El funcionamiento del sistema político multinivel en España se ha basado, más que en un diseño institucional preciso, en que la cooperación entre los distintos niveles de gobierno ha dependido de los intereses del momento y de la voluntad de los partidos. Y esto, que durante años ha aportado cierta flexibilidad, empieza ahora a mostrar signos de agotamiento.
Lo ocurrido en Catalunya lo muestra con claridad. Salvador Illa, en una decisión sin precedentes, ha retirado los presupuestos por la negativa de ERC a apoyarlos si no se satisfacían sus pretensiones respecto al IRPF, una decisión que compete al Gobierno central. A ello se suman el calendario electoral andaluz y el hecho de que la ministra de Hacienda, quien debe asumir el compromiso, sea la candidata socialista, lo que introduce un cálculo político adicional ajeno a Catalunya. El resultado es una negociación autonómica supeditada a decisiones estatales. Y más si se tiene en cuenta que el hecho de que Illa y Oriol Junqueras se hayan dado de plazo hasta el verano remite al problema de fondo, que no es otro que la situación personal de Junqueras y la aplicación incompleta de la amnistía, aún pendiente del TC.
Esta lógica de interrelación perversa no se limita a Catalunya. Pedro Sánchez también ha renunciado a presentar los presupuestos, oficialmente por la incertidumbre derivada de la guerra en Irán, pero en realidad por una falta de apoyos condicionada por la dinámica política en las comunidades autónomas, especialmente en Catalunya, y por el calendario electoral.
Ello da lugar a un círculo vicioso en el que las decisiones de un nivel bloquean las del otro. La política autonómica condiciona la estatal y la estatal a la autonómica. Y el problema no es que haya intereses distintos -algo tan normal como legítimo en un sistema descentralizado-, sino que faltan mecanismos institucionales claros que obliguen a gestionarlos de forma cooperativa. En España no existen órganos intergubernamentales con capacidad real para propiciar acuerdos estables y previsibles. Las conferencias sectoriales o la Conferencia de Presidentes tienen un papel limitado y, en la práctica, no sustituyen las negociaciones entre partidos ni la lógica del intercambio político.
Gracias a esto, los partidos disponen de un amplio margen de maniobra para usar las instituciones e instrumentos existentes en favor de sus intereses. La aprobación de presupuestos, que debería responder a una lógica de planificación y responsabilidad fiscal, se convierte en moneda de cambio en negociaciones que trascienden su ámbito. El resultado es un sistema cada vez más ineficiente.
La cuestión, por tanto, remite al diseño mismo del sistema político multinivel, porque mientras la cooperación dependa de intereses políticos a corto plazo, situaciones como esta, cuyos efectos no son inocuos, se repetirán. La solución pasaría por promover diseños institucionales que limitasen esa discrecionalidad e hiciesen que la cooperación fuese más necesaria y menos opcional.
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