La Comunidad de Madrid ha denunciado la actitud «inadmisible» de 60 bomberos forestales que, en plena emergencia nacional, mantengan lo que consideran una estrategia de «chantaje» contra la organización operativa en los incendios que afectan a la región.
Así lo hace constar en un comunicado en el que señala que ese grupo reducido de personal laboral del Plan de Protección Civil contra incendios forestales -60 bomberos de un colectivo de 2.100 que trabajan en la región- está dando «una imagen distorsionada del funcionamiento ejemplar de los servicios de emergencia».
«La gestión de un gran incendio forestal no puede convertirse en una herramienta de presión laboral ni de desgaste político. En emergencias de esta magnitud no caben improvisaciones ni actuaciones al margen de la coordinación oficial: los recursos deben movilizarse desde los parques y retenes asignados, con disciplina de mando, seguridad operativa y plena garantía para quienes intervienen sobre el terreno», han apuntado.
Este personal, según han añadido, conoce sus destinos y los procedimientos establecidos para esta campaña, el mismo sistema desde hace más de 25 años.
Sin embargo, «no están en sus bases operativas», tal y como firmaron voluntariamente en sus contratos y el acta de adjudicación de destinos para esta campaña 2026, y permanecen en la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, «desatendiendo que la activación de los recursos se realiza desde los parques y retenes donde deben prestar servicio».
Por eso, para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, presentar esa situación «como falta de medios o como una negativa de la Administración a movilizarlos supone alterar la realidad y generar alarma social en un momento especialmente delicado«.
La Comunidad de Madrid, han recordado, ha mantenido numerosas conversaciones y negociaciones con este colectivo, que representa menos del 1% de un dispositivo global integrado por más de 6.000 profesionales y voluntarios.
«No puede aceptarse que, mientras cientos de profesionales trabajan en el frente del fuego y miles de vecinos permanecen evacuados, se utilice una emergencia de interés nacional para incrementar la presión sobre la Administración, a través de falsedades y mensajes distorsionados», han criticado.
El Gobierno regional estudiará todas las vías administrativas y jurídicas que resulten procedentes para depurar responsabilidades sobre conductas que hayan podido comprometer el servicio público, dificultar la actuación de los dispositivos de emergencia o poner en riesgo la seguridad de las personas y del patrimonio natural.
