El tono de la XV legislatura marcará en buena medida la composición del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Una legislatura más polarizada, marcada por la polémica ley de amnistía y con diversos factores que anticipan una mayor inestabilidad. Desde la tensión competitiva entre Junts y ERC al divorcio entre Sumar y Podemos por el “veto” en Igualdad a Irene Montero, pasando por una aritmética parlamentaria sin margen para la geometría variable. Un panorama que convierte en claves los ministerios de Justicia, Política Territorial o Igualdad.
La elección de perfiles con peso político es una característica transversal a los nuevos nombramientos, según el planteamiento de Ferraz por el actual contexto, pero con más énfasis aún en estos tres departamentos. En Justicia, su nuevo responsable deberá afrontar un patente choque de la judicatura contra el Gobierno. Las asociaciones de jueces, tanto conservadoras como progresistas, han arremetido contra los socialistas por la inclusión del ‘lawfare’, en referencia a la supuesta guerra sucia judicial contra el independentismo, en el acuerdo político entre PSOE y Junts. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su parte, se ha levantado en pie de guerra contra la ley de amnistía.
La tramitación parlamentaria de la ley de amnistía, teniendo en cuenta el papel ralentizador que ejercerá el PP en el Senado, se calcula en torno a los cuatro o cinco meses. La presión ambiental durante este proceso se trasladará entonces a los juzgados que deban aplicarla, con mecanismos a su alcance para demorar sus beneficios a los encausados por el ‘procés’. La intención del Gobierno de forzar la renovación del CGPJ, aunque el PP persista en su bloqueo, tampoco ayudará a facilitar la relación entre poder ejecutivo y el judicial.
Amnistía y CGPJ
Para el Gobierno es prioritario el desbloqueo y estudia diferentes fórmulas para hacerlo sin necesitar el concurso de los populares. Desde la rebaja del sistema de mayorías parlamentarias para elección de los nuevos vocales hasta un cambio en el articulado de la ley del poder judicial que les impida ejercer con el mandato caducado. Cualquiera de las vías que se elijan anticipan un recrudecimiento del choque con el órgano de gobierno de los jueces. En Ferraz, no son pocas las voces que sitúan esta cartera, actualmente dirigida por Pilar Llop, en el grupo de las que serán renovadas. El contexto con el que deberá lidiar el próximo ministro del ramo es tal que se apunta a perfiles “muy de partido”. Tanto es así, que en las quinielas se ha especulado con que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pase a dirigirla.
La cartera de Política Territorial adquirirá también un papel clave en esta legislatura debido a los diferentes compromisos adquiridos con las fuerzas soberanistas en los respectivos pactos de investidura. Desde el reconocimiento nacional de Cataluña y Euskadi, hasta las transferencias de competencias. El propio Pedro Sánchez, durante el debate de investidura, avanzó que se abriría esta legislatura una debate sobre el modelo territorial, «teniendo como referencia» la Constitución española.
Traspasos de competencias
En el caso del pacto con el PNV, el texto del documento hace referencia expresa a «culminar el autogobierno presente con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes en el plazo improrrogable de dos años». Las competencias a transferir prioritarias, según refleja el acuerdo, son las de Ferrocarriles, la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros y acogida con fórmulas correspondientes para la financiación y transferencia» en la fase «de autonomía personal del sistema estatal de acogida». La metodología acordada para efectuar los traspasos parte de la creación de una «comisión bilateral permanente entre el Gobierno Español y el Gobierno Vasco».
Tanto Junts como ERC dejaron claro en el debate de investidura que la estabilidad de la legislatura está en sus manos. De que no encalle, dependerá de que haya «avances» en los compromisos firmados en el pacto de investidura. El papel del ministerio de Política Territorial y su responsable deberá tener capacidad para hacer equilibrios y de negociación. Actualmente ocupado por Isabel Rodríguez, quien también ejerce como portavoz, las quinielas han apuntado como sus posibles sustitutos a Ximo Puig, expresidente de la Generalitat Valenciana, y Óscar López, jefe de gabinete de Pedro Sánchez. El primero con buenas relaciones tanto con Pere Aragonès como con Iñigo Urkullu y una sensibilidad territorial más abierta. El segundo, entre los ministrables que se perfilan como escuderos del jefe del Ejecutivo y cara visible de la pata negociadora de Moncloa con los socios.
El ministerio de Igualdad será otro de los que acaparen el foco y las tensiones. Principalmente, si como se prevé lo recuperan los socialistas, lo que para Podemos es un “veto” a Irene Montero. Ya durante la pasada legislatura, socialistas y morados compitieron por la bandera del feminismo y chocaron por su batalla para hegemonizar el movimiento desde diferentes perspectivas. Ahora se añade que cambio de color del ministerio puede derivar en la ruptura entre Podemos y Sumar.
La bandera del feminismo
La líder de los morados, Ione Belarra, insistió el pasado jueves en que PSOE y Sumar «todavía están a tiempo de rectificar» para que les cedan un sillón en el Consejo de Ministros. Ayer, Díaz les ofrecía incluir en su cuota de Gobierno un ministerio para el dirigente de Podemos Nacho Álvarez, que también es de la confianza de la vicepresidenta. Lo hacía con condiciones a cambio: acatar la disciplina de voto del grupo parlamentario, no presentarse por separado en las próximas elecciones europeas y cesar «los ataques públicos e insultos a miembros de Sumar, incluida Yolanda Díaz”.
Belerra se encargó de hacer público su rechazo a través de las redes sociales: «Podemos sigue pensando que lo mejor que puede aportar al Gobierno de Coalición es profundizar las transformaciones feministas al frente del Ministerio de Igualdad». Al mismo tiempo, deslegitimó la oferta al asegurar que “parece más una estrategia mediática para justificar que nos echan del gobierno que una propuesta para gobernar en coalición».
Otros ministerios ganarán peso al fusionar competencias. Se da por hecho que los departamentos de Ciencia y Universidades se unirán en una misma cartera y que Consumo se integrará en otro ministerio. En la legislatura previa al primer Gobierno de coalición, Consumo era una secretaría de Estado que dependía del ministerio de Sanidad. Un departamento para el que se perfila Mónica García, como cuota de Sumar. La previsión pasa por aligerar la estructura gubernamental. La actual coalición entre socialistas y Unidas Podemos está compuesta por un total de 22 carteras. Cinco más que en el primer Gobierno de Pedro Sánchez en solitario y nueve más de las que tenía el último Gobierno de los populares, con Mariano Rajoy al frente.
