Los Franco decidirán «en los próximos días» si recurren ante otras instancias, como el Tribunal Constitucional, la sentencia del Supremo que les obliga a devolver el pazo de Meirás al Estado pero con derecho a ser resarcidos por los gastos invertidos en el mantenimiento y mejora del inmueble desde 1975 hasta 2019.
A consulta de este diario, el abogado que defiende los intereses de la familia en este pleito, Luis Felipe Utrera-Molina, explica que «todavía no hay nada decidido al respecto», aunque fuentes próximas a la familia manifestaron a Eleconomista.es que la vía del Constitucional está prácticamente descartada al no verle recorrido.
Tras el fallo del Supremo que ratifica que As Torres de Meirás son patrimonio público, la batalla se centra ahora en la indemnización que percibirán los Franco como «poseedores de buena fe». La conclusión judicial de que no solo los nietos del dictador sino el propio Franco, su esposa, con la que estaba casado en régimen de gananciales, y la hija de ambos, eran desconocedores de la ilegalidad de la posesión les da derecho a ser compensados por los gastos «necesarios» (de mantenimiento) y «útiles» (de mejora) desde 1975.
«Es un tema muy complejo, son 45 años de posesión, imagínese lo que es eso», apunta el letrado, que deja claro que la cantidad que reclamarán en el procedimiento de liquidación del estado posesorio será superior a los 800.000 euros esgrimidos en el pleito por la titularidad del inmueble: «Los 800.000 euros son la suma de las facturas que aportamos en el procedimiento para demostrar la posesión en concepto de dueño, pero no representa lo total de lo gastado. Esa no es la cifra que vamos a considerar», sostiene Utrera-Molina, que evita anticipar una cantidad hasta analizar toda la documentación que conserva la familia: «Hablamos de muchos conceptos: seguro, impuestos, gastos de mantenimiento y, sobre todo, la reconstrucción del pazo tras el incendio de 1978. Mi cliente reconstruyó el pazo entero. Obviamente, hay mucho dinero invertido y todas esas cantidades deben actualizarse conforme al IPC», afirma este abogado, que admite que hay gastos difíciles de demostrar: «Nadie guarda las facturas de cuarenta años. Hay muchos gastos que van a ser difíciles de acreditar, pero haremos lo que podamos», apunta.
La «batalla» indemnizatoria
El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó esta semana que el Estado «dará la batalla» para evitar indemnizar o reducir al mínimo la compensación a los Franco. Torres sostuvo que la Abogacía del Estado ve «recorrido» judicial, aunque sin detallar las vías y desde el ministerio no han aclarado a este diario la estrategia jurídica que plantean articular, aunque desde el PSdG apuntaron directamente a un recurso.
El representante legal de los Franco se mostró ayer sorprendido por estas declaraciones del Gobierno central y replicó que, tras la sentencia del Supremo, lo que procede es que el juzgado de A Coruña abra una pieza separada para fijar la liquidación del estado posesorio (como se conoce en Derecho Civil al cálculo de los pagos que le corresponde abonar a cada parte cuando se produce un cambio de poseedor).
«Me parece insólito que [el Estado] haya declarado que no va a cumplir una sentencia, ¿es que estamos locos», critica Utrera-Molina.
Todo apunta a que la liquidación del estado posesorio del pazo de Meirás llevará su tiempo y que todos los gastos presentados serán analizados con lupa por el Estado y las administraciones codemandantes. Expertos en Derecho Civil consultados por este diario explican que una vez que la causa vuelva al juzgado, se abrirá una pieza separada para fijar la cuantía. Los descendientes del dictador deberán aportar una propuesta de liquidación, con los gastos debidamente acreditados. Su propuesta será trasladada al Estado, que podrá alegar lo que considere oportuno. La última palabra la tendrá el juzgado, que podrá solicitar el asesoramiento de peritos en caso de dudas. El Estado y administraciones codemandantes como Xunta y Concello de Sada ya han avanzado su intención de pelear «hasta el último céntimo».
El haber sido declarados poseedores de buena fe ampara a los Franco para exigir una indemnización por el dinero invertido en la mejora y mantenimiento del pazo, sin que el Estado pueda pedir a cambio una compensación por los ingresos que ha dejado de percibir o por el deterioro del inmueble.
¿Pero qué gastos son indemnizables? Sobre este punto, existen controversias. La defensa de los Franco defiende que incluiría también seguros o impuestos, aunque especialistas cuestionan este extremo y apelan a doctrina que limita esta compensación a inversiones, no gastos corrientes. Será el juzgado el que arroje luz sobre este punto.
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