El Gobierno trasladó su plena confianza en la «inocencia» de José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse su imputación a primera hora de este martes. Sin conocer el auto donde se detallan los incidios por los que se le imputan cuatro delitos en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra y sin escuchar las explicaciones del expresidente. Una vez analizado con calma el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama se mantiene el apoyo, como expresó el propio Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso, aunque con algo menos de énfasis. En privado, además, comienzan a dejarse sentir algunas maticiones. El apoyo se circunscribe a lo que se sabe hasta ahora. Se condiciona así a la aparición de nuevas pruebas, que según este primer escrito consideran no concluyentes ni delectivas.
Según su lectura, en el auto no se incluyen pruebas documentales que incriminen a Zapatero en tráfico de influencias. Asimismo, señalan que tampoco se constata que participase de un entramado societario, como se apunta. Todo ello reconociendo que la investigación es todavía “embrionaria” y dejando así la puerta abierta a un cambio de posición. Al contrario de lo que se apuntó desde un primer momento por el PSOE, en el Gobierno nadie comparte la idea de este caso se trate de una guerra sucia judicial o ‘lawfare’, más allá afear que se mire más con lupa a los dirigentes de un determinado color político.
Más que confiar ciegamente en la honorabilidad de una figura totémica para el socialismo, principalmente para el llamado ‘sanchismo’, parece que se quiere confiar. Del clásico “poner la mano en el fuego” se ha pasado a pedir tiempo a que avance la investigación para comprobar en qué queda el caso. También a lo que diga el expresidente socialista en su citación ante el juez el próximo 2 de junio.
Hay quien deja entrever sus dudas al centrar su defensa en el legado político de Zapatero, evitando un mensaje de respaldo contundente a sus actividades privadas. El estado de ánimo es de “shock”, según coincidían en resumir varias voces del Gobierno este miércoles. Otro más, cuando ni siquiera ha pasado un año de la dimisión del secretario de Organización, Santos Cerdán, y su posterior entrada en prisión. Con todo, en Moncloa se agarran a que por el momento no hay pruebas de los delitos que se imputan al expresidente.
Los socios parlamentarios que deslizaron ‘lawfare’ contra el expresidente, rebajaron su desfensa o incluso viraron completamente tras leer el relato del juez en su auto. Desde el portavoz de ERC, Gabriel Rufían, hasta la líder de Podemos, Ione Belarra, pasando por pesos pesados en Sumar. Desde el PNV, socio prioritario del Ejecutivo, también se han desmarcado. El lehendakari, Imanol Pradales, ha calificado la imputación de “muy grave” y ha reclamado explicaciones, aun llamando a no evitar juicios prematuros.
Culminar la legislatura
Desde la formación morada, por su parte, concluían sin ambajes que “el auto pinta feo”. Tras ello, Belarra avisaba: “Al Gobierno se le está poniendo muy cuesta arriba, porque de confirmarse toda esa información es evidente que eso no se puede hacer sin el Gobierno”. Incluso el coportavoz de Sumar, Enrique Santiago, reclamaba que se regulen “bien” las actividades de los expresidentes para concluir que “si se ha cobrado por gestiones políticas es un delito”.
El Gobierno apoya a Zapatero y, sobre todo, reclama su presunción de inocencia. Al menos por ahora y sin querer cogerse los dedos, dejando alguna vía de salida. Se muestra respeto por el juez que dirige la investigación para separar este procedimiento de otros que se han cuestionado abiertamente, como el que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
En el Ejecutivo ganan tiempo y contienen la respiración esperando a que Zapatero pueda “aclarar” su situación. Eso sí, dicen no temer una moción de censura, al no contar con los apoyos necesarios, y repiten que la hoja de ruta Pedro Sánchez no cambiará. Esto es, culminar la legislatura.
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