La fractura de un carril y de su soldadura, sin poder determinar todavía qué ocurrió antes, se plantea como hipótesis central del origen de la tragedia de Adamuz y el último informe de la Guardia Civil cuestiona la capacitación de los dos técnicos que revisaron las juntas en el año 2025, declarándolas aptas.
En un documento remitido al Tribunal de Instancia de Montoro, al que ha accedido Diario CÓRDOBA, detalla que el tramo afectado por el accidente fue revisado por última vez en junio pasado por auscultación ultrasónica, por parte de dos operarios de la empresa Redalsa. Según recuerda, la normativa establece que estos equipos de auscultación de soldaduras estarán conformados por dos técnicos especializados y certificados en END (Ensayos No Destructivos, según la normativa UNE–EN ISO 9712) de ultrasonidos, como mínimo, de nivel 2. Además, deben acreditar una experiencia mínima de dos años en análisis de material de vía y su equipamiento en la Red Estatal Ferroviaria de Interés General (Refig) o en la red estatal de otro país de la UE.
Sin embargo, uno de los certificados de estos profesionales presenta «dudas relativas en cuanto a capacitación», en tanto que ninguna de las dos certificaciones tiene más de dos años desde que se expidió hasta realizar la prueba en la soldadura. Por ello, la Guardia Civil investiga ahora si la experiencia requerida se completa con labores en análisis de material de vía y su equipamiento en la Refig, como requiere la normativa.
Tren siniestrado en Adamuz el 18 de enero pasado. / Manuel Murillo
El riesgo de las subcontratas
En su actualización del estado de la investigación, la Policía Judicial alude a las manifestaciones realizadas por un responsable del sindicato CGT, quien afirmó que «el hecho de delegar en sucesivas subcontratas determina que finalmente no sean especialistas ferroviarios quienes acometen los trabajos».
Precisamente, el informe recoge, asimismo, el posible error en la ejecución de una soldadura de Adamuz y la corrección realizada posteriormente por Adif sobre esta información, dando por correcto el trabajo realizado. También hace referencia a las «incongruencias» detectadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en la documentación presentada por Ayesa relativa a esas soldaduras, incoherencias que serían referentes a la validez de las firmas y al control de versiones de los documentos.
