La gran industria española lleva trabajando más de dos años en una compra masiva de electricidad de origen renovable a precio fijo para poder blindarse frente a las subidas de la luz y conseguir rebajar su factura energética, un coste clave en su actividad. El objetivo es celebrar una megasubasta de renovables, la primera promovida por empresas privadas en el mercado español, pero la puja ha ido acumulando retrasos y los promotores ahora han decidido congelar el proceso hasta que el Gobierno confirme que no hay trabas sobre algunos aspectos fiscales y regulatorios para celebrarla.
La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa a casi una treintena de grandes grupos industriales con presencia en España, está a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica y la Agencia Tributaria den el visto bueno a la celebración de la subasta con unas condiciones favorables para los productores de energías renovables y para los compradores industriales. Pero si no hay certeza de que el marco regulatorio es el que se necesita, la patronal de las compañías electrointensivas renunciará a celebrar la compra masiva de electricidad.
“Si siguen existiendo dudas regulatorias y tributarias y no se resuelven, no vamos a seguir con la subasta. No podemos celebrara e implicar a compradores y vendedores sin tenerlo todo atado”, explica el director general de AEGE, Pedro González, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. “Hasta que la Agencia Tributaria y el Ministerio para la Transición Ecológica resuelvan las dudas, todo el proceso está parado. Y si no encajan el tratamiento fiscal y la regulación específica sectorial con lo que necesitamos, tendremos que abandonar el proyecto”, sentencia.
Fiscalidad y regulación
La asociación empresarial espera retomar los contactos con el Gobierno en las próximas semanas para conseguir las aclaraciones sobre cómo ejecutar la subasta para la compra de energía renovable. Por un lado, AEGE necesita confirmación de la Agencia Tributaria de que la fiscalidad que pueda utilizar en la operación sea la aplicable a la energía física y no a un producto financiero, que es menos favorable.
Por otro lado, la normativa no contempla que un solo usuario tenga varios suministradores de energía. La patronal de los electrointensivos requiere para celebrar la subasta la confirmación de Transición Ecológica de que la puja es legal tal y como está diseñada o que el Ministerio se comprometa a impulsar un cambio regulatorio para facilitarla. “Mientras existan dudas de este calado no podemos seguir adelante”, apunta González, que reconoce que la asociación no tiene de momento un plan b en caso de anular la subasta.
Prevista inicialmente para el primer trimestre de 2022, y tras aspirar a celebrarse en diferentes momentos de 2023, ahora los organizadores paralizan la subasta y se celebrará, en el mejor de los casos, en algún momento de 2024. Desde AEGE se subraya que el resto de aspectos de la puja están ya definidos y, en caso de recibir el ‘ok’ del Gobierno sobre sus exigencias fiscales y regulatorias, se podría poner en marcha en apenas tres meses.
Blindar el precio
La asociación de los grupos electrointensivos -que integra a gigantes como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos– ha estado trabajando en poner en marcha su propio sistema de subastas de energía renovable al margen de las que organiza el Gobierno. El objetivo es (o era) asegurarse una parte sustancial del suministro eléctrico que requieren para su actividad y hacerlo a un precio estable durante un largo periodo entre 10 y 12 años.
Actualmente, en torno al 80% de la electricidad que consume la gran industria española la compra directamente en el mercado mayorista de la electricidad, por lo que están expuesto a la volatilidad de sus precios y se arriesgan a asumir fuertes incrementos de sus costes de producción cuando hay grandes subidas del precio de la electricidad.
Los planes de las grandes industrias pasan por convocar a productores de eólica y de fotovoltaica para que presenten sus ofertas de venta de electricidad a un precio fijo. Posteriormente, las compañías industriales y las eléctricas sellarían acuerdos bilaterales de compra de energía o PPA (‘power purchase agreement’) que contarían con el aval del Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI).
