- Denuncia de «boicot»
- Convocatoria alternativa
- Guerra por la ley trans
- A un lado las asociaciones tradicionales, al otro la Comisión 8-M
- La prostitución, otro debate
La manifestación del próximo 25 de noviembre por el Día Internacional de la Violencia de Género, no estará organizada por quienes llevan impulsándola desde hace 16 años. Se ha abierto una nueva disputa entre las organizaciones feministas. El pasado 26 de octubre, jueves, el Consejo de las Mujeres de Madrid -órgano de participación y representación de las asociaciones de mujeres en el Ayuntamiento de Madrid- envió una petición a la Delegación de Gobierno para poder manifestarse el próximo 25-N. La solicitud se registró a las 00:02 de la madrugada. Ese mismo día, recibieron una llamada de la representación del Ejecutivo en Madrid, confirmando que el escrito había llegado en tiempo y forma. Luz verde.
Cuatro días después, el 31 de octubre, la Delegación vuelve a ponerse en contacto con el Consejo por correo electrónico. Desde la Administración les trasladan que la Comisión 8-M, cercana al Ministerio de Igualdad y a favor de la ley ‘trans’ que ha dividido al feminismo, registró un minuto antes que ellas la petición para organizar una marcha con el mismo recorrido y la misma hora. En consecuencia, su solicitud queda rechazada y no pueden convocar la movilización.
El Consejo de las Mujeres ha organizado esta manifestación desde 1997 y ya habían anunciado un recorrido repetido en años anteriores: desde la Gran Vía hasta la Plaza de España, entre las seis y las ocho de la tarde. El próximo 25 de noviembre será la primera vez que la Comisión 8-M promueva y acuda a esta movilización, con la misma trayectoria que había sido utilizada hasta ahora por las asociaciones que siempre han impulsado esta marcha.
Denuncia de «boicot»
El Foro de Madrid junto al Consejo de las Mujeres y las asociaciones feministas «de base» -como se autodenominan- del Movimiento Feminista de Madrid denuncian un intento de «boicot» de la Comisión 8-M con la intención de «romper la unidad» del feminismo. Reiteran que la Comisión nunca antes había organizado esta marcha y que tampoco había acudido.
Según estas organizaciones, la convocatoria «invade y obstaculiza la celebración de la marcha histórica de las asociaciones de mujeres» y tilda el hecho de «asalto grave».
La Comisión 8M ha actuado con una clara intención de boicot de la convocatoria histórica y unitaria del 25N, como parte de una estrategia de quienes buscan hacerse con el control de las movilizaciones sociales de las mujeres», asegura el comunicado conjunto de las asociaciones que hasta este año habían organizado la marcha del 25-N. También alegan que la trayectoria ya había sido anunciada «desde el Consejo de participación de las Mujeres a cientos de organizaciones sociales, organismos e instituciones públicas». Además, el itinerario es el mismo que en ocasiones anteriores.
Pero inciden en el daño que causa esta escenificación de la desunión entre asociaciones: «(…) ha despreciado el llamamiento a la unidad frente a la violencia contra las mujeres que se hizo a través de los medios de comunicación. (…) frente al objetivo de trasladar a la sociedad este mensaje poderoso de unidad, Comisión 8M ha priorizado intereses ajenos a la defensa de los derechos y la seguridad de las mujeres».
Convocatoria alternativa
Las asociaciones que denuncian este «boicot» han convocado otra marcha alternativa el mismo 25 de noviembre, pero con distinta hora. La nueva cita está programada para las 12 de mediodía y la marcha tendrá el mismo recorrido que la manifestación de la tarde: desde la Gran Vía hasta la Plaza de España.
Una convocatoria que tendrá lemas que atañen a estas diferencias que el feminismo ha ido avivando en los últimos años. Desde la abolición de la prostitución hasta «la imposición cultural de los estereotipos de género».
Guerra por la ley trans
Este conflicto se suma a la lista de enfrentamientos que vienen protagonizando las asociaciones en defensa del feminismo. A lo largo de la pasada legislatura, las leyes impulsadas por el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, tocaron temas polémicos dentro del movimiento. El principal, la conocida como ley `trans`que permitía la autodeterminación de género en menores a partir de 16 años. De modo que no será necesario presentar informes médicos ni permiso paterno para cambiar el sexo en el registro civil.
Una norma que abrió un cisma en el seno del feminismo entre quienes lo consideraban un retroceso para los derechos de las mujeres y quienes lo veían como un avance. Las teorías feministas han considerado siempre que el «género» es una construcción social creada por la sociedad que hay que abolir al ser el origen de la discriminación que sufren las mujeres. En consecuencia, rechazan cualquier reconocimiento legal del género. Por ello, también, rechazan la «autodeterminación» porque «promueve» este concepto que consideran dañino para la igualdad real entre ambos sexos. Una idea que ha derivado en los movimientos conocidos como ‘terf‘: feministas que no consideran mujeres a las personas transgénero.
A un lado las asociaciones tradicionales, al otro la Comisión 8-M
A este lado del tablero se sitúan las organizaciones convocantes del 25-N los últimos 16 años que ahora no van a poder promover la marcha con el recorrido y la trayectoria habituales. La Comisión 8-M, que registró la petición un minuto antes y arrebató la organización a las asociaciones tradicionales, se ha postulado a favor de la ley ‘trans’ y no considera que vulnere los derechos de las mujeres, más alineada con los postulados de Igualdad.
Este debate ha provocado que el 8 de marzo, Día de la Mujer, el movimiento feminista haya acudido dividido los dos últimos años a las marchas que llenan las calles de reivindicaciones en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Por un lado, se ha convocado una movilización crítica con dicha norma, y por otro, la Comisión 8-M ha protagonizado la manifestación principal.
La prostitución, otro debate
La prohibición de la prostitución también ha sido otro de los conflictos en el movimiento: las asociaciones tradicionales han pedido siempre su abolición. Una petición histórica del feminismo. Pero la Comisión 8-M es partidaria de regularlo legalmente para no provocar que quienes se dedican a esta práctica queden desatendidas.
El Ministerio de Igualdad se pronunció la pasada legislatura a favor de la intervención de Estado para legislar y no abolir la prostitución. Pero no llegó a aprobar ninguna norma que se decantara en una u otra dirección.
