La Plataforma de la Inmigración en Balears, integrada por una veintena de asociaciones, ha cargado contra el Govern balear tras la decisión del Ejecutivo autonómico de recurrir ante el Tribunal Supremo el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes y solicitar su suspensión cautelar.
En un comunicado firmado también por la Asociación de Ecuatorianos de Ibiza y Formentera y la Asociación de Senegaleses de Balears, las entidades expresaron su «más profunda indignación y preocupación» por la medida aprobada el pasado viernes en el Consell de Govern.
Las asociaciones consideran que esta decisión supone un «ataque directo» contra miles de personas y familias que llevan años residiendo y trabajando en el archipiélago en sectores esenciales como la hostelería, los cuidados, la construcción o el trabajo doméstico. Según denuncian, muchos de estos empleos continúan desarrollándose en condiciones de precariedad y vulneración de derechos. A su juicio, la regularización permitiría a miles de personas «salir de la invisibilidad, acceder a derechos básicos y dejar atrás situaciones de explotación, precariedad y miedo».
La plataforma cuestionó además el interés del Ejecutivo autonómico en frenar la medida y acusó al Govern de favorecer indirectamente a empresas y empleadores que se benefician de la situación irregular de los trabajadores migrantes.
Las entidades también vincularon esta postura al endurecimiento del discurso migratorio del PP y de la presidenta autonómica, Marga Prohens, a quienes acusaron de asumir posiciones cercanas a la extrema derecha y de «utilizar a las personas migrantes como chivo expiatorio».
Frente a los argumentos del Govern, las asociaciones defendieron que la regularización extraordinaria «no genera delincuencia ni rompe la convivencia», sino que contribuye a combatir la explotación laboral, proteger los derechos humanos y reforzar la cohesión social.
Finalmente, reclamaron al Ejecutivo balear que retire el recurso presentado ante el Tribunal Supremo y advirtieron de que, en caso contrario, acudirán al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo para intentar frenar la iniciativa judicial.
El mismo día de la presentación del recurso de Balears, el mismo Tribunal Supremó tumbó los recursos contra la regularización de migrantes que previamente habían presentado la Comunidad de Madrid y Vox.
