En Moncloa suelen presumir de que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno que más comparece en el Congreso. Comparecencias ante el pleno a petición propia, donde habitualmente entrelaza asuntos de actualidad a los que fuerza la oposición junto a explicaciones sobre su participación en cumbres internacionales. Este es precisamente el favorable formato -sin límite de tiempo frente a las intervenciones tasadas del resto de grupos- con el que acudirá al Congreso el próximo 25 marzo para dar cuenta sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra de Irán. Sin embargo, se evitará someter a votación de la Cámara Baja al envío de una fragata a Chipre en función defensiva. En minoría parlamentaria, el Gobierno trata de esquivar así su precariedad en las Cortes Generales. Una situación que ha llevado a sacrificar formatos como el debate del estado de la nación o a someterse al control del Senado, con mayoría absoluta del PP.
El jefe del Ejecutivo no acude a un pleno de la Cámara Alta desde hace dos años. La primera y última sesión de control en Senado a la que se sometió fue la del 12 de marzo de 2024, aunque el reglamento – cambiado por el PP en esta legislatua- fija su asistencia mensualmente. En octubre lo hizo obligado a la comisión de investigación sobre el caso Koldo y en su alegato final dejó clara la ruptura total de puentes entre instituciones.
“Respeto profundamente a esta Cámara, por eso siento enorme pena por el lodazal en el que las señorías del PP y de Vox están convirtiéndola. El Senado no nació para ser la sucursal parlamentaria de una estrategia partidista. No nació para ejecutar vendettas políticas desde una mayoría utilizada hoy con fines absolutamente deleznables. Nació para ser una Cámara de representación territorial, de control democrático y hoy, por culpa de algunos, se está utilizando y se está desnaturalizando y se está desprestigiando”, aseveró.
En paralelo se han multiplicado los conflictos de atribuciones. El último activado por la mayoría del PP, el decimosegundo, por el rechazo de Sánchez a comparecer cuando fue citado para dar cuenta de los accidentes ferroviarios.
Los foros multilaterales con los presidentes autonómicos también destacan por su ausencia esta legislatura. Pese a que con la pandemia el Ejecutivo multiplicó las reuniones de la Conferencia de Presidentes, tras el vuelco del poder territorial en las últimas autonómicas solo se han celebrado dos. La última, en junio del pasado año en Barcelona.
Sin “normalidad institucional”
El reglamento tras el cambio impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez obliga a celebrar al menos dos anuales. Con la excusa del ciclo electoral, desde el Gobierno han pospuesto sin fecha este encuentro con las comunidades autónomas, que en principio se había comprometido en diciembre del pasado año en Asturias tras la cita en la ciudad condal.
“Cuando haya normalidad institucional”, explicaban en el Ministerio de Política Territorial el pasado mes de enero en referencia al ciclo electoral de comicios autonómicos, que se alargará hasta las andaluzas, previsiblemente en el mes de junio. Con todo, en el Ejecutivo sostiene que “como mínimo” se celebrarán dos reuniones de la Conferencia de Presidentes durante este año para cumplir con le reglamento. Tras las últimas generales, en cambio, se esperó año y medio para fijar una de estas citas.
Igualmente llamativa es la alergia a los debates del estado de la nación por parte de Pedro Sánchez, principalmente cuando el propio plan de regeneración democrática del Gobierno plantea entre sus medidas hacer obligatoria su celebración anual. Desde que Sánchez llegó a La Moncloa solo se ha convocado uno, en 2022. Se ha roto de este modo una tradición implantada por Felipe González en 1983 para discutir la orientación política general del Gobierno y hacer balance de su gestión. Momento a partir del cual se celebró anualmente de forma ininterrumpida, a excepción de los años electorales.
Recurso a la vía ejecutiva
En el Gobierno plantearon celebrar este debate de política general en 2025, pero sus planes se metieron en un cajón coincidiendo la concatenación de crisis y la intensificación de divergencias con socios como Junts y Podemos. Oficialmente, se aludió a la prioridad de centrarse en los Presupuestos, que tampoco se han llevado todavía a las Cortes Generales esta legislatura. El debate sobre el estado de la nación no es el mejor marco para visibilizar amplios consensos ni estabilizar la legislatura. Más de dos tercios de las propuestas de resolución que se presentaron en el último que se celebró, en julio de 2022, fueron rechazadas. Buena parte de ellas con posiciones de máximos, con la posibilidad de que cada grupo presente hasta una quincena.
Además de sortear la autorización del Congreso, en base a la ley nacional de defensa, para el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre, se ha esquivado igualmente para el aumento del gasto en defensa. El recurso a la vía ejecutiva para evitar votaciones en la Cámara Baja es cada vez más frecuente. A través de reales decretos aprobados en el Consejo de Ministros sin necesidad de pasar por el Congreso se han sacado adelante medidas como el proceso de regularización extraordinaria de migrantes la desclasificación de documentos del 23-F. La primera, ante la paralización parlamentaria de la iniciativa legislativa popular (ILP) en esta línea, la segunda debido a que la ley de secretos oficiales comprometida con el PNV está atascada en el Congreso.
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