En los bosques de Bialoweza, que separan a Polonia de Bielorrusia, o en el albergue para migrantes cercano a la estación de tren de Bialystok, última población polaca de envergadura antes de llegar a la frontera entre ambos países, la sombra del Kremlin planeaba durante los fríos y húmedos meses de otoño de 2021. Miles de migrantes procedentes de Asia Central y Oriente Próximo estaban llegando exhaustos a las puertas de la UE tras haber recibido visados emitidos por el régimen de Aleksándr Lukashenko en sus países de origen.
Engañados por funcionarios de Bielorrusia, los migrantes pagaban sumas desorbitadas, de unos 3.000 euros –cantidades que en muchos casos constituían a los ahorros de toda una vida– por unos paquetes turísticos y documentación de viaje que, sobre el papel, costaban mucho menos. Generaron unos excedentes monetarios que, según fue denunciado posteriormente en investigaciones, acabaron por llenar los bolsillos de altos funcionarios del régimen de Minsk.
Los analistas se devanaron los sesos por aquel entonces para dilucidar los motivos que tenía el Gobierno de Lukashenko para lanzar un órdago semejante a la UE mediante un recurso tan extremo como el tráfico de seres humanos, convirtiéndose la crisis en el desafío migratorio de mayor envergadura que habían sufrido hasta entonces los Veintisiete. Como posibles motivos, se habló del régimen de sanciones impuesto por Bruselas contra el presidente bielorruso, que había renovado su longevo mandato tras unas elecciones presidenciales calificadas de fraudulentas en el verano de 2020; se habló una estrategia para obligar a la Unión a reconocerle como presidente y a tratar directamente con él; y se habló también de las supuestas intenciones del Gobierno bielorruso de desviar la atención a los problemas internos.
Archivo – Migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos / Europa Press/Contacto/Jon Putman – Archivo
El apoyo verbal y logístico que recibió Minsk de su vecino y aliado Moscú durante esta crisis –muchas de las rutas empleadas por los migrantes transitaban por su territorio, y los portavoces rusos fustigaban sin cesar a la Unión Europa durante la crisis– empujaba a pensar que el Kremlin había jugado algún papel en la operación, aunque nadie alcanzaba a identificarlo y cuantificarlo. El cuadro completo empezó a emerger unos meses más tarde, en febrero de 2022, cuando Moscú lanzó la invasión de Ucrania. Académicos como Oksana Voytyuk, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bialystok, publicaron entonces detalladas investigaciones que demostraban que la crisis fue «una operación conjunta de los servicios especiales de Bielorrusia y Rusia con el objetivo de desviar de los planes de Putin para una invasión a gran escala de Ucrania».
Tres años más tarde, la operación aparentemente se repitió, aunque eso sí, a miles de kilómetros del continente europeo, y con actores y objetivos diferentes. Entre 2022 y 2024, cientos de miles de inmigrantes procedentes de Oriente Próximo y Asia entraron en EEUU utilizando como escala a Nicaragua, principal aliado de Rusia en la región, en cuyo territorio han sido desplegados cientos de asesores de seguridad del régimen de Vladímir Putin. Solo en el año 2023, 300.000 personas emplearon esta vía de entrada en territorio estadounidense, que incluía viajes en avión hasta Managua –decenas de vuelos chárter aterrizaban a diario en el aeropuerto local– o en barco desde las islas caribeñas hasta la costa nicaragüense, y salvoconductos para atravesar el territorio del país gobernado por Daniel Ortega.
Aylan Kurdi, el niño sirio que murió ahogado en el mar Egeo en 2015 después de que su barco naufragase. / Niufer Demir / France Presse
El efecto causado por esta oleada migratoria fue la creación de una sensación permanente de crisis de refugiados en la frontera sur de Estados Unidos, que erosionó duramente la popularidad del presidente demócrata de EEUU Joe Biden e impulsó en el debate político estadounidense previo a las elecciones presidenciales de 2024 narrativas favorables al entonces candidato republicano, Donald Trump. Nicolás de Pedro, analista sénior en el think tank británico Institute for Statecraft, recordó entonces cómo el régimen de Bielorrusia, aliado de Rusia, había creado «artificialmente» en 2021 una crisis migratoria en su frontera con Polonia para tensionar a la UE pocos meses antes de la invasión de Ucrania. Y no creyó «descabellado» que la alianza Managua-Moscú estuviera intentando algo parecido ante las presidenciales de EEUU que debían celebrarse en noviembre de aquel año.
La instrumentalización de la inmigración como arma de guerra híbrida tuvo su principal y primer bautismo de fuego en 2016 cuando Turquía, para arrancar concesiones a la UE permitió o alentó el movimiento de personas, en su mayoría refugiados sirios, hacia las fronteras orientales de la UE. El resultado fue la firma, en marzo de ese año, de un convenio con el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan por el cual el Gobierno turco se comprometía a aceptar a cualquier inmigrante que hubiera entrado irregularmente en territorio comunitario desde Turquía a cambio de fondos económicos, liberalización del visado para ciudadanos turcos y acelerón al proceso de integración del país en la UE.
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