La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que retrase un mes el inicio del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. El abogado del exdirigente socialista sostiene que la complejidad del procedimiento y el escaso margen de tiempo disponible hacen imposible preparar la estrategia de defensa con las garantías necesarias.
En el escrito remitido al alto tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado, Marino Turiel, explica que asumió la representación legal de Ábalos el pasado mes de enero y que el tiempo transcurrido desde entonces ha sido insuficiente para estudiar en profundidad la causa. “Resulta materialmente imposible preparar un juicio oral de la complejidad del presente con el escaso tiempo que media para preparar con solvencia cualquier defensa”, señala en su solicitud.
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El Supremo fijó esta semana el inicio de la vista oral para el próximo 7 de abril. En ese proceso también están acusados el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado el presunto intermediario de la trama investigada.
Un aplazamiento de un mes
La defensa argumenta que mantener la fecha prevista comprometería el derecho a una defensa efectiva, por lo que pide que el tribunal acuerde un aplazamiento de un mes para el arranque del juicio. Según el abogado, el tiempo disponible desde su designación ha sido “absolutamente infructuoso” para analizar la documentación del caso y preparar adecuadamente el procedimiento.
Entre los obstáculos señalados, el letrado menciona también problemas técnicos para acceder a los archivos de la causa. En su escrito asegura que el ordenador “se queda pensando de forma indefinida en un bucle continuado” al intentar consultar la documentación, una situación que —según afirma— ya ha sido advertida por otras defensas y que habría impedido el acceso completo al expediente.
El abogado añade además que el tribunal ha fijado el señalamiento del juicio sin tener en cuenta otros procesos que ya tenía programados en su agenda profesional y que habían sido comunicados previamente al Supremo.
En esta causa, la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García, mientras que para Aldama solicita una pena de siete años de cárcel. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan su petición hasta los 30 años de prisión para el exministro y su antiguo asesor, y mantienen para el empresario la misma pena que solicita el Ministerio Público.
