Con parte de la isla todavía a oscuras después del apagón total, en los televisores que pudieron encenderse se vio al viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, nada menos que sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro. Su llegada a la cima del poder supuso una garantía de la continuidad familiar, aunque le faltara el apellido. Pero los tiempos de la hegemonía se están disolviendo a una velocidad impredecible en la isla. Mientras Donald Trump lanza planes de «conquista», en medio de protestas sociales cada vez más desinhibidas, al punto de haber sido quemada una sede del Partido Comunista, toda una novedad del malestar, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel dio mayores precisiones sobre su desesperado plan de salvamento de la economía con la entrada de capitales de la migración cubana en Estados Unidos.
El hecho de que sea un representante del clan Castro el presentador en la pantalla del programa Mesa redonda de los beneficios a los hombres de negocios que abandonaron el país fue interpretado de inmediato como una señal de que tiene el asentimiento del nonagenario Raúl y otros portadores del apellido como Raúl Guillermo Rodríguez Castro, supuesto interlocutor del secretario de Estado, Marco Rubio, en las conversaciones ya aceptadas oficialmente por La Habana.
Las reformas urgentes fueron aprobadas por el Consejo de Estado días atrás y buscan no solo diversificar el sector empresarial sino ampliar la participación de capital extranjero en proyectos productivos. Pero esta normativa se hizo especialmente pensando en los «cubano-americanos» que acumularon fortuna en Florida, forman parte del entorno del magnate republicano y podrían estar interesados en invertir en su país de origen aunque bajo condiciones políticas que todavía no se han clarificado. The New York Times informó el lunes que la Casa Blanca quiere a Díaz-Canel fuera del Gobierno y posiblemente tenga un menú de exigencias todavía no explicitado.
Los posibles cambios
Por lo pronto, la reforma «invita» a los cubanos en el exterior, incluso aquellos que perdieron su estatus de residentes en la mayor de las Antillas, a «volver» pero en calidad de inversores en negocios privados, proyectos productivos. Pueden también participar del sistema financiero nacional. Según el ministro, las iniciativas responden a las «inquietudes» planteadas por la comunidad cubana en el exterior. En virtud de la ley, estos cubanos podrán asociarse con entidades nacionales en igualdad de condiciones con otros inversores internacionales o el sector público. También estarán en condiciones de operar cuentas bancarias en dólares y establecer instituciones financieras no bancarias, bancos de inversión y otras entidades, aunque con el aval del Banco Central de Cuba. Un dato relevante es que se habilita la concesión de tierras en usufructo, lo que significa un acta de defunción de la segunda reforma agraria de Fidel Castro de los años 60. La apertura apunta finalmente a encontrar un camino de cooperación económica con EEUU que se mira en el espejo de lo que ocurre en Venezuela desde el 3 de enero, cuando fue descabezado el Gobierno de Nicolás Maduro y Washington cambió las reglas de los negocios petroleros y mineros.
El entusiasmo del sobrino-nieto de Raúl no tiene su correspondencia inmediata al otro lado del mar. Una década atrás, cuando Barack Obama pisó suelo cubano como parte de una normalización de las relaciones, pareció ser el momento oportuno de adoptar estas medidas. Eso no sucedió. De acuerdo con Ileana Díaz Fernández, algunos aspectos de la ley son preocupantes, entre ellos la «discrecionalidad» del Estado y el «exceso de armazón administrativa» que puede frustrar los proyectos. El economista Omar Everleny Pérez recordó al portal Joven Cuba que «el Estado cubano ha tenido varias reformas y contrarreformas durante los últimos años, y es muy difícil en esas condiciones romper la creencia de que cuando no le convenga al Estado esa asociación se puede romper. Ejemplos sobran de esta afirmación».
La paciencia social
A diferencia de otros momentos, existe en la actualidad un nuevo condicionante: el «cerco energético» norteamericano, el agravamiento de la crisis estructural y las penurias sociales y, la posibilidad de un nuevo estallido social de mayores proporciones al de julio de 2021.
La historiadora Alina Bárbara López Hernández, desde hace años uno de los referentes de la intelectualidad opositora, señaló al respecto que las reformas se impulsan «cuando el Gobierno de Donald Trump decidió utilizar una política de mayor fuerza contra el Gobierno cubano», y «las contradicciones que han estimulado la protesta ciudadana en la isla estaban maduras». La «supuesta excepcionalidad del proceso histórico cubano» y su «carácter irreversible» son seriamente puestas en cuestión en las calles, en las comunicaciones telefónicas, en las redes sociales. Se ha terminado «el consenso social que garantizaba la obediencia entre la mayoría de la gente» a cambio de protección social.
El último informe de la Comisión Económica para América Latina de la ONU (Cepal) puso a Cuba por debajo de Haití. Sus autoridades lo atribuyen exclusivamente a las sanciones de EEUU. Pero ese argumento dista de ser a estas alturas creíbles. López Hernández aporta algunas precisiones: «Entre 2006 y 2018, el presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo del 2,2% al 0,3%, mientras el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5,3% a 1,6%». La ley de presupuesto para 2011 evidenció «el marcado deterioro de indicadores asistenciales entre 2009 y 2010″. El número de beneficiarios se redujo un 61% en comparación con 2005». De ese deterioro se alimenta el malestar.
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