Las objeciones del dictamen del Consejo de Estado al real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes han obligado al Gobierno a trabajar a contra reloj para corregir el texto y cumplir el calendario previsto. En el Ejecutivo confirman a EL PERIÓDICO que han logrado solventar los escollos para aprobarlo en el Consejo de Ministros de este martes.
En la víspera fuentes de Moncloa elevaban las posibilidades de llegar a tiempo “al 95%”. De hecho, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, evitaba darlo por hecho este lunes a la espera de “pulir” el reglamento, pero remarcando que “estamos trabajando para que mañana se apruebe”. Las principales correcciones, o “mejoras al texto” como califican los socialistas las observaciones, tienen que ver con en el procedimiento establecido para acreditar la ausencia de antecedentes penales de los extranjeros, y con apuntes sobre el recorrido para materializar la regularización. Pero al final, de la jornada, pulieron el texto «en línea con lo que dice el Consejo de Estado» en lo referido a los antecedentes penales, y cerrado el decreto para la aprobación en el que será el primer Consejo de Ministros preisido por Carlos Cuerpo, en asusencia de Pedro Sánchez, de viaje oficial en China.
El Ejecutivo planteó la necesidad de presentar un registro oficial de los países en los que hubieran residido en los últimos cinco años, pero que en caso de no tener respuesta bastaría con una «declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales». «Este Consejo entiende que ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países», señala el informe antes de apuntar que deben «aportar ese certificado o documento equivalente y que, de no hacerlo al presentar su petición, el correspondiente procedimiento administrativo quedará en suspenso hasta su aportación».
El informe del órgano consultivo que preside Carmen Calvo enviado la tarde del pasado viernes al ministerio solicitante – el de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones- pone también el foco en otros aspectos como el desorden del articulado o la falta de un cálculo de impacto presupuestario. Por ello se ha tenido que revisar el texto y se está reformulando en algunos de los artículos del reglamento con el que se calcula que puedan verse beneficiados alrededor de medio millón de migrantes.
En el Gobierno mantienen su previsión de que el proceso de regularización exprés se cierre a finales de junio y apuestan por un proceso “ágil y eficaz”. Bolaños argumentaba asimismo en las últimas horas que también permitirá a la hacienda pública contar con mayores recursos para reforzar el Estado de bienestar, puesto que la situación irregular de los migrantes con la que se pretende acabar hace que no aporten ni a la seguridad social ni a Hacienda.
En el plano político, los socialistas cargan contra el rechazo de PP y Vox, en contraposición al apoyo de la patronal o la Conferencia Episcopal. Posiciones, según recriminan, “claramente inspiradas en la internacional derechista con postulados xenófobos”. Con todo, al tratarse de un real decreto no necesitará pasar por el Congreso para convalidarse. El Ejecutivo se legitima al retomar el “espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular” respalda por 700.000 firmas y numerosas entidades, cuya admisión a trámite contó con una amplia mayoría, incluido el PP.
Con la oposición del PP
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, manifestaba este lunes la oposición de Génova para avanzar que su partido denunciará el «sinsentido» de la regularización extraordinaria. «Cuando un Gobierno le dice al mundo que la irregularidad tiene un premio lo que están haciendo es empujar a miles de personas en brazos de las mafias», arremetía.
Otro de los cambios requeridos en el informe del Consejo de Estado es que el reglamento contenga «los criterios con los que acreditar la vulnerabilidad de los extranjeros a los efectos por ella contemplados». De ahí que se vaya a proceder a aclarar la definición de vulnerabilidad, como indica el Consejo de Estado, de manera que «se entenderá por vulnerable toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud».
A contracorriente de la UE
El Gobierno defiende que este proceso de regularización compatibiliza el crecimiento económico y la cohesión social. La última regularización de estas características se produjo en 2005, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Anteriormente, otros ejecutivos, tanto del PSOE como del PP, habían sacado adelante iniciativas similares.
La decisión del Gobierno, que partió de un acuerdo alcanzado con Podemos, contrasta con el giro en el modelo migratorio de otros países europeos, incluidos de tendencia socialdemócrata, y de la propia Comisión Europea. De ahí que desde el Ejecutivo respalden esta medida no solo como refuerzo de su modelo migratorio, sino como “faro” y “semilla” para luchar contra lo que denominan “ola ultra”.
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