Nuevo golpe judicial para Manolo Torres en plena guerra contra la actual propiedad de la SD Huesca. El expresidente y ex consejero delegado del club presentó un recurso contra el proceso abierto para la adquisición del estadio de El Alcoraz por parte del Gobierno de Aragón que no ha sido admitido por el Tribunal de Justicia de Aragón (TSJA) «por falta de legitimación activa y por inexistencia de acto recurrible», según su resolución del pasado 19 de junio.
El exdirectivo cargó contra el patronato de la Fundación Alcoraz por la vía jurídica para tratar de paralizar el proceso de venta del campo de la SD Huesca al considerarlo un intento de lucrarse por parte de la propiedad del club. Sin embargo, una denuncia presentada por Manolo Torres ante el Gobierno de Aragón 20 días después de que le fuera requerido por mala gestión 1,5 millones de euros, ya fue desestimada por «mala fe».
Ahora, el TSJA no ha admitido un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Torres como demandante contra la Diputación General de Aragón (DGA) como demandado y la SD Huesca como codemandado. El tribunal considera que el expresidente no está legitimado para intervenir puesto que «ni la condición de socio accionista ni la condición de ciudadano de Huesca y de Aragón le confieren tal legitimación». En este sentido, la sala sostiene que «lo que se esgrime en la demanda es un interés de puro control de la legalidad».
Manolo Torres alegó ser socio de la entidad, pero su participación minoritaria, de tan solo 2 acciones sobre un total de 139.506 (un 0,0014% del accionariado total), no se considera suficiente para legitimar su control sobre el proceso de compra. Según explica la resolución, el procedimiento correcto hubiera sido impugnar el acuerdo societario que el 11 de agosto de 2025 aprobó la compra del estadio con más del 98 % de las acciones representadas a favor.
Si bien el tribunal, al no admitir la denuncia, no entra en el fondo de la cuestión y no determina si la adquisición del El Alcoraz es legal o no, aclara que el protocolo no es recurrible, dado que no se trata de un contrato, sino de «una declaración de intenciones» que incumbe a dos partes. Por ello, Manolo Torres ha sido obligado por la sentencia a correr con los costes del proceso judicial, que consistiría en un pago de 400 euros a cada codemandado.
A falta de una tasación conjunta, la propuesta por la SAD es la de 24.434.504 euros con un pago previsto en un plazo de 5 años. Se trata de un proceso que contempla la colaboración en promoción deportiva, deporte base, competición, inclusión social, eventos deportivos, culturales o recreativos en El Alcoraz, y el interés del Gobierno de Aragón en adquirir el estadio.
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