“Actualmente la educación inclusiva es una hipoteca más”

¿Y si la inclusión educativa dependiera de lo que una familia pudiera pagar cada mes? Para Sandra Bautista, malagueña y madre de una niña con autismo severo, esa pregunta define su día a día. Su hija, no verbal y con necesidades específicas de apoyo, ha visto condicionada su escolarización por la falta de recursos en la enseñanza pública hasta el punto de que su familia ha tenido que a costear apoyos esenciales durante años para garantizar su permanencia en el aula ordinaria.

Desde el inicio de la escolarización, Sandra se enfrentó a un sistema que, según denuncia, deriva en las familias la responsabilidad de sostener la inclusión. La figura del “maestro sombra”, concebida inicialmente como un apoyo puntual, se ha convertido en la práctica en un recurso imprescindible, pero no garantizado, cuya continuidad depende de pagos encubiertos que pueden alcanzar hasta los mil euros mensuales.

Esta situación ha tenido un impacto directo en su vida laboral y personal: Sandra, vigilante de seguridad en el aeropuerto de Málaga, ha tenido que reducir su jornada en un 95% para poder atender a su hija. A ello se suma una carga emocional constante, marcada por la incertidumbre, la falta de información y la sensación de abandono institucional.

Lejos de quedarse en lo individual, su testimonio se ha convertido en una denuncia colectiva. Bautista, junto a la plataforma Neurodiverso, alerta de un modelo que, a su juicio, “excluye y segrega” al alumnado con necesidades especiales y reclama más profesionales, ratios adecuadas y una financiación pública que garantice una inclusión real. Su lucha, insiste, no es solo por su hija, sino por el futuro de cientos de familias que enfrentan la misma realidad.

Pregunta: ¿Cuál es la función del Maestro Sombra?

Respuesta: Su función es acompañar al alumno dentro del aula ordinaria, facilitándole herramientas y ayudándole a reconducir su comportamiento o atención para que pueda seguir el ritmo de la clase.

Este recurso nació inicialmente como algo puntual y voluntario, pensado para apoyar y acompañar a este alumnado en momentos concretos. Sin embargo, en la práctica ha terminado asumiendo funciones propias del personal técnico de integración social (PTIS). Al comprobar su importancia, dejó de ser un voluntariado y pasó a convertirse en un pago encubierto por parte de las familias para garantizar su continuidad.

Además, debido a la alta demanda y a las listas de espera, la Federación de Autismo, junto con la Consejería de Educación, ha decidido poner fin a esta figura del asistente en el aula. Ante esta situación, muchas familias se están movilizando, ya que actualmente hay más de 200 alumnos en aulas ordinarias sin ningún tipo de apoyo. No se han incorporado profesionales como PTIS ni docentes de Pedagogía Terapéutica (PT), lo que deja a estos niños en una situación de abandono dentro de la escuela pública.

P: Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un PT, PTIS, AL y el Maestro Sombra?

R: El especialista de Audición y Lenguaje (AL) se encarga de la reeducación del lenguaje. El profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) cumple una función similar a la de un psicólogo dentro del aula, trabajando las distintas capacidades del alumnado. Por su parte, el personal técnico de integración social (PTIS) suele ser malinterpretado por muchas familias y por la sociedad, que cree que solo acompaña al alumnado en tareas básicas como ir al baño. Sin embargo, su función principal es facilitar la integración de estos niños, tanto dentro del aula como fuera de ella.

Debido a que estos profesionales no daban abasto y a la falta de PTIS proporcionados por la Junta, se creó la figura del “Maestro Sombra”, que en la práctica realiza funciones muy similares.

P: En tu caso, ¿cómo tomas la decisión de tener a un Maestro Sombra?

R: Todo empezó cuando escolaricé a mi hija. Pensaba que podía elegir cualquier colegio, pero en realidad tenía que llevarla a aquel de nuestro distrito que contara con recursos, ya que necesitaba apoyo de PTIS, AL y PT. Desde el propio centro me sugirieron que, para que pudiera estar con sus compañeros en el aula ordinaria, debía contar con un asistente dentro de ella, algo que yo desconocía y que, según me explicaron, era una práctica bastante normalizada.

Al principio era solo una recomendación, pero cuando mi hija empezó en clase, comenzaron las presiones. Con apenas tres años, como cualquier niña inquieta, necesitaba ayuda para tareas básicas y eso derivó en tutorías constantes en las que insistían en que no estaba adaptada y que debía ir a modalidad C. “No puede estar aquí”, me decían. Finalmente, la situación se convirtió en una coacción: o pagábamos un Maestro Sombra o mi hija se iba a quedar toda la vida balanceándose hacia adelante y hacia detrás emitiendo sonidos como los animales.

El propio colegio me ofrecía a la persona, pero tenía que pagarla yo, algo que me parecía inasumible en un sistema público. Aun así, muchas familias terminamos aceptando porque nadie te explica qué ocurre dentro del aula, y en mi caso, mi hija es no verbal. 

Al final, las familias nos vemos obligadas a asumir ese coste, como una “donación” o gasto encubierto, para garantizar un recurso estable que debería proporcionar la propia administración.

P: Además de pagarlo, las familias tenéis que firmar un papel donde pone que esos docentes son voluntarios.

R: Efectivamente, tanto la Junta de Andalucía como la Federación saben que las familias terminan pagando, ese papel que firmamos es solo para eludir responsabilidades. No pagamos porque queramos, sino porque, si no lo hacemos, nadie cubre ese apoyo. Nadie trabaja de forma voluntaria con la preparación que necesitan nuestros hijos.

Además de pagar al asistente en el aula, que puede fijar el coste que considere, también estamos obligados a abonar cuotas mensuales a asociaciones, que pueden llegar hasta los 80 euros, e incluso a participar en terapias semanales dentro de esas entidades. En total, el gasto puede alcanzar hasta 1.200 euros al mes, convirtiendo un derecho en un coste inasumible para muchas familias.

Hemos solicitado una reunión urgente con la Consejería de Educación, pero la respuesta ha sido el silencio institucional. Aunque públicamente aseguran que “están en ello”, la realidad es que ya hay 200 niños sin atención, sin refuerzos de PTIS ni nuevas contrataciones, lo que los deja en situación de abandono.

Como consecuencia, muchos de estos alumnos acaban siendo derivados a modalidad C, no por falta de capacidades, sino por la ausencia de recursos adecuados a sus necesidades.

P: En tu caso, tuviste que hacer una reducción de jornada del 95% para poder cuidar a tu hija, ¿qué supone todo esto para vuestra economía familiar?

R: Es una hipoteca más. Supone que muchas familias, dejando a un lado incluso la economía, que es el sostén para poder darles lo que necesitan, se enfrenten a quitar dinero a terapias. Porque te dicen: “no, tienen la beca”, pero la beca de necesidades especiales de apoyo educativo, si te la conceden, depende de los ingresos y no llega ni a 600 o 700 euros y, además, no está adecuada a las necesidades del niño.

Entonces, si una familia no puede sacar 700 u 800 euros mensuales para esa atención dentro de la escuela pública, aparece una carga emocional enorme porque crees que por tu culpa no le estás dando lo que tu hijo merece o necesita.

Es un abandono y un maltrato institucional, porque no solo pagamos recursos dentro de la escuela pública, por las tardes tienes que pagar terapias si quieres que tu hijo avance; si no, se queda atrás.

Al final, el sistema educativo excluye: deja al niño dentro del aula, pero sin llegar a las competencias, lo va apartando del sistema y después lo discrimina. Te hablan de programas o apoyos gratuitos, pero muchas veces no tienes derecho. Hay una estructura que, en lugar de apoyar dentro del aula, acaba segregando cada vez más a este alumnado.

P: A esto se suma la decisión, tanto por parte de Federación como de la Junta, de eliminar la figura del Maestro Sombra.

R: Exacto, sin dar ninguna otra alternativa. Realmente, la principal carencia del sistema educativo andaluz es la base, porque no se pueden mantener dos sistemas paralelos de educación. Es cierto que hay alumnado que necesita una atención más intensa y específica, pero el problema empieza en la falta de capacitación del profesorado, que no siempre cuenta con herramientas suficientes para atender la diversidad real que hay en las aulas.

No obstante, desde las familias proponemos medidas muy concretas como reducir ratios, eliminar la excesiva burocracia, dotar de personal especializado suficiente, reconocer la figura de los mediadores comunicativos e incorporar recursos básicos como enfermeras en los centros educativos, especialmente en casos como el de mi hija, que es epiléptica. En fin, garantizar recursos reales, no solo en los papeles.

Sin embargo, la realidad es otra. Las familias denunciamos que se están reduciendo los recursos, que hay alumnado sin atención, que en muchos casos no se cubren las horas de apoyo necesarias y que el sistema está derivando hacia la exclusión educativa. Además, existen casos de discriminación estructural, como el alumnado escolarizado en modalidad C, que no puede acceder a programas ni fondos públicos, algo que ya ha sido denunciado incluso ante instancias como el Parlamento Europeo.

La sensación general es de abandono porque estamos sosteniendo el sistema con recursos propios y, aun así, el alumnado sufre situaciones de desatención e incluso violencia en el aula. Por eso el discurso institucional no se corresponde con la realidad e insistimos en que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural que afecta cada vez a más niños y niñas.

La educación no está garantizando la igualdad de oportunidades ni la inclusión real y, lo que hoy no se atiende en la escuela, se traduce en desigualdad en el futuro.

P: Desigualdad y exclusión con un coste emocional que, en muchos casos, termina asumiendo cada familia de forma individual.

R: Claro, luego se preguntan qué está pasando en las escuelas, que hay niños con problemas, pero la cuestión de fondo es un gran problema de salud mental dentro de los colegios. Y me pregunto: en la asignatura de Valores Éticos, ¿qué hacen realmente estos niños ahí?

Se invierten recursos como pantallas de miles de euros, pero lo que falta es personal cualificado dentro de las aulas. Estoy muy contenta con el colegio donde está mi hija ahora, pero aun así siempre falta algo. Esta ausencia de recursos y de atención genera muchos problemas de salud mental, porque no se llega a todos los alumnos.

Sentimos que el sistema carece de humanidad y empatía. Hay docentes que ven a estos niños como un problema en el aula en lugar de como una oportunidad y si no se asume ese reto profesional, la sociedad no avanza. También se siguen repitiendo mitos: estos niños no son violentos, simplemente no están bien atendidos y se sienten vulnerables en entornos hostiles.

Todo está por hacer y por eso vamos a seguir luchando. Se nos ha acusado de movilizarnos ahora por intereses políticos, pero yo no tengo prisa electoral, tengo desesperación como madre. Las familias ya no aguantamos más. Esto va de dignidad.