El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este jueves que el Gobierno se encuentra preparando un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra que sacude Oriente Próximo que contempla medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para dos de los sectores más afectados por esta crisis, como son el campo y el transporte por carretera.
Al término de su reunión con los sindicatos y la patronal para abordar este paquete de medidas, reunión a la que también han asistido las tres vicepresidentas y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Cuerpo ha indicado que todavía se encuentran evaluando todas las medidas, pero que entre estas destaca la bonificación al precio de los combustibles, como se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.
Según ha señalado el ministro, los sectores y agentes con los que se han reunido se han mostrado especialmente críticos con la bonificación al combustible tildándola de “ineficaz”. «Es una de las medidas que menos nos aconsejan», ha compartido en la rueda de prensa, donde ha asegurado que, en cambio, los distintos sectores apuntan a medidas «en el ámbito fiscal».
Entre otras cosas, el responsable del ramo no ha confirmado que las medidas que se vayan a tomar lleguen a tiempo de ser aprobadas en el Consejo de Ministros del próximo martes, pero ha subrayado que «la prioridad es cerrar el texto con la máxima celeridad, en los próximos días para que esté preparado para su aprobación». Así, sobre las medidas concretas, el ministro ha garantizado que habrá una «atención especial» a los sectores más afectados por la crisis, como son el campo y el transporte por carretera.
El «esqueleto» del plan de medidas del Gobierno
Al margen de ello, Cuerpo ha detallado también lo que define como el «esqueleto» del plan del Gobierno frente a las posibles consecuencias de la guerra en Irán, que se basará en el «rigor», la «responsabilidad» y la «flexibilidad» para ir adaptando las medidas en función de cómo evolucione la situación geopolítica y económica.
Con todo, el ministro de Economía ha adelantado que este está compuesto por cuatro puntos principales: medidas de corte estructural que avancen en la apuesta por las energías renovables, la transición ecológica y la electrificación, que están suponiendo «un seguro de vida» para reducir el efecto de la crisis, y medidas relacionadas con la «minimización» del impacto en términos de coste de la electricidad y de energía, que serán esencialmente medidas fiscales.
A todo ello se suma la voluntad de «atender al impacto de la subida del precio de los combustibles«, con ayudas a sectores como el campo y el transporte y mediante la «vigilancia» de la evolución de precios por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y el escudo social, para lo que «ya están preparadas» algunos mecanismos como los ERTE en caso necesario, y a las que se podrían sumar medidas relacionadas con «la protección a los más vulnerables», como fueron en el caso de Ucrania las relacionadas con la prohibición del corte de suministro, ha ejemplificado.
En este sentido, el ministro ha marcado distancias entre la situación actual, con la guerra originada por Estados Unidos e Israel, y la de 2022, de Rusia en Ucrania, y ha comparado que ahora «no se dan las condiciones» para activar la cláusula de escape, que permitiría elevar el gasto público sin incurrir en déficit, al contrario de lo que sucedió entonces. «No estamos en la misma situación y esto se traduce también en que en el marco europeo no tenemos la misma flexibilidad» para implantar medidas como esa cláusula de escape general, que ofrecía «un marco en el cual se podían utilizar los recursos públicos sin tener que cumplir con el marco de reglas fiscales», ha aclarado. «Ahora tenemos un marco que está en vigor, y la Comisión Europea ya ha adelantado que no se dan las condiciones de recesión económica como para que se active esta cláusula general», puntualiza.
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