El PP balear quiere introducir en el proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos la ampliación del uso de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas, aunque endureciendo las sanciones en caso de falsedad o incumplimiento.
Son algunas de las enmiendas que este jueves han registrado en el Parlament al citado texto legislativo y que necesitarán del apoyo de algún otro grupo parlamentario para ser introducidas.
Son varias las modificaciones que los ‘populares’ quieren hacer a la normativa, convalidada en forma de decreto hace unos meses, con el objetivo de reducir las cargas burocráticas y agilizar la creación de servicios sociales.
En el ámbito de la simplificación administrativa, según ha informado el PP en un comunicado, las enmiendas tratan de introducir un «cambio de modelo profundo» basado en la ampliación del uso de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas.
Esto, ha justificado el partido, permitirá que los ciudadanos y las empresas puedan iniciar actividades o ejercer derechos sin tener que esperar autorizaciones administrativas sujetas a «trámites largos».
El sistema que pretenden implantar los ‘populares’, han argumentado, se basa en un principio de confianza con responsabilidad similar al funcionamiento de la declaración de la renta, es decir, que primero es el ciudadano el que declara que cumple los requisitos y después es la administración la que lo comprueba.
En caso de falsedad o incumplimiento, el PP pretende reforzar e incrementar el régimen sancionador e incluir la posibilidad de sustituir la actividad del infractor.
Además, las enmiendas buscan que el uso de las declaraciones responsables sirva no solo para iniciar actividades, sino también para sustituir documentación en procedimientos administrativos.
Otro elemento que los ‘populares’ pretenden introducir en la ley de aceleración de proyectos estratégicos es la «colaboración social administrativa» para agilizar los procedimientos mediante la participación de entidades colaboradoras de certificación.
Estas entidades, que podrán ser colegios profesionales, cámaras de comercio u otras organizaciones acreditadas, tendrían la potestad de verificar documentación, emitir certificaciones y validar requisitos técnicos.
De este modo, cuando un ciudadano presente documentación acompañada de una certificación acreditada por estas entidades, la administración podría considerarla completa y correcta desde el primer momento.
Atención a la ciudadanía y servicios sociales
Las enmiendas también introducen cambios en la atención a la ciudadanía, reorganizando el sistema y diferenciando diferenciando entre las oficinas de asistencia en materia de registros -que actuarían como puntos de entrada general- y las oficinas de atención especializada, centradas en ámbitos concretos.
Este nuevo modelo, siempre según el PP, permitiría una atención «más clara, cercana y eficaz» al facilitar tanto la información como la tramitación de procedimientos.
Además, se crearía un registro de funcionarios habilitados que podrán asistir directamente a los ciudadanos en la realización de trámites electrónicos, incluyendo la identificación, la firma digital o la presentación de solicitudes.
Otra parte del paquete de enmiendas va orientada a «eliminar trabas administrativas» en la creación de nuevos servicios sociales, por ejemplo, simplificando el régimen de autorización y acreditación de nuevos servicios sociales.
De este modo se sustituirían unos controles previos que para el partido son «excesivamente burocráticos» por otros sistemas más ágiles y, de nuevo, basados en las declaraciones responsables.
Esto, han asegurado los ‘populares’, permitiría agilizar la apertura de residencias, centros de día o recursos habitacionales y dar respuesta a la creciente demanda en áreas como la dependencia, la discapacidad o la atención a personas mayores.
También trataran de introducir medidas que garanticen el control de los servicios sociales a través de inspectores para evitar que la disminución de la burocracia vaya acompañada de una «reducción de las garantías».
Las enmiendas proponen que la Renta Social Garantizada (Resoga) se revalorice en función del IPC y establecer mecanismos para evitar que las entidades que atienden a personas vulnerables interrumpan su actividad.
