España y México lideran una petición de 14 países para que ni EEUU ni Rusia tengan veto en la ONU sobre Irán o Ucrania

España y México han puesto su firma al pie de una carta que desafía uno de los pilares del poder de las grandes potencias en la ONU: su capacidad de vetar resoluciones sobre sus propias guerras.

La misiva, suscrita por otros doce países, propone una resolución de la Asamblea General para que se cumpla, por fin, el artículo 27.3 de la Carta.

Ese artículo que obliga al Estado implicado en un conflicto a abstenerse de votar en el Consejo de Seguridad.

La coalición quiere cerrar el paso a que los cinco miembros permanentes sigan usando esa prerrogativa en asuntos en los que son parte interesada.

Su propuesta llega en plena escalada del choque de Estados Unidos e Israel con Irán y con la guerra de Ucrania atascada en el Consejo por los vetos de Moscú,

«Esta carta forma parte de un esfuerzo diplomático para exigir el cumplimiento efectivo de esa norma”, explica a EL ESPAÑOL uno de los firmantes.

La iniciativa no supone en realidad una reforma radical del sistema, sino la «mera aplicación” de una cláusula que lleva casi 80 años en la Carta de San Francisco y casi nunca se ha respetado.

“Es para cumplir con la Carta, algo que siempre se ha debido hacer”, subraya la misma fuente, que insiste en que el objetivo es operacionalizar una obligación jurídica existente, no reescribir las reglas.

Pero el significado político es enorme. Y desafiante con Washington precisamente en este momento.

Porque el efecto político sería sísmico: si la Asamblea General respalda esta lectura estricta, Rusia no podría votar resoluciones sobre Ucrania, ni Estados Unidos —ni sus aliados— sobre operaciones como la que mantiene con Israel en territorio iraní.

Tampoco China, otro miembro permanente, sobre escenarios en los que esté directa o indirectamente implicada… como quizá la misma invasión de Ucrania, ante la que Pekín ha firmado una “amistad eterna” con Moscú.

La carta recuerda que los líderes mundiales ya se comprometieron en el Pacto del Futuro, posterior al ataque de Vladímir Putin contra Kiev, a “implementar y respetar plenamente” todas las disposiciones de la Carta en lo relativo a la toma de decisiones en el Consejo.

Ese documento sirve ahora como anclaje político: «La intro habla de cumplir con la Carta, no es una ocurrencia coyuntural”, apunta un impulsor de la iniciativa.

Desde la perspectiva de los firmantes, no se trata sólo de contener el veto, sino de reforzar el principio de que nadie puede ser juez y parte en la misma causa.

En las palabras de la fuente citada, la norma del 27.3 es “especialmente relevante cuando los miembros permanentes utilizan su veto en asuntos en los que son parte interesada”.

Al mismo tiempo, los promotores cuidan el encuadre para no presentar la ofensiva como una rebelión de medianas potencias contra los miembros permanentes.

Subrayan que la resolución que proponen se limita a fijar dos supuestos mínimos —uso ilegal de la fuerza y disputas territoriales— sin excluir que el artículo 27.3 pueda aplicarse en otros casos posteriores.

La letra pequeña del 27.3

El artículo 27.3 de la Carta establece que, en cuestiones que no sean de procedimiento, las decisiones del Consejo requieren nueve votos afirmativos, “incluidos los votos de los miembros permanentes”.

Añade a renglón seguido que, en las decisiones adoptadas en virtud del Capítulo VI —solución pacífica de controversias— y del artículo 52, “una parte en una controversia se abstendrá de votar”.

En la práctica, esa obligación de abstención casi nunca se ha aplicado de forma estricta.

Miembros permanentes han votado —y vetado— resoluciones sobre conflictos en los que estaban claramente implicados, desde las guerras árabe‑israelíes hasta Crimea, Siria o Gaza. La carta de los 14 quiere convertir una frase olvidada en una norma operativa, respaldada por la Asamblea.

Para ello, la resolución que adjuntan propone que los Estados miembros reconozcan al menos dos categorías de actos que hacen de un país “parte en la disputa”.

Esas categorías son la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, en violación del artículo 2.4, y la existencia de una disputa territorial entre dos Estados.

Cuando un miembro del Consejo incurra en uno de esos supuestos y el Consejo examine precisamente ese conflicto, debería abstenerse de votar.

Y, según el texto, se invita al propio Consejo a informar a la Asamblea sobre cómo aplica esta obligación, abriendo la puerta a un control político de sus prácticas.

De Ucrania a Irán, pasando por Gaza

La oportunidad temporal de la iniciativa no es casual.

Llega justo cuando se cumple un mes de la guerra abierta que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán, tras los ataques cruzados que han llevado el conflicto regional a un nuevo nivel.

En ese teatro, Israel no es miembro del Consejo, pero su principal valedor, Washington, sí lo es y usa su veto para blindar a su aliado.

En el caso de Ucrania, Rusia ha vetado sistemáticamente cualquier resolución que cuestione su invasión, bloqueando la acción del órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales.

China, aunque sin llegar al veto, se ha abstenido o ha maniobrado diplomáticamente para evitar resoluciones que pudieran interpretarse como un alineamiento con Occidente.

Los 14 países no impulsaron esta misma iniciativa en 2022, cuando los tanques rusos cruzaron la frontera ucraniana.

El clima político era otro, y muchas capitales dudaban aún de hasta dónde llegaría la ruptura con Moscú. Hoy, con la guerra enquistada y con un nuevo foco crítico en Irán, los firmantes ven más campo para cuestionar abiertamente la impunidad del veto.

En la práctica, la aplicación estricta del 27.3 afectaría tanto a Rusia en Ucrania como a EEUU en los expedientes ligados a su campaña junto a Israel en Irán, e incluso a China si se abrieran debates de fondo sobre sus contenciosos en el mar de China Meridional o sobre Taiwán.

Es, por tanto, un mensaje a los tres grandes rivales estratégicos que se disputan el siglo XXI.

Quiénes son los 14

Las firmas españolas y mexicanas aparecen junto a Austria, Bulgaria, Cabo Verde, Estonia, Kuwait, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Eslovenia, Suecia, Suiza y Timor‑Leste.

Es una coalición híbrida de europeos pro‑multilateralismo, pequeños Estados muy activos en reformas del Consejo y países del Sur Global con credenciales de derecho internacional.

Todos ellos comparten un interés: reducir la distancia entre el texto de la Carta y la práctica real del Consejo, dominado por el veto y por la lógica de bloques.

Para un país pequeño como Liechtenstein o Luxemburgo, o para medianas potencias como España o México, fortalecer las reglas es una manera de ganar peso frente a las capacidades militares o económicas de los gigantes.

La carta presenta la propuesta como un paso “sencillo” para corregir la falta de implementación del 27.3.

No obstante, su efecto acumulado se sumaría a otras iniciativas recientes, como la resolución impulsada por Liechtenstein que obliga a convocar la Asamblea cada vez que se usa un veto.

Se trata de ir encerrando al Consejo en una red de obligaciones políticas y jurídicas.