El reciente acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Estado para aplicar medidas anticrisis derivadas del conflicto en Irán supone un alivio inmediato para la economía del Archipiélago, pero no ha resuelto los principales contenciosos que mantienen tensas las relaciones entre ambas administraciones. El pacto in extremis, negociado directamente por el presidente canario, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres -expresidente de Canarias- por los efectos de la guerra en Irán permite compensar a las Islas por las rebajas fiscales estatales que no se pueden aplicar en el Archipiélago debido a la ausencia de IVA, con un paquete estimado en unos 60 millones de euros.
Decreto Canarias
Sin embargo, ese acuerdo coyuntural convive con una negociación mucho más compleja y de largo alcance, con al menos una decena de frentes abiertos que afectan a cuestiones como el ‘decreto Canarias’, la financiación autonómica, la quita de la deuda, la flexibilización del gasto, los convenios pendientes, los fondos europeos o los traspasos de competencias.
A este escenario se suma además un factor político que introduce incertidumbre en las negociaciones: la salida de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su sustitución por Arcadi España, ahora responsable de los principales expedientes financieros que afectan a Canarias. El relevo se produce en un momento especialmente delicado, con asuntos de gran impacto económico pendientes de negociación y con la previsión de que el cambio de interlocutor provoque una ralentización en las decisiones, mientras el nuevo titular del departamento asume el control de las cuentas públicas, un año antes de las elecciones autonómicas de 2027.
Primer paso en las negociaciones
En este contexto, el acuerdo sobre las medidas anticrisis se interpreta desde Canarias como un primer paso en una negociación mucho más amplia que gira principalmente en torno al denominado ‘decreto Canarias’ y a la actualización de compromisos económicos que el Ejecutivo autonómico considera pendientes desde la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado en 2023, amparados por el Estatuto de Autonomía. Aunque el Gobierno central sostiene que muchas de estas obligaciones ya forman parte de la denominada ‘agenda canaria’ pactada en la investidura de Pedro Sánchez, el Ejecutivo regional insiste en que la falta de presupuestos ha dejado en el aire partidas esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos y la ejecución de inversiones estratégicas, que se pretenden fijar en ese Real decreto de medidas urgentes para la recuperación económica y social de las islas: el ‘decreto Canarias’. El texto incluye actuaciones para La Palma, cuantifica una inversión de 204 millones de euros anuales hasta 2030 para el convenio de carreteras, 20 millones de euros anuales para obras hidráulicas o, en vivienda protegida, 105 millones de euros anuales.
Agenda canaria
El ministro de Política Territorial ha dejado claro en distintas declaraciones que los únicos compromisos vigentes entre ambas partes son los recogidos en la ‘agenda canaria’, y que, por tanto, una parte significativa del contenido del decreto propuesto por el Gobierno regional no forma parte del acuerdo suscrito hace 27 meses con Coalición Canaria. El Gobierno regional sigue con lupa el cumplimiento de la ‘agenda canaria’, pero ante la falta de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 considera que es imprescindible que se apruebe este real decreto ley, además ‘acordado’ con Pedro Sánchez en sus vacaciones en Lanzarote en agosto del año pasado. En cualquier caso, el Gobierno central ha manifestado su intención de presentar nuevas cuentas públicas, lo que en cierto modo frenaría el decreto, pero la falta de mayorías parlamentarias mantiene la incertidumbre sobre su aprobación.
El sistema de financiación autonómica es otro de los grandes frentes abiertos entre Canarias y el Estado. El Gobierno regional sostiene que el Archipiélago continúa recibiendo menos recursos de los que le corresponderían por población y por los sobrecostes derivados de la insularidad y la condición de región ultraperiférica.
Los diez frentes claves
El ‘decreto Canarias’ es el principal foco de tensión institucional. El Gobierno autonómico lo considera imprescindible para garantizar partidas pendientes desde 2023 y amparadas en el Estatuto de Autonomía, mientras el Estado sostiene que muchas ya están incluidas en la ‘agenda canaria’.
El acuerdo anticrisis por la guerra en Irán permite compensar a las Islas por rebajas fiscales estatales que no se pueden aplicar en el Archipiélago debido a la ausencia de IVA, con un paquete estimado en unos 60 millones de euros. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico espera más medidas.
Canarias denuncia que el sistema de financiación autonómica del Gobierno central sitúa a las Islas a la cola de las autonomías. El Estado defiende que el Archipiélago está bien financiado sumando el Fondo de Financiación Interterritorial. Para Canarias, la reforma no saldrá en esta legislatura.
El Ejecutivo canario reclama asumir mayor capacidad de gestión sobre instrumentos del Régimen Económico y Fiscal (REF), así como participar en la cogestión de los aeropuertos, una posibilidad recogida en el Estatuto de Autonomía. La comisión mixta de transferencias sigue sin convocarse.
Canarias pelea por una prórroga en el plazo de ejecución de proyectos energéticos financiados con los fondos Next Generation, cuyo calendario actual finaliza el 31 de agosto. El objetivo es evitar la pérdida de unos 200 millones de euros destinados a la instalación de energías renovables.
El Gobierno autonómico reclama que España defienda el mantenimiento del programa Posei agrícola y las excepciones específicas de las regiones ultraperiféricas (RUP) en el marco financiero europeo 2028-2034. Existe preocupación por la recentralización de políticas comunitarias.
Canarias exige participar en reuniones y decisiones del Estado relacionadas con Marruecos cuando afecten directamente al Archipiélago, especialmente en materia de delimitación de aguas, recursos naturales o migración. El Gobierno autónomo recuerda que está en la ‘agenda canaria’.
La aplicación de la regla de gasto limita la capacidad de Canarias para utilizar sus propios recursos, incluso cuando dispone de superávit presupuestario. El Gobierno autónomo reclama una flexibilización que permita aumentar la inversión en servicios esenciales sin recurrir al endeudamiento.
La ejecución de los convenios de infraestructuras depende en gran medida de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Entre ellos, el convenio de carreteras, con una inversión prevista de 204 millones de euros anuales hasta 2030, el de obras hidráulicas o ayudas a vivienda.
Aunque la presión migratoria ha experimentado altibajos y se han adoptado medidas de reparto y financiación, el Gobierno canario insiste en que el Archipiélago continúa soportando una carga desproporcionada como frontera exterior. Ayer llegó un cayuco con 82 personas a La Restinga.
Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, Canarias recibe en torno a 180 euros menos por habitante que la media estatal. Desde el Ministerio de Hacienda se ha planteado una mejora en los recursos que podría elevar la financiación para las Islas: junto a los 611 millones de euros adicionales por el sistema ordinario de financiación, sumarían aproximadamente otros 500 millones en el Fondo de Financiación Interterritorial, pero el Gobierno autonómico considera que estas cantidades no corrigen el desequilibrio estructural del modelo. El fondo interterritorial se destina a infraestructuras, no a pagar a profesores o médicos, aduce el Ejecutivo canario.
La financiación, para la próxima legislatura
El vicepresidente Manuel Domínguez (PP) y el líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo -uno de los partidos que sustentan al Gobierno- han manifestado ya que la negociación de la financiación autonómica está prácticamente «agotada en esta legislatura». Ante la posibilidad de que el Gobierno central pretenda computar el Régimen Económico y Fiscal (REF) dentro del sistema común, Domínguez ha expresado con contundencia que «no es ni malo» que no se reforme el sistema de financiación en los términos que plantea el Estado: «Viendo el vaso medio lleno, que me dejen como estoy».
Deuda autonómica y regla de gasto
La condonación de deuda autonómica impulsada por el Gobierno central, tras un acuerdo con Junts, es otro de los puntos de fricción. Aunque la medida busca reducir la carga financiera de las comunidades, el Gobierno canario considera que el criterio de reparto perjudica al Archipiélago. La quita prevista para Canarias se sitúa en torno a 2.800 millones de euros, una cifra que el Ejecutivo regional considera insuficiente en comparación con otras comunidades y que, según su interpretación, penaliza a los territorios con menor nivel de endeudamiento.
La aplicación de la regla de gasto es otro de los conflictos recurrentes en la relación con el Estado. El Gobierno autonómico sostiene que esta norma limita su capacidad para utilizar recursos propios en servicios esenciales, incluso cuando dispone de superávit presupuestario.
REF y asuntos europeos
Tras los asuntos financieros, el debate se desplaza al terreno competencial. El Gobierno canario ha planteado asumir mayor capacidad de gestión sobre instrumentos del Régimen Económico y Fiscal (REF), especialmente en la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) o la Deducción por inversiones (DIC).
Sin embargo, todavía no se ha convocado la comisión mixta de transferencias para abordar este asunto, ni la cogestión de los aeropuertos. En este último caso, el Estatuto de Autonomía contempla fórmulas de participación en los aeropuertos, pero el Estado mantiene el control centralizado del sistema aeroportuario. Mientras el ministro Torres sostiene que no hay retrasos y que el expediente se está tramitando, el Gobierno canario considera que el trato dado a Cataluña en los traspasos de competencias, por su apoyo parlamentario al Ejecutivo central, es más ágil que el que se aplica a Canarias.
Fondos europeos
Los fondos europeos constituyen otro punto de fricción, donde Canarias ha solicitado la prórroga de la ejecución de proyectos energéticos financiados con los fondos Next Generation, cuyo plazo actual finaliza el 31 de agosto. El objetivo es evitar la pérdida de unos 200 millones de euros que permitirían instalar alrededor de 100 megavatios de potencia de energías renovables.
Además, desde Canarias se pide a España que defienda junto a Francia y Portugal el programa Posei agrícola y las excepciones específicas de las regiones ultraperiféricas (RUP) en el nuevo marco financiero europeo 2028-2034, ante el temor de una recentralización de políticas comunitarias.
Marruecos
Pero también hay cuestiones que van más allá de la financiación. El Gobierno canario ha planteado la necesidad de participar en decisiones estratégicas relacionadas con Marruecos, especialmente en asuntos que afectan directamente al Archipiélago, como la delimitación de aguas, la explotación de recursos naturales o la gestión migratoria.
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