Las claves
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigados, para el próximo 14 de mayo, al empresario Víctor de Aldama y al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García.
Así consta en una resolución, fechada este mismo miércoles, y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El juez Moreno toma esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción, en un informe, atribuya a Aldama y a García un posible delito de tráfico de influencias por las gestiones que ambos hicieron para facilitar que el Gobierno de las Islas Baleares, cuando lo presidía la socialista Francina Armengol, firmase contratos para la adquisición de material sanitarios con la empresa Soluciones de Gestión SL.
Precisamente, este mismo miércoles, ha comenzado en el Tribunal Supremo, en el marco de un procedimiento judicial paralelo, la declaración de Aldama como acusado.
A escasos metros de él, en el banquillo, se sientan Koldo García y quien fuese su jefe en el Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos.
No obstante, el objeto de este juicio sólo alcanza sendos contratos de adquisición de material sanitario firmados entre Soluciones de Gestión SL y Puertos del Estado y Adif, dos empresas públicas adscritas a Transportes.
Sin embargo, esta compañía también suministró mascarillas al Gobierno balear para paliar la pandemia de la Covid-19. Y ese extremo está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Moreno.
El pasado 15 de abril, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil envió a este magistrado un informe en el que se analizaban las gestiones realizadas por Aldama y García para que las compañías Soluciones de Gestión SL y Eurofins Megalab firmase dos contratos con el Govern de Armengol.
La UCO concluyó que la intermediación de Koldo con la Administración balear constituyó «parte de la razón de ser» del pago mensual de 10.000 euros que Aldama le venía efectuando desde, al menos, octubre de 2019.
A juicio de la Fiscalía Anticorrupción, «toda esta operativa podría ser subsumible en el delito de tráfico de influencias», del que «serían partícipes, en principio, Koldo García y Víctor de Aldama».
Como recuerda el fiscal Luis Pastor, la rama de la causa que asumió el Supremo, cuyo juicio se está produciendo actualmente, tan sólo aborda los contratos de suministro de mascarillas firmados por Puertos del Estado y por Adif.
No se incluyeron, por tanto, los rubricados por Soluciones de Gestión SL y Eurofins Megalab con la Administración balear ni los firmados por la supuesta trama corrupta con el Gobierno de Canarias, presidido, entonces, por el hoy ministro Ángel Víctor Torres.
Armengol, por su parte, tampoco es ya presidenta autonómica. Es la tercera autoridad del Estado: presidenta del Congreso de los Diputados.
En su dictamen, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Anticorrupción subraya que «la relación económica» entre Aldama y Koldo —los supuestos pagos de 10.000 euros mensuales del primero al segundo— «se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022».
Es decir, más allá del cese de Ábalos como ministro y de García como su principal asesor, lo que se produjo en julio de 2021.
Según señaló la UCO en su informe, «este patrón, por tanto, comportaría que los pagos (…) no se ceñirían a actuaciones concretas, sino que responderían, más bien, al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal«.
Anticorrupción sostiene que, entre otros asuntos, esta dinámica se desplegó en el marco de la firma de los contratos de Baleares y de Canarias. Por ello, atribuye a Koldo García y a Aldama un delito de tráfico de influencias.
Es por ello que solicitó al juez Moreno que, «para garantizar la plena efectividad del derecho de defensa», citase a ambos a declarar como investigados. Así lo ordena ahora el juez, que emplaza a ambos el próximo 14 de mayo a partir de las diez de la mañana.
El exasesor de Transportes, actualmente, se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) a disposición de la Sala Segunda del Supremo, la misma que le está juzgando actualmente.
Por ello, Moreno solicita su traslado para que pueda ser interrogado en la Audiencia Nacional el día 14.
