Seis días después del doble terremoto en Venezuela, el balance oficial supera los 1.719 fallecidos y miles de personas continúan desaparecidas. Mientras disminuyen las posibilidades de encontrar nuevos supervivientes y la atención se centra en la asistencia a los damnificados y la recuperación de los servicios esenciales, la información sigue siendo incompleta, pero ya es posible realizar una primera evaluación de la capacidad del Estado para responder a una crisis de esta magnitud.
Las primeras horas estuvieron marcadas por la actuación espontánea de vecinos y voluntarios ante la insuficiencia de medios públicos, una movilización que posteriormente se vio reforzada por organizaciones civiles, la diáspora venezolana y equipos internacionales, poniendo de manifiesto las limitaciones de la respuesta estatal. Los testimonios recogidos estos días describen una distribución desigual de los recursos, con prioridad para determinadas zonas, dificultades para canalizar con rapidez equipos y material de emergencia y un mayor énfasis en el control político y del orden público que en la coordinación de los rescates, a lo que se añaden denuncias de saqueos y de apropiación irregular de ayuda humanitaria, presuntamente protagonizados por grupos vinculados al aparato de poder.
Nada de ello puede explicarse al margen de la debilidad institucional que Venezuela arrastraba antes del terremoto y que precedía al relevo forzado de Nicolás Maduro. Años de autoritarismo, unidos a unos niveles de corrupción que, según Transparencia International, sitúan al país entre los tres con mayor percepción de corrupción del mundo, han debilitado la capacidad del Estado, una realidad sobre la que el Banco Mundial lleva tiempo advirtiendo. Y esa debilidad institucional se traduce en mayores dificultades para coordinar los rescates y distribuir la ayuda de forma eficiente y equitativa.
A esas limitaciones se suma, además, un contexto político que continúa condicionando la gestión de la catástrofe. El intento frustrado de la líder opositora María Corina Machado de regresar al país, las discrepancias dentro de la administración estadounidense sobre ese retorno y las restricciones al tráfico aéreo internacional muestran que decisiones adoptadas tanto en Caracas como en Washington condicionan la respuesta a la emergencia. Esa circunstancia, sin embargo, no exime al Gobierno venezolano de su responsabilidad en gestionarla.
Los desastres naturales no alteran por sí solos la evolución política de un país, pero sí ponen a prueba la solidez de sus instituciones e inciden en su legitimidad. La respuesta espontánea de miles de ciudadanos, junto con la implicación de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, ha paliado parcialmente las carencias del Estado y ha demostrado la capacidad de organización de la sociedad venezolana. Si el Ejecutivo interino no consigue corregir esas carencias, la distancia entre las instituciones y la ciudadanía seguirá aumentando. En tales circunstancias, la capacidad de organización demostrada durante la emergencia puede reforzar la demanda de reformas institucionales y contribuir a consolidar una transición democrática que sigue siendo incierta.
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