Hay investigaciones penales en las que reconstruir lo ocurrido exige reunir numerosas piezas que, por separado, ofrecen una información limitada. Cuando los hechos se producen en un ámbito privado, no existen testigos directos y ha transcurrido tiempo desde que ocurrieron, la investigación debe apoyarse en el conjunto de indicios y pruebas que puedan obtenerse durante la instrucción.
Esta dificultad adquiere una dimensión especial cuando la persona que denuncia tiene menos de16 años.
A la necesidad de determinar qué ocurrió, se añade entonces la obligación de proteger al menor durante el propio procedimiento, evitando que la investigación termine convirtiéndose en una sucesión de declaraciones y actuaciones innecesarias.
Los delitos por agresión sexual a menores reúnen muchas de estas dificultades. La declaración de la víctima, los informes psicológicos y médicos, las posibles pruebas ginecológicas, los testimonios de terceros y otros elementos indiciarios pueden formar parte de una investigación en la que rara vez existe un único elemento probatorio capaz de explicar por sí solo lo sucedido.
Por eso, estos procesos judiciales requieren analizar cómo encaja cada elemento con los demás y qué información aporta realmente al conjunto de la causa.
La dificultad de investigar hechos que suelen ocurrir sin testigos
Unas de las principales complejidades en este tipo delitos aparecen cuando no hay testigos directos de los hechos. Muchas agresiones sexuales se producen en espacios donde tampoco existen grabaciones, comunicaciones u otros elementos que permitan reconstruir de forma inmediata lo ocurrido.
La investigación debe entonces contrastar las distintas versiones y ponerlas en relación con el resto de datos disponibles. Una conversación mantenida después de los hechos, un mensaje, la declaración de una persona que tuvo contacto con el menor o determinadas circunstancias anteriores o posteriores, pueden adquirir relevancia cuando se valoran conjuntamente con el resto de la prueba.
Esto no significa que la ausencia de una prueba directa impida acreditar unos hechos. El proceso penal permite valorar distintos medios y también recurrir a indicios, siempre que estos sean examinados de forma conjunta y conforme a las reglas de valoración probatoria.
En este punto adquiere especial importancia evitar que un único elemento de la investigación determine por sí solo la interpretación de lo ocurrido. La declaración de la persona denunciante constituye una prueba que debe ser valorada por el tribunal, pero su análisis se realiza junto al resto de las evidencias incorporadas al procedimiento.
La investigación de una agresión sexual a un menor de 16 años puede presentar, además, particularidades relacionadas con su edad y con la forma en que se obtiene su testimonio, por lo que las diligencias deben practicarse procurando preservar tanto la calidad de la prueba como las garantías del menor.
La declaración del menor exige garantías específicas
Cuando no existen pruebas directas, la declaración de esta persona menor de edad puede convertirse en uno de los elementos centrales de la investigación. Su valoración, sin embargo, no consiste simplemente en determinar si el relato resulta convincente.
El juez debe analizar esa declaración dentro del conjunto de los elementos probatorios y comprobar, entre otras cuestiones, su coherencia, su evolución durante el procedimiento y su compatibilidad con las demás circunstancias que hayan podido acreditarse.
La protección del menor introduce, además, determinadas particularidades en la forma de practicar estas diligencias. La exploración puede realizarse con intervención de profesionales especializados y procurando evitar, en la medida de lo posible, la reiteración innecesaria de declaraciones.
Los informes derivados de estas exploraciones pueden incorporarse posteriormente al procedimiento y ser valorados por el tribunal junto al resto del material probatorio. Cuando la defensa considera que una valoración pericial presenta aspectos discutibles, también puede solicitar un análisis técnico independiente o una contrapericial.
La prueba pericial: psicología, medicina y análisis forense
La prueba pericial puede aportar al procedimiento conocimientos técnicos que permiten analizar determinados aspectos que exceden del ámbito estrictamente jurídico. No sustituye al tribunal en la valoración de los hechos, pero puede proporcionar información especializada que debe ser examinada junto con el resto del material probatorio.
La pericial psicológica puede abordar cuestiones relacionadas con determinados aspectos del testimonio o con circunstancias psicológicas relevantes para la investigación, siempre dentro de los límites propios de este tipo de informes.
También puede resultar relevante la pericial ginecológica, especialmente cuando se investigan hechos que pueden haber implicado penetración vaginal o anal y existen hallazgos físicos que requieren una valoración médico-forense. Este tipo de exploración permite documentar y analizar posibles lesiones o alteraciones en la zona genital o anogenital, así como otros indicios que puedan guardar relación con los hechos investigados. No obstante, sus resultados deben interpretarse siempre junto con el resto del material probatorio, ya que la ausencia de lesiones no permite descartar por sí sola que haya existido penetración.
A estas pruebas pueden sumarse informes médicos, análisis de comunicaciones u otros elementos técnicos que ayuden a contrastar las distintas versiones de los hechos.
La defensa puede, además, analizar críticamente los informes incorporados a la causa y solicitar una contrapericial cuando considere necesario revisar la metodología empleada, las conclusiones alcanzadas o la interpretación de los resultados.
Cuando los indicios adquieren un papel determinante
Cuando no existe una prueba directa que permita reconstruir por sí sola lo sucedido, los indicios pueden adquirir un papel clave en la investigación. Se trata de circunstancias que, analizadas conjuntamente, contribuyen a confirmar o descartar determinadas hipótesis sobre los hechos.
Una comunicación posterior, la conducta de las personas implicadas, la existencia de determinados vestigios o la coincidencia entre distintas declaraciones pueden formar parte de ese conjunto de elementos.
La valoración indiciaria exige, precisamente por ello, analizar la relación entre esos datos y la conclusión que se pretende obtener de ellos. No se trata de acumular circunstancias de manera aislada, sino de determinar qué valor tiene cada una cuando se contrasta con las demás.
La gravedad de la acusación también condiciona el procedimiento
No todas las conductas investigadas reciben la misma calificación penal. La edad del menor, la naturaleza de los hechos, la existencia de violencia o intimidación, el acceso carnal y otras circunstancias pueden modificar la valoración jurídica y las consecuencias penales del procedimiento.
Por eso, determinar exactamente qué conducta se atribuye al investigado y en qué circunstancias se habría producido, suele ser muy necesario desde las primeras fases de la investigación.
Las penas por delitos sexuales pueden ser muy diferentes dependiendo de cómo se califiquen finalmente los hechos y de las circunstancias que concurran en cada caso. Más teniendo en cuenta que la regulación de estos delitos fue modificada por la Ley Orgánica 10/2022 y posteriormente revisada por la Ley Orgánica 4/2023, que introdujo nuevos ajustes en el régimen de las agresiones sexuales a menores de 16 años.
Una investigación que empieza mucho antes del juicio
Cuando una persona es investigada por un delito sexual contra un menor, la defensa no comienza cuando se señala el juicio. Las decisiones adoptadas durante la instrucción pueden determinar qué pruebas se practican, cómo se contrastan las distintas versiones y qué elementos llegarán finalmente a la vista oral.
El análisis de la denuncia, las declaraciones, los informes periciales y el resto de la documentación debe realizarse desde las primeras diligencias. En procedimientos de esta naturaleza, la intervención de un abogado especialista en delitos sexuales contribuye a abordar la investigación desde una perspectiva específicamente penal y probatoria.
Un procedimiento publicado reciente por este medio permite comprobar hasta qué punto esa fase puede prolongarse y modificar el recorrido de una causa. En aquel caso, una investigación por agresión sexual permaneció abierta durante casi dos años y llegó hasta el momento señalado para el juicio, aunque finalmente la vista oral no llegó a celebrarse después de que la acusación particular retirara su acusación y la Fiscalía tampoco formulara una pretensión condenatoria.
El proceso judicial por una agresión sexual contra un menor exige, por tanto, mucho más que determinar qué versión de los hechos resulta más creíble a primera vista.
El resultado de esa investigación dependerá, en buena medida, de cómo se hayan obtenido, contrastado y valorado esos elementos durante la instrucción. Es ahí donde se empieza a determinar qué ocurrió y qué puede llegar a sostenerse ante un tribunal.
