El Gobierno prevé prorrogar hasta el 30 de septiembre algunas de las medidas del decreto anticrisis para paliar las consecuencias económicas por la guerra en Oriente Medio. Entre ellas, está sobre la mesa mantener las rebajas fiscales a los combustibles y las ayudas directas a los fertilizantes para frenar el alza en los precios de los alimentos, porque se da por hecho que, pese al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, no se va a producir una corrección inmediata en los mercados. Después de la ronda de reuniones con los diferentes sectores económicos especialmente afectados, el Ejecutivo pretende consensuar el contenido del nuevo decreto con sus socios parlamentarios.
A la espera de las negociaciones con los partidos, pues no ha habido todavía contacto con ningún grupo, en Moncloa aseguran que sigue “abierto” el contenido del nuevo decreto que se aprobará en un Consejo de Ministros el 29 de junio. Lo que sí avanzan las mismas fuentes es que tanto las ayudas para compensar el incremento de costes de los fertilizantes y combustibles son cruciales para contener la inflación.
El Banco de España pronostica una subida de la inflación del 3,6% durante todo este año, según la proyección de su informe anual publicado este jueves. Asimismo, fuentes del Ejecutivo señalan que su intención es que el nuevo decreto “vaya en la línea” del aprobado tras el inicio del conflicto bélico en Oriente Medio, tanto en lo referente a las medidas como en los recursos que pueda movilizar y duración. Se prolongarían el grueso de las medidas durante tres meses más, con lo que la rebaja de impuestos de los carburantes se mantendría durante todas las vacaciones de verano, cuando se concentran millones de traslados por carretera.
Mantener el escudo al completo
Las exigencias de los socios coinciden en que se mantengan las actuales medidas, según las fuentes parlamentarias consultadas, con la prioridad de mantener las rebajas fiscales a los combustibles y las ayudas de 20 céntimos por litro de carburante a sectores específicos (transporte, agricultura, ganadería y pesca). A partir de ahí, algunos partidos volverán a plantear exigencias que no consiguieron pactar en la anterior negociación.
Desde el PNV y BNG avanzan que plantearán la extensión de la rebaja del IVA a los alimentos, además de medidas concretas para frenar la crisis energética. En Podemos, por su parte, apuntan que incluirán en su lista de demandas topar los márgenes de beneficios de grandes cadenas de distribución, establecer un impuesto extraordinario a la gran banca y las energéticas o recuperar el transporte público gratuito.
La celebración del Consejo de Ministros se adelantará al 29 de junio, un lunes, un día sobre la fecha semanal habitual, precisamente porque las medidas en vigor decaen en buena parte el 30 de junio. Fuentes del Ministerio de Economía que dirige el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, apuntan por su parte que todavía se está analizando el impacto económico y la efectividad de las medidas adoptadas en el primer paquete anticrisis. En cualquier caso añaden que la decisión de las medidas que se prorroguen o la adopción de algunas nuevas “serán abordadas con los grupos parlamentarios”.
Combustibles, sí; luz y gas, no
El Gobierno puso en marcha a finales de marzo un plan de acción para frenar la subida de los precios de la energía desatados por el inicio de la guerra en Oriente Medio. Un paquete de medidas que tenía como pilar fundamental la aplicación de diferentes rebajas fiscales en combustibles, electricidad y gas natural para contener las subidas en pleno terremoto en los mercados energéticos. Las rebajas de impuestos estaba previsto que, con carácter general, siguieran vigentes hasta el 30 de junio, pero en el real decreto se contemplaba la posibilidad de desactivarse un mes antes de manera automática dependiendo de si los precios bajaban o no subían mucho.
Una cláusula de desactivación que el Gobierno aplicó a parte de las rebajas fiscales de los recibos de la luz y del gas porque se estaban abaratando a pesar del contexto de guerra. Desde el 1 de junio dejó de aplicarse la rebaja del 21% al 10% del IVA para electricidad y gas natural y también se retiró la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de la electricidad, que volvió a subir al 5,11% habitual frente al 0,5% de las últimas semanas de manera excepcional. Lo que sí ha sido vigente vigente hasta final de junio es la suspensión del impuesto del 7% al valor de la producción de la electricidad, y previsiblemente será una de las medidas que el Gobierno renunciará a prorrogar.
Sí han seguido aplicándose las rebajas fiscales extraordinarias a la gasolina y el gásoleo un IVA reducido al 10% y una rebaja al mínimo permitido por la UE de los impuestos especiales de los hidrocarburos), y resulta más que probable que se mantengan durante el verano, como reclaman los socios parlamentarios y también de los sectores económicos más afectados y por las asociaciones de gasolineras.
Vigilancia especial a las petroleras todo el año
El Ejecutivo incluyó en el decreto de medidas ‘anticrisis’ la puesta en marcha a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de un control exhaustivo de la formación de precios de los carburantes con una vigencia de tres meses, hasta finales de este mes. Pero ahora ha aprobado prolongar el control de las grandes petroleras durante todo el año.
El Gobierno mantendrá hasta fin de año la obligación de las grandes petroleras, las que tienen refinerías en España (Repsol, Moeve y BP), de informar cada semana a la CNMC sobre sus costes de adquisición de productos petrolíferos y sobre los precios a los que suministran los carburantes a las gasolineras. El objetivo era reforzar la vigilancia sobre la evolución de los márgenes de los grupos energéticos, y muy singularmente de los del sector de los carburantes, para evitar crecimientos desproporcionados. La CNMC incrementó la periodicidad de la publicación de sus informes sobre la evolución de los precios de los combustibles en las 12.000 gasolineras españolas y lo ha estado haciendo cada semana, y no cada mes.
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