El nuevo ejecutivo quiere volver a revalorizar el SMI y quiere obligar a las empresas a pagar una alta indemnización para los despidos injustificados
El nuevo Gobierno de España ya está en marcha y los ministros ya están recogiendo sus carteras de sus respectivos cargos para poner en marcha sus nuevas medidas. Uno de esos planes que se quieren aplicar lo antes posible es la nueva jornada laboral, que tanto ruido ha hecho desde que el PSOE y Podemos la presentasen hace unas semanas.
Yolanda Díaz, que repite al frente del ministerio de trabajo, tiene la intención de proponerla ante el congreso lo más rápido posible. La nueva ley incluirá, además de la reducción semanal de 40 a 37,5 horas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la indemnización por despido improcedente.
«Con carácter inmediato vamos a convocar a los agentes sociales para seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional», así de tajante se muestra la ministra Yolanda Díaz sobre sus planes para la nueva legislatura. El Gobierno quiere reunir a todas las partes para realizar una nueva subida del SMI, la cuarta desde que Pedro Sánchez está al frente de la Moncloa.
El salario mínimo ha subido un 47% en los últimos 5 años, pasando de los 736 euros cuando gobernaba Mariano Rajoy a los 1.080 que se establecieron el año pasado. En este periodo de tiempo, el ejecutivo ha hecho frente a una crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y ha seguido aumentando el sueldo base de todos los trabajadores.
Las negociaciones para establecer el nuevo sueldo no serán fáciles. Por una parte, los sindicatos piden celeridad al Gobierno para que se siente a hablar. Por otro lado, la patronal cree que una subida afectará gravemente a las empresas.
Según indica la web del Ministerio de Trabajo, todas las partes deben estar acuerdo: «el Gobierno fijará anualmente, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, el «Salario Mínimo Interprofesional», tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar, teniendo en cuenta el Índice de Precios de Consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general».
El valor que ponen los sindicatos
La UGT quiere un salario mínimo de 1.200 euros, para ayudar a los trabajadores a hacer frente a la subida de precios que es consecuencia de la alta inflación que sufren muchos productos. Este sindicato también aboga por obligar por ley a que las empresas paguen una indemnización obligatoria alta a sus trabajadores por despido improcedente.
Esta será una de sus mayores exigencias para el nuevo ejecutivo que ve con buenos ojos la idea. Aunque no se hayan hablado de cantidades, sí han pedido implantar una indemnización mínima de seis meses, independiente de la antigüedad del trabajador. Según algunas estimaciones, los trabajadores que pierdan su trabajo de manera repentina y sin justificación recibirán un mínimo de 7.560 euros para los que estén a tiempo completo, con la base de que el salario mínimo está situado en 15.120 euros anuales.
Este sindicato también pedirá que se recuperen los 45 días por año trabajado de indemnización por despido improcedente que existía antes de la reforma laboral de 2012, y no los 33 actuales. Otras medidas que exigirán al gobierno será recuperar los salarios de tramitación en los despidos sin causa justificada y, también, otorgar al trabajador la facultad de decidir si se reincorpora a su puesto o no, en lugar de que sea el empresario quien tome esta decisión
