Las dos están imputadas por amenazar de muerte a la madre del niño Gabriel Cruz. Pero ahora Ana Julia Quezada y su novia podrían tener que responder por otros dos delitos en la causa que se sigue contra ellas en el juzgado de instrucción 1 de Almería.
Según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, Patricia Ramírez, representada por la abogada Verónica Guerrero, ha ampliado la denuncia que presentó contra la asesina de su hijo y su pareja en diciembre de 2024, para que, en base a las pruebas que se han ido incorporando al caso en este tiempo, el juez amplíe la imputación que pesa sobre ellas e incluya otros delitos. Así, pide al juez que investigue a Quezada y su novia por un delito contra la integridad moral y por causarle lesiones psíquicas con el documental sobre el crimen de su hijo que ambas habían puesto en marcha con una productora audiovisual.
Un proyecto por el que, según la documentación del caso, Ana Julia, condenada a prisión permanente revisable por asesinar a Gabriel Cruz el 27 de febrero de 2018, esperaba cobrar 300.000 euros, y que Patricia Ramírez logró frenar con su denuncia y después de destapar el trato de favor que Quezada estaba recibiendo en la cárcel de Brieva (Ávila). Como publicó este medio, un funcionario y un cocinero que trabajaron en esa prisión están siendo investigados por facilitar un teléfono móvil y hacer regalos a la asesina a cambio de tener sexo con ella.
Dinámica de victimización
La madre de Gabriel ha ampliado su denuncia después de estudiar las pruebas del caso, sobre todo las conversaciones telefónicas entre la novia de Ana Julia, una joven catalana que acudía a la cárcel para tener vis a vis con la asesina, y un tarotista al que confesó, entre otras cosas, que Quezada quería cobrar un adelanto de 20.000 euros por participar en el documental. También, sus amenazas cuando la denuncia de Patricia Ramírez paralizó el proyecto, y la pareja de Quezada aseguró al adivino: «te juro que me las va a pagar».
«El material probatorio incorporado tras la denuncia inicial -singularmente los audios originales y sus transcripciones- permite apreciar que el documental no operó únicamente como marco contextual de las amenazas, sino como elemento central de una dinámica de victimización diferenciada, proyectada sobre la señora Ramirez mediante la instrumentalización del asesinato de su hijo Gabriel, su señalamiento como responsable de la frustración de dicho proyecto y la consiguiente generación de un cuadro de hostilidad, presión y castigo emocional con aptitud propia para lesionar su salud psíquica y su integridad moral», argumenta la abogada de Patricia Ramírez en su nueva denuncia ante juez de Almería.
Exploración psicológica
Por eso, la madre de Gabriel, que será sometida a una exploración psicológica en el Instituto de Medicina Legal para valorar las secuelas que las amenazas de Ana Julia y de su pareja le han ocasionado, solicita que esa prueba pericial también «examine los daños psíquicos, emocionales y de afectación a la integridad moral que la preparación y posible grabación del documental han podido ocasionar en la víctima».
De acuerdo con su denuncia, «la oposición pública de doña Patricia a la grabación de ese producto audiovisual habría pasado a ser reinterpretada por las denunciadas como un acto merecedor de represalia«.
Sobrecarga traumática
Ramírez sostiene que en las manifestaciones de la asesina a distintas reclusas del centro penitenciario de Brieva y en las conversaciones de su pareja con el tarotista se observan «referencias constantes al documental de Netflix, a la productora, a la entrevista, a las restricciones penitenciarias y a la supuesta responsabilidad de la señora Patricia por las dificultades sobrevenidas».
Ramírez señala que Ana Julia y su novia actuaron movidas por una «funcionalidad lesiva», es decir, tenían la intención de hacerle daño con el documental y pretendían llevarlo a cabo a sabiendas de que le causaría un «sufrimiento psíquico y emocional»
De hecho, cuando el documental comenzó a frustrarse, la madre de Gabriel comenzó a recibir «llamadas anómalas» en su teléfono, además de conocer por una presa de Brieva que la asesina de su hijo había verbalizado sus planes de matarla «por joderle el documental»: «Patricia se encuentra psicológicamente destrozada por la situación vivida», explica su abogada en la denuncia. Y «la reaparición pública del asesinato de su hijo en forma de documental, la constatación de que su ejecución habría sido facilitada desde el interior del centro penitenciario (…), el miedo a agresiones… ha generado en ella una situación de sobrecarga traumática, ansiedad intensa y profunda alteración emocional».
«Funcionalidad lesiva»
Ramírez explica en su denuncia que «el documental opera aquí como un auténtico mecanismo reactivador del trauma, en la medida en que obliga a la madre de la víctima a revivir públicamente los hechos más devastadores de su vida, no desde una posición de reparación, sino desde la percepción de explotación de su dolor, pérdida de control sobre el relato de los hechos y exposición a nuevas amenazas y ataques».
Pero además, la madre de Gabriel señala que Ana Julia y su novia actuaron movidas por una «funcionalidad lesiva», es decir, tenían la intención de hacerle daño con el documental y pretendían llevarlo a cabo a sabiendas de que le causaría un «sufrimiento psíquico y emocional»: «no se trata únicamente de la existencia de un producto audiovisual no consentido o socialmente lesivo, sino de la utilización del asesinato de su hijo y el dolor asociado al mismo como materia de exposición, instrumentalización y controversia pública, con conocimiento de la devastadora carga emocional que ello comporta para la madre de la víctima», concluye.
