investigadas, entre las que está también la asesoría de Fuentes Curbelo y una quesería relacionada con su familia que pasó a estar dirigida por su hijo.
Otro tanto ocurre con las subvenciones tramitadas en esos períodos por la Dirección Técnica del Organismo Pagador de Fondos Agrícolas Europeos dentro del Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI).
La instructora cree que en este momento procesal hay indicios de estar ante un presunto delito de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, blanqueo, falsedad, estafa, tráfico de influencias y/o delitos en el ámbito de la corrupción contra la Administración en todas sus modalidades, sin descartar alguno más.
La juez ha autorizado el control de las comunicaciones de Fuentes Curbelo, una petición de la Policía que considera «más que justificada», al igual que a rescatar los expedientes relacionados con su función como cargo público en Agricultura considerados «irregulares» que afectan a entidades familiares y otras que recibieron subvenciones.
Cree importante analizar y acceder a las conversaciones y correos que el exdiputado nacional y su sobrino mantuvieron con el exviceconsejero de Sector Primario, Álvaro de la Bárcena Argany, y la jefa de Servicio, Estefanía Margarita González, ambos investigados.
