Era un fracaso anunciado que, además, pone de manifiesto el escaso margen de negociación de Sumar. El decreto para congelar los alquileres será tumbado este martes en el Congreso con el voto en contra de Junts y la abstención del PNV, que critica su falta de seguridad jurídica.
Durante semanas, el socio minoritario del Gobierno trató de mantener la ficción de que la iniciativa podía salir adelante y de que las negociaciones seguían en marcha, pese a que en el PSOE siempre se mostraron realistas y auguraron que los de Puigdemont no se moverían.
Junts nunca dio esperanzas de un voto favorable y así lo dijo cada vez que se les preguntaba.
En Sumar hay malestar con los socialistas porque consideran que no se han implicado lo suficiente en la negociación y que no ayudaron a reconstruir los puentes con Míriam Nogueras.
De nada sirvió que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que pilotó las negociaciones, llegara a proponer la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos para seducir a los independentistas.
A la vista de que Junts no se movía, llegaron incluso a enviar una carta al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que reconsiderara su voto en contra, blandiendo una encuesta que aseguraba que el 73,6 % de los españoles apoyaba la prórroga.
También enviaron más de 500 cartas a empresas que gestionan viviendas para que aceptaran la prórroga de los alquileres.
Ahora no descartan que incluso se vote por llamamiento para tratar de «retratar» a quienes voten en contra del decreto.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, apuesta por «seguir negociando hasta el último minuto» y asegura que no van a «renunciar hasta el final» a que el decreto salga adelante.
Todo ello pese a que en Junts niegan que exista cualquier tipo de negociación y afirman que no se moverán de su voto en contra.
«Hay veces que las negociaciones no se hacen en una mesa, hay veces que se negocia por el aire», afirmaba el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez.
Otros prefieren presionar a los de Puigdemont apelando a la supuesta aceptación del Real Decreto. «Yo no podría votar en contra de tres millones de personas», deslizaba Martínez Barbero para criticar a los partidos que van a votar en contra.
Mientras, formaciones como Podemos piden que, si tumban el decreto, el Gobierno lo apruebe de nuevo para que esté en vigor otro mes más, hasta que el Congreso lo tumbe cuando se convalide de nuevo. Esto llevaría a un círculo vicioso: aprobar un real decreto, que entre en vigor, decaiga y vuelva a aprobarse para que esté vigente un mes hasta que el Congreso lo tumbe nuevamente.
Este decreto fue una concesión de Sánchez a Sumar tras un tenso Consejo de Ministros en el que los ministros del socio minoritario, capitaneados por Yolanda Díaz, se negaron a entrar en el Consejo de Ministros para aprobar la norma de medidas económicas tras la guerra en Irán.
En el partido de izquierdas alegaban que no lo apoyarían hasta que no se incluyera la moratoria a los alquileres, algo a lo que se opuso el sector socialista, convencido de que, si incluían todo en el mismo decreto, el texto podría caer en su totalidad, incluida la rebaja en el IVA a los carburantes.
Al final, optaron por trocear las medidas y presentar un segundo real decreto con los alquileres que entró en vigor al publicarse en el BOE. Ahora, un mes más tarde, tiene todas las papeletas para naufragar.
