El Ayuntamiento de Quart de Poblet exige a la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos para la implantación de un servicio lanzadera que conecte de forma eficaz el Barrio del Cristo con la red de Metrovalencia a través de la Estación de Faitanar.
Esta reivindicación se produce tras varios meses de reuniones técnicas y políticas mantenidas entre ambas administraciones, en las que se ha abordado la necesidad de garantizar una solución de movilidad justa, eficiente y en igualdad de condiciones para la ciudadanía de este núcleo de población.
El 21 de marzo de 2024, el Consistorio trasladó formalmente a la Autoridad la necesidad de implantar un servicio lanzadera mediante autobuses de tracción eléctrica, similar al existente en Xirivella, que asegurara el acceso efectivo a la red metropolitana, la conexión con los municipios de la Mancomunidad Intermunicipal, como Quart de Poblet y Aldaia, y que ofreciera idénticos niveles de calidad, frecuencia, puntualidad, accesibilidad e integración tarifaria, sin suponer sobrecoste alguno ni para las personas usuarias ni para el propio Ayuntamiento.
En el marco de este proceso de colaboración institucional, el Ayuntamiento asumió y financió el traslado de la parada de autobús que conecta Xirivella con la estación de Faitanar, actuación solicitada por ATMV y vinculada al compromiso de acometer el plan de lanzaderas del área metropolitana de l’Horta Sud, incorporando este servicio para el Barrio del Cristo.
En fecha 28 de mayo de 2024, la entonces directora gerente de la Autoridad confirmó por escrito que la lanzadera que daría servicio al Barrio del Cristo quedaba recogida en el contrato de operación de los servicios metropolitanos de autobús para los próximos diez años, atendiendo las necesidades de Xirivella, Quart de Poblet, el Barrio del Cristo y municipios adyacentes.
Poca frecuencia y peor servicio
Sin embargo, la solución finalmente planteada dista sustancialmente de lo comprometido. El recorrido propuesto por ATMV solo contempla una parte de la zona y los tiempos propuestos, con una frecuencia de 35 minutos, que además de empeorar las frecuencias establecidas en horario ordinario, no garantizan un servicio eficaz ni competitivo y no permiten asegurar la igualdad de condiciones respecto a otros núcleos de población del área metropolitana.
Igualmente, el Ayuntamiento enfatiza en la celeridad con la que se ha llevado a cabo el proyecto de la plataforma de transporte independiente con el nuevo puente sobre la V-30, y exige el mismo compromiso con una población en la que son necesarios más recursos y necesidades en materia de movilidad.
Incumplimiento de los compromisos adquiridos
El Ayuntamiento considera especialmente preocupante que, mientras Xirivella, con aproximadamente 32.000 habitantes, dispone de un servicio lanzadera adecuado, el conjunto formado por el Barrio del Cristo y Aldaia, que suma en torno a 37.000 habitantes, no cuente con una solución equivalente en calidad y prestaciones, lo que supone “un incumplimiento de los compromisos adquiridos y genera una evidente desigualdad territorial que no puede asumirse”, señala el concejal de Movilidad, Nacho Rabanaque.
La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, junto al gerente de ATMV, José Antonio Moreno, y el concejal de Movilidad Nacho Rabanaque, en una reunión el pasado mes de julio / A.Q.P.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Quart de Poblet exige a ATMV que cumpla los compromisos recogidos en la comunicación oficial de 28 de mayo de 2024, que implante el servicio lanzadera en los términos inicialmente acordados y que revise de manera inmediata la propuesta actual de recorrido y frecuencias para adecuarla a las necesidades reales de la ciudadanía.
De la misma manera, el Consistorio reitera su voluntad de cooperación institucional y confía en que pueda reconducirse esta situación desde el diálogo entre administraciones, pero advierte que, en defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas, estudiará y adoptará las medidas oportunas si no se atienden estas legítimas demandas, porque el derecho a una movilidad pública, accesible y en igualdad de condiciones no puede depender del lugar de residencia.
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