Las declaraciones del alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), han desatado una fuerte controversia tras defender públicamente a agricultores sancionados por emplear a trabajadores migrantes sin contrato ni alta en la Seguridad Social y cuestionar las multas impuestas por la Inspección de Trabajo.
Durante una entrevista radiofónica, el regidor malagueño ha criticado que personas mayores que necesitan ayuda para labores agrícolas sean sancionadas por recurrir a acuerdos verbales con trabajadores migrantes para recoger cosechas. Según ha sostenido, se trata de tareas tradicionales del campo que históricamente han desempeñado vecinos y familiares y que no deberían equipararse a situaciones de explotación laboral.
No obstante, la legislación española obliga a que cualquier trabajador que preste servicios por cuenta ajena esté dado de alta y cuente con las correspondientes garantías laborales, independientemente de la duración de la actividad o de la nacionalidad de la persona contratada.
Se llama Óscar Medina, es alcalde de Torrox (Málaga) con el PP de Juanma Moreno y tiene un sueldo público de 64.300 euros. Hoy ha criticado las multas a agricultores que explotan a trabajadores migrantes sin darles de alta. pic.twitter.com/ZUaz5aFvSJ
— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 9, 2026
Referencias a la inmigración y la delincuencia
La parte más polémica de la intervención ha llegado cuando el alcalde ha mezclado su crítica a las sanciones laborales con referencias a la inmigración y a diversos episodios de delincuencia.
En sus declaraciones, Medina ha afirmado estar «harto» de la actuación de la «izquierda radical» y ha denunciado lo que considera una falta de respuesta frente a determinados delitos. En ese contexto, ha citado un supuesto caso ocurrido en Valencia protagonizado, según sus palabras, por ciudadanos argelinos, a quienes vinculó con robos reiterados.
Asimismo, el regidor ha aprovechado para referirse a que algunas de estas personas «deberían estar ya en su país» y ha utilizado ese ejemplo para contrastarlo con la situación de agricultores o pensionistas sancionados por contratar trabajadores sin regularizar su situación laboral.
Las declaraciones de Medina tienen mucho que ver con una cuestión que numerosas organizaciones de derechos humanos y asociaciones de apoyo a personas migrantes llevan años denunciando: la vinculación entre inmigración y delincuencia. Estos colectivos advierten de que generalizar conductas delictivas a partir de casos concretos contribuye a alimentar prejuicios y estereotipos negativos sobre la población extranjera.
Además, sostienen que este tipo de discursos desvían la atención de problemas estructurales como la precariedad laboral, la economía sumergida o la falta de recursos para la inspección de trabajo, factores que afectan tanto a trabajadores migrantes como nacionales.
En comunidades como Andalucía, donde buena parte del sector agrícola depende de mano de obra extranjera, las organizaciones sociales insisten en la necesidad de abordar el debate desde la perspectiva de los derechos laborales y la integración, evitando mensajes que puedan fomentar la estigmatización de determinados colectivos.
El debate sobre la explotación laboral en el campo
El trasfondo de la polémica conecta con una cuestión de fondo en el sector agrícola español: la contratación irregular y la protección de los derechos laborales de los trabajadores temporeros.
No son nuevas las denuncias de sindicatos y organizaciones sociales sobre casos de empleo sin contrato, jornadas sin registrar, salarios por debajo de convenio o dificultades para acceder a alojamiento digno durante las campañas agrícolas. Por ese motivo, las inspecciones laborales se han intensificado en diferentes provincias para garantizar el cumplimiento de la normativa.
De hecho, estas sanciones no castigan acuerdos informales entre particulares, sino situaciones en las que existe una relación laboral sin las garantías exigidas por la ley. Además, dar de alta a los trabajadores no solo protege sus derechos salariales, sino que les permite acceder a cobertura sanitaria, prestaciones sociales y protección frente a accidentes laborales.
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