El debate de la tasa turística ha vuelto a la primera línea de la actualidad política en la C. Valenciana tras unas Fallas marcadas por la masificación, pero no ha entrado al pleno del Consell, que ha sido tajante este viernes de resaca fallera para confirmar que no se plantea establecer impuesto alguno a los turistas que visitan la autonomía. La alcaldesa de València, María José Catalá, había abierto la puerta a algún tipo de gravamen para compensar el gasto en servicios públicos que suponen estas visitas, que igualmente ha reclamado estos días Juan Roig y también recomienda la UE, pero el gobierno valenciano la ha cerrado de golpe. Incluso le ha pasado el pestillo hasta, por lo menos, la próxima legislatura.
Es la segunda vez en pocas semanas que el Consell del PP desoye las recomendaciones de importantes empresarios valencianos para elevar, por una vía u otra, los ingresos de la Generalitat, con la mayor deuda de España por habitante. De hecho, estos toques de atención han llegado de los dos más influyentes de la C. Valenciana: Vicente Boluda, que pidió aceptar el nuevo modelo de financiación del Gobierno (3.700 millones más para la C. Valenciana) y recientemente Roig, favorable a «obtener más recursos de los turistas» que visitan la fiesta del Cap i Casal. En ambos casos, el Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca ha ignorado sus planteamientos.
El portavoz Miguel Barrachina ha sido cristalino este viernes a la hora de señalar que el Consell «en ningún caso» baraja «imponer» una tasa autonómica para gravar el turismo. Ni se plantea. Eso sí, el portavoz ha dicho «respetar cualquier opinión municipal», en alusión a las palabras de la alcaldesa de València, quien en todo caso puso esta pelota en el tejado del Gobierno central en lugar del autonómico, evitando presiones entre administraciones del mismo color.
Catalá consideró «interesante» el debate sobre la implantación de este impuesto, si bien abogó por hacerlo con el «consenso» del sector y vía una ley estatal, lo que evita cualquier posible choque con la Generalitat de Llorca, reacia a enmendarse la plana a sí misma tras derogar la ley del Botànic que le daba cabida. Roig, por su parte, señaló que «hay que obtener más recursos de los turistas que vienen».
Pese a la «imposición» que ha rechazado Barrachina, cabe recordar que la Generalitat, con el expresident Carlos Mazón al frente, derogó (con el voto de Catalá, que también es diputada en las Corts) nada más llegar al poder la ley de PSPV y Compromís que dejaba en manos municipales la implantación de esta tasa, que nunca fue obligatoria. Ahora y pese a la reapertura del debate, el Consell se reafirma en su posición contraria y no contempla recuperarla en lo que queda de legislatura.
«No vamos a imponer ninguna tasa»
«Decidimos acabar con el infierno fiscal y hemos hecho rebajas fiscales de todo tipo. No vamos a imponer ninguna tasa turística», ha señalado con rotundidad Barrachina, quien ha apuntado que las rebajas de impuestos de la Generalitat desde 2023 han convertido a la C. Valenciana en el territorio «con mayor número de deducciones en IRPF».
«Las rebajas fiscales son el santo y seña de este gobierno», ha ahondado el portavoz. «No prevemos en esta legislatura hacer ninguna imposición de un tributo adicional (…) Respetamos cualquier opinión municipal, pero el Consell está en fase de eliminar tributos, en ningún caso de imponer ninguno adicional», ha defendido sin dar lugar a interpretaciones.
El aumento de la masificación en las Fallas unido a las palabras de Catalá y, especialmente, las de Roig, han llevado de nuevo el asunto a la calle y próximamente llegará también a las Corts, donde Compromís presentará una proposición de ley para recuperar el gravamen. Pero con la línea roja dibujada este viernes por Barrachina, parece evidente que la medida fracasará cuando llegue al parlamento autonómico, donde no contará con el voto del PP y, salvo sorpresa mayúscula, tampoco de Vox.
Segundo tirón de orejas empresarial
Las voces que desoye el Consell no son voces cualquiera en el ecosistema empresarial valenciano y nacional. De hecho, Boluda y Roig son de los pocos valencianos en la lista Forbes. El primero, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), instó hace unas semanas al Consell a aceptar la reforma del sistema de financiación propuesto por el Gobierno y que implicaría 3.700 millones más para la autonomía.
«Lo que va davant, va davant», defendió el naviero, que añadió que «a veces en la vida hay que decir que sí». Unas palabras que cayeron en saco roto, pues el mismo Barrachina insistió poco después en la negativa a negociar el nuevo modelo salvo que se plantee en un marco multilateral.
Ahora ha sido Roig, dueño de Mercadona y también miembro de AVE, quien ha llevado el debate de la tasa turística al primer plano político, aunque el Consell parece hacer oídos sordos a sus palabras como hizo con las de Boluda. En el caso de la financiación, ha asumido la posición dictada por la dirección nacional del PP y, con la tasa turística, la línea marcada por Mazón, que hizo de su derogación una de sus promesas estrella.
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