La Fiscalía de Barcelona reconoce que la activista de izquierda independentista Blanca Serra fue torturada en dependencias policiales, tanto en la capital catalana como en Madrid, durante el franquismo y la Transición. Sin embargo, en la investigación realizada no han podido determinar el autor o los autores de ese delito, cometido en el contexto de crímenes contra la humanidad. Por esta razón, el ministerio público ha presentado una denuncia ante un juzgado, pero ha solicitado su archivo provisional. La mujer compareció este jueves en la Fiscalía de Barcelona para la notificación de esa resolución, en la que se deja la puerta abierta para que presente una demanda civil para conseguir algún tipo de reparación. Es la primera vez que la Fiscalía abre una investigación por unos hechos de estas características y atribuye a la denunciante la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática.
Blanca Serra presentó en noviembre de 2024, en nombre propio y en el de su hermana Eva, ya fallecida, una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la delegada de la Fiscalía de Memoria Democrática en Barcelona, Sara Gómez Expósito, por las torturas que sufrieron en dependencias policiales, tanto en la capital catalana como en Madrid, durante las cuatro veces que fueron detenidas durante la Transición.
La Fiscalía sostiene que la llamada Brigada Político-Social de la policía española detuvo a la denunciante y a su hermana por «el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura» e infligió violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándoles secuelas de tipo traumático. Según la resolución notificada por la Fiscalía, los hechos se perpetraron «en el contexto de la persecución y represión política» instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen «institucionalizado» de opresión sistemática y generalizada.
Las cuatro detenciones
Su primer arresto se remonta a febrero de 1977, antes de las primeras elecciones democráticas, y el último, en marzo de 1982, con Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, por llevar un cartel con el lema «independencia». Le acusaron de ultraje a la unidad de España. Sin embargo, estaban fichadas desde septiembre de 1975. «Te pegaban en la planta de los pies. No sabía que hacía tanto daño. Una vez me rompieron los dedos del pie y no me podía poner las zapatillas», ha recordado Blanca.
Blanca y su hermana Eva fueron militantes en organizaciones de la órbita independentista y antifranquista. Fueron detenidas en su casa en 1977, 1980, 1981 y 1982 (las tres últimas con la Constitución vigente). Primero eran conducidas a la comisaría de Vía Laietana, ahora Jefatura Superior de Policía de Cataluña, donde eran torturadas. En dos ocasiones, fueron trasladadas a lo que era la Dirección General de Seguridad del Estado, en la Puerta del Sol de Madrid, donde continuaban los malos tratos y los insultos. Tras su último arresto, en 1982, el juez de guardia de Barcelona decretó su prisión provisional e ingresaron en la antigua cárcel de la Trinitat. «Estuvimos aisladas», ha asegurado. Fue la Audiencia Nacional quien decidió su libertad días después.
Crímenes contra la humanidad
La Fiscalía de Barcelona ha concluido la investigación iniciada como consecuencia de la primera denuncia interpuesta ante ella por una víctima de torturas durante el franquismo. Durante la investigación, que se ha llevado a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, se han practicado todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de sus autores, incluidas testificales, periciales y documentales, según el ministerio público. Tras analizar todas las pruebas, ha llegado a la conclusión de que la actuación policial es constitutiva de un delito de torturas perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad.
Las pesquisas han corroborado que la llamada Brigada Político-Social detuvo a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura e infligió violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándoles secuelas de tipo traumático. Según la resolución notificada por la Fiscalía, los hechos se cometieron «en el contexto de la persecución y represión política» instaurada por el franquismo y en el marco de un «régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada».
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