La Guardia Civil, en el marco de la operación “Nihilum” y en colaboración con la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Badajoz, ha investigado a un médico de familia y a una profesional farmacéutica. Ambos están presuntamente implicados en una trama dedicada a la prescripción y facturación irregular de medicamentos con cargo al Servicio Extremeño de Salud.
La investigación se inició a raíz de las actuaciones de la Inspección de Farmacia de la Consejería de Salud y Apoyo a la Dependencia. Fueron sus técnicos quienes detectaron supuestas anomalías en la prescripción y facturación de medicamentos financiados con fondos públicos, lo que dio origen a las pesquisas.
Una trama organizada durante años
Los agentes han constatado una presunta actuación concertada entre el médico y la titular de una farmacia en el partido judicial de Zafra. Durante años, habrían utilizado recetas emitidas a nombre de pacientes para obtener medicamentos con cargo al sistema sanitario público.
Esta compleja investigación ha requerido el análisis de miles de dispensaciones farmacéuticas, historiales de centenares de pacientes y una gran cantidad de documentación sanitaria, económica e informática. Para ello, se ha contado con la colaboración permanente de la Inspección de Farmacia y Vigilancia Aduanera.
Esta compleja investigación ha requerido el análisis de miles de dispensaciones farmacéuticas, historiales de centenares de pacientes y una gran cantidad de documentación sanitaria, económica e informática
Más de 600.000 euros de perjuicio
En el marco del operativo, coordinado por el Tribunal de Instancia de Zafra, se ha registrado el establecimiento farmacéutico, donde se intervino abundante documentación y soportes informáticos. Tras el registro, se procedió a la detención de ambas personas implicadas.
Hasta la fecha, se han identificado unas 600 personas afectadas, a quienes supuestamente se les alteraron datos sensibles de sus historiales clínicos. La operación se ha convertido en una de las investigaciones sobre fraude farmacéutico de mayor alcance desarrolladas en Extremadura.
La estimación económica provisional sitúa el perjuicio ocasionado al sistema público sanitario en una cantidad superior a los 600.000 euros. Esta cifra podría actualizarse a medida que avance la investigación.
Las actuaciones continúan abiertas para determinar el destino final de los medicamentos y la posible participación de otras personas en la trama. Las diligencias ya han sido entregadas a la autoridad judicial competente de Zafra.
