La orden de detención contra Vito Quiles dada a conocer este miércoles ha sido dictada por un juzgado madrileño al no comparecer en una causa en la que se le investiga por un «bulo» tras afirmar que un funcionario del Ministerio de Hacienda era asesor de María Jesús Montero y había salido de prisión gracias a ella.
Este miércoles la Policía Nacional acudió a la oficina del medio Estado de Alarma (EDATV), donde trabaja el activista, para ejecutar una orden de detención sobre Vito Quiles dictada por un juzgado de instrucción de Madrid en el marco de una investigación por un presunto delito contra el honor, según han informado a EFE fuentes jurídicas. Esta medida cautelar está motivada porque Quiles ha desatendido dos citaciones de la jueza en este procedimiento iniciado tras la demanda de un funcionario del Ministerio de Hacienda al que presentó en redes sociales como un asesor de la exministra María Jesús Montero que había salido de la cárcel gracias a la intervención de ésta.
En concreto, el activista estaba citado en primer lugar para prestar declaración el pasado 9 de junio y posteriormente el 25, pero, al no acudir, el pasado lunes la jueza dictó un auto en el que ordenaba su detención por «sustraerse a la acción de la Justicia». Quiles, según han confirmado a EFE fuentes de su defensa, tiene previsto acudir voluntariamente este jueves a la comisaría de policía más cercana a su domicilio, por lo que se prevé que se le tome declaración y sea puesto en libertad.
El querellante, que trabaja en Hacienda desde hace 41 años bajo gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE, argumenta en su demanda que la propagación en redes sociales de este «bulo» daña «gravemente» su reputación personal y profesional en «una trayectoria intachable».
A través de sus perfiles en Telegram y TikTok este activista difundió información «absolutamente falsa» en la que le imputaba una serie de delitos por los que «habría entrado en prisión» y posteriormente habría sido puesto en libertad por la entonces vicepresidenta del Gobierno, que «lo encubrió y contrató» en el Ministerio. Además, Quiles difundió su nombre completo y una fotografía, que puso en riesgo al demandante e «incrementó exponencialmente el daño causado» al provocar «una persecución pública» con cientos de reacciones y comentarios de usuarios de estas redes profiriendo «insultos, vejaciones y amenazas», según consta en la demanda. El daño ocasionado a este funcionario, insiste la querella, es «constante y continuado en el tiempo«, puesto que las publicaciones siguen estando disponibles en la red: «Cada visualización reproduce la lesión al honor de mi mandante, con riesgo cierto de nuevas difusiones, reproducciones o republicaciones».
Por estos hechos, la representación legal del querellante sostiene que Quiles ha cometido un delito continuado de calumnias al emplear públicamente «expresiones gravemente atentatorias contra la dignidad y reputación» de este funcionario, por lo que le reclama 50.000 euros por daños morales y profesionales.
