Con toda probabilidad, el famoso ventrílocuo y productor televisivo José Luis Moreno se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.
Lo hará por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa agravada, falsedad documental, corrupción en los negocios, alzamiento de bienes y fraude fiscal.
El pasado 14 de octubre, el juez Ismael Moreno, quien ha investigado durante un lustro al productor en el llamado caso Titella, propuso juzgarle por todos estos ilícitos, junto a otras 54 personas.
El magistrado concluyó que el ventrílocuo lideró una red criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados, en favor de empresas sin actividad real, con el objetivo de «lucrarse de manera ilegítima».
A finales de diciembre, el abogado de José Luis Moreno impugnó la decisión del juez ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia jerárquicamente superior.
Pero no ha tenido éxito. En una resolución fechada el pasado día 20, este tribunal ha desestimado íntegramente el recurso del letrado del productor.
De esta forma, la Sala, en sintonía con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, avala la decisión del juez de enviar a juicio a José Luis Moreno.
El letrado de este último sostenía que no existían «indicios racionales de criminalidad» suficientes como para sentar en el banquillo al creador de célebres formatos como Noche de fiesta o Aquí no hay quien viva.
El abogado Francisco Calderón manifestó que el instructor, al mandar a juicio al ventrílocuo, se dejó «arrastrar», de forma «automatizada», por el «sesgo público y mediático» de esta causa.
Se quejó de que su decisión no estaba «suficientemente motivada» y de que vulneraba el derecho a la presunción de inocencia de su cliente. Y tachó de falsarios los informes policiales que implicaban al ventrílocuo en una supuesta red criminal.
Pero, en respuesta al recurso, la Sala señala que la «exhaustiva» investigación judicial —que ha incluido escuchas telefónicas, testificales y registros domiciliarios— ha constatado su participación en un entramado dedicado a obtener préstamos bancarios que, aparentemente, no se pretendían devolver.
Como subrayan los jueces Fernando Andreu, María Teresa García Quesada y Ana Revuelta, existen indicios de la participación de Moreno en estas operaciones mercantiles, así como «de la salida de bienes de su patrimonio, con un claro perjuicio para los acreedores». Todo ello, a través de supuestos testaferros.
Asimismo, en otra ramificación del caso Titella, un exsocio de Moreno, el millonario argentino Alejandro Roemmers, acusa al productor de haberle estafado durante la elaboración de una serie sobre la vida de San Francisco de Asís.
Delitos fiscales
Por otro lado, el abogado de José Luis Moreno defendía que al menos uno de los supuestos delitos fiscales —el relativo al IRPF de 2018— ya estarían prescritos.
La Sala señala que esa cuestión deberá dilucidarse en el juicio oral y no hasta entonces. De hecho, la Agencia Tributaria, defendida por la Abogacía del Estado, sostiene que este supuesto delito aún no está prescrito. Y así lo defenderá una vez José Luis Moreno se siente en el banquillo.
En la resolución del pasado 20 de marzo, en la que avala que el productor vaya a juicio, la Sala de lo Penal subraya que, en este momento procesal, la Justicia aún no pretende discernir si Moreno es o no culpable de los mencionados delitos. Eso le corresponderá a la futura sentencia.
Por ahora, la Audiencia Nacional debe determinar si existen indicios de criminalidad como para celebrar un juicio. Y ha concluido que así sucede.
«No estamos en el momento de dictar sentencia, absolutoria o condenatoria. Simplemente, en la fase de decidir si existe base razonable para continuar el procedimiento», explica el tribunal.
La Sala, de hecho, considera «ajustada a derecho» y debidamente motivada la decisión del juez instructor de mandar al banquillo de los acusados al ventrílocuo y a otras 54 personas.
En ese listado se incluye Martin Czechmester, el exactor checo de porno gay que fue pareja de José Luis Moreno y al que un informe de la Guardia Civil le considera su testaferro.
La Fiscalía, por su parte, solicitó al tribunal que desestimara el recurso del abogado de Moreno, al considerar, en línea con el juez instructor, que sí existen «indicios fundados de criminalidad en la conducta del recurrente». Y así ha sucedido.
Ahora, basta con que las acusaciones mantengan su intención de que Moreno sea juzgado —es lo probable— para que el productor acabe sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.
