Las convocatorias de la Administración para cubrir puestos en las fuerzas de seguridad del Estado en el Archipiélago continúan bajo el foco constante de los sindicatos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto un recurso potestativo de reposición contra la resolución que convoca un concurso de méritos, un sistema de selección donde no se realizan exámenes teóricos o prácticos, para cubrir 50 puestos de la Policía Canaria con agentes procedentes de otros cuerpos de seguridad. El sindicato cuestiona que la Administración haya recurrido a personal externo sin acreditar previamente que esas plazas no podían cubrirse mediante los mecanismos ordinarios entre los propios agentes del cuerpo autonómico.
Yeray Artiles, representante de CSIF y funcionario de carrera perteneciente al cuerpo autonómico, sostiene que la principal objeción del sindicato es que la Administración «busque refuerzo fuera del cuerpo» sin haber comprobado antes si las plazas podían cubrirse con los propios efectivos de la Policía Canaria. «No se ha convocado. A nadie se le ha dicho que necesitábamos policías para Fuerteventura ni para Tenerife», afirma. A su juicio, la ausencia de una convocatoria interna impide conocer si había funcionarios del cuerpo interesados y capacitados para ocupar esos destinos.
La Dirección General defiende que se han realizado los informes necesarios y que la convocatoria responde a la normativa vigente.
Sin embargo, desde la Dirección General de Seguridad defienden que la convocatoria responde a la normativa vigente y que las 50 plazas están reservadas para su cobertura por personal procedente de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Catálogo de Puestos de Trabajo aprobado por el Decreto 213/2025, un instrumento que, según la Administración, «fue negociado y se encuentra plenamente en vigor».
Así mismo, la Administración señala, además, que la resolución se publicó con todos los informes preceptivos correspondientes, y ya previamente incluidos el de los Servicios Jurídicos y el de Planificación y Presupuesto.
Procesos de dudosa legalidad
Asimismo, CSIF denuncia un «abuso sistemático» de la llamada «jurisprudencia sobre los aspirantes de buena fe», que protege en determinadas circunstancias a quienes obtuvieron una plaza en un proceso que posteriormente es declarado nulo, pese a no ser responsables de las irregularidades.
El CSIF advierte de un posible fraude de ley en los procedimientos para intentar favorecer a terceros.
Según la organización sindical, esta situación puede provocar que, cuando un proceso es recurrido y finalmente anulado varios años después, las personas que obtuvieron una plaza hayan consolidado mientras tanto una situación jurídica difícil de revertir. A partir de esta interpretación, CSIF advierte de un posible «fraude de ley institucionalizado» o «enchufismo diferido», al considerar que procedimientos aparentemente legales podrían utilizarse para favorecer de antemano a determinadas personas o situaciones jurídicas.
Artiles sostiene que esta práctica no se limita a la convocatoria de la Policía Canaria, sino que se está produciendo, a su juicio, en otros procesos selectivos de las administraciones públicas. El representante sindical asegura que pueden elaborarse unas bases para que «determinadas personas tengan más facilidad de acceder que otras» y que, cuando llega una eventual resolución judicial años después, esos aspirantes ya se encuentran dentro de la Administración.
En este caso, CSIF reclama que se garantice primero la carrera profesional y los mecanismos ordinarios de provisión para los agentes que ya integran la Policía Canaria antes de recurrir a funcionarios de otros cuerpos. El sindicato solicita la nulidad de la convocatoria y la suspensión cautelar de su ejecución mientras se resuelve el recurso.
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