El Gobierno quiere ejecutar una criba masiva de proyectos de centros de datos para poner orden al aluvión de peticiones de abrir nuevas instalaciones. El Ejecutivo prepara un real decreto para imponer nuevas exigencias más estrictas en consumo de electricidad y de agua y en seguridad digital de los datos que manejan las instalaciones, con el objetivo de frenar parte de los proyectos y que sigan adelante sólo los mejores, los más sostenibles y los más seguros.
Las grandes eléctricas se suman a las críticas de los grupos tecnológicos y unen fuerzas contra la reforma legal en ciernes. “España necesita más demanda eléctrica, no más barreras a la demanda. Si queremos electrificar nuestra economía, aumentar la utilización de las renovables y reforzar nuestra autonomía energética, debemos facilitar la incorporación de nuevos consumos, no dificultarla”, ha advertido Marina Serrano, presidenta de la patronal eléctrica Aelec, que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP. “El mensaje es muy sencillo: más demanda significa más utilización de las redes, menos vertidos renovables y menores costes para consumidores e industrias. Penalizar la demanda nos conduce al resultado contrario”.
Impulsar, no imponer
El Gobierno pretende que todos los nuevos centros de datos que entren en operación en España estén obligados a cumplir los requisitos de eficiencia más exigentes que prevé la UE en el consumo de electricidad y de agua (una suerte de etiqueta A en la clasificación de eficiencia energética y eficiencia hídrica). Y también exigirá a los centros de datos que el 80% de la electricidad que consuman sea de origen renovable todas y cada una de las horas del día, y además que proceda de plantas verdes nuevas (de una antigüedad no mayor a 18 meses) y que esté producida en la misma hora en que se consume. El objetivo, según subraya el Ejecutivo, es promover nuevas renovalbes y evitar que el aumento de demanda energética de los centros de datos acabe provocando un aumento del uso de las centrales de gas españolas para producir electricidad.
“Es positivo que la norma contemple la incorporación de nuevas renovables, pero no por la vía de imponer obligaciones de generación a los consumidores que además no se sabe si van a poder cumplir”, contrapone la presidenta de la patronal de las eléctricas. “La función de la demanda es consumir electricidad y desarrollar su actividad económica; la responsabilidad de avanzar hacia un sistema con más renovables, menos emisiones y mayor eficiencia corresponde al sistema eléctrico en su conjunto. Sería más deseable que los consumidores tuvieran incentivos para ser flexibles”, apunta.
El Ejecutivo busca poner freno a la avalancha de proyectos. Las previsiones gubernamentales apuntan a que los centros de datos operativos en 2030 necesitarán entre 3,5 y 4 gigavatios (GW) de demanda eléctrica en 2030. Y las estimaciones que maneja la propia patronal Spain DC anticipan que al final de la década estarán operativos al final de la década grandes centros de datos que requerirán entre 2,6 y 3 GW. Sin embargo, en España ya hay proyectos de centros datos con permiso para enchufarse a la red eléctrica por unos 12,5 GW y se calcula que hay solicitudes formuladas o en preparación por cerca de otros 20 GW más.
El Ejecutivo cree que en ese aluvión de peticiones hay proyectos fantasma sin una iniciativa industrial real detrás o se trata de movimientos meramente especulativos, por eso pretende escoger los mejores centros de datos, los que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental mediante nuevos requisitos a las instalaciones mayores de 1 megavatio (MW) de potencia eléctrica. SpainDC, la patronal de los grupos tecnológicos promotores de centros de datos, alerta de que “cambiar las reglas cuando existen proyectos con inversiones ya comprometidas genera una inseguridad difícilmente compatible con inversiones de esta magnitud”. La asociación avisa de la posible huida a otros países de inversiones milmillonarias ya planificadas. “Ordenar el crecimiento no puede significar expulsar la inversión que España ha atraído durante años”, sentencia la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís.
Inversiones milmillonarias, en riesgo
Las previsiones a medio aplazo de Spain DC contemplan tres escenarios con diferentes previsiones hasta final de la década de nuevos ‘data centers’ operativos y de inversiones movilizadas, en función de la regulación que se acabe aplicando al sector. El escenario que la patronal considerabahasta ahora más probable augura que el sector llegará con instalaciones conectadas a la red eléctrica española con una potencia de 2.600 megavatios (MW), el triple que en la actualidad, y unas inversiones acumuladas de 66.900 millones de euros en 2030.
Sin embargo, si la regulación se vuelve más restrictiva la estimación es que haya sólo centros con 1.800 MW de potencia e inversiones movilizadas de 43.000 millones. Y si la normativa se volcaba en agilizar el despliegue se puede llegar a 2.900 MW y a 79.000 millones de inversión acumulada en 2030. “Lo que hace unos meses se consideraba un escenario restrictivo hoy puede parecer incluso moderado frente al impacto potencial del texto conocido”, apunta la patronal del sector, que ahora ve en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino.
La propuesta de reforma legal del Gobierno “introduce un riesgo para el desarrollo eficiente del sistema eléctrico”, se apunta desde la asociación eléctrica Aelec. “Modificar las condiciones aplicables a proyectos que ya cuentan con permisos concedios genera incertidumbre regulatoria y puede afectar a la confianza necesaria para seguir invirtiendo en redes, renovables y nueva demanda”. Para la patronal de las grandes eléctricas, “si imponemos requisitos que no existen en otros países, corremos el riesgo de que esas inversiones se desarrollen fuera de España, con el consiguiente impacto sobre nuestra competitividad”.
Suscríbete para seguir leyendo
