“No renunciamos a los pactos de Estado con el PP, pero han roto el tablero y están fuera del debate”. Ferraz tiene cada vez más claro que la estrategia de oposición de los populares volverá a impedir esta legislatura un acuerdo entre los dos grandes partidos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En Moncloa asumen igualmente que “no se puede confiar en ellos” y, por ello, buscan ya fórmulas para el desbloqueo sin tener que contar con el PP. Sus socios de coalición también están haciendo propuestas y reclaman celeridad. El desbloqueo será una prioridad nada más arrancar la legislatura, según trasladan fuentes de Moncloa cuando están a punto de cumplirse cinco años con el mandato caducado del órgano de gobierno de jueces.
Los socialistas ya desvelaron sus intenciones en el acuerdo de coalición con Sumar. «Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas», recogía uno de sus puntos. No se concretaba el mecanismo, pues las actuales reglas exigen una mayoría de tres quintos solo alcanzable con el consenso de PSOE y PP, pero la mayoría de vocales interpretaron de forma mayoritaria que era el anuncio de una reforma para rebajar las mayorías. Si bien esta posibilidad está sobre la mesa, no es la única que se está estudiando para forzar la renovación.
Las prisas de los socialistas para abordar una cuestión “de especial relevancia” coinciden con el choque entre el CGPJ y el Gobierno en funciones a cuenta de los acuerdos con los independentistas, especialmente en lo relativo a la ley de amnistía. El órgano de poder de los jueves emitió el pasado una declaración institucional contraria a la medida impulsada por el mayoritario sector conservador, antes incluso de que se pactase con Junts y sin conocerse el texto. La declaración cita expresamente a Pedro Sánchez, al señalar que «confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política».
Desde el Gobierno trataron de deslegitimar la declaración por estar su mandato caducado. “Una situación totalmente anómala”, arremetió la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Un argumentario que completan cargando de toda la responsabilidad sobre el bloqueo al PP. “Dejaron de ser un partido de Estado. Llevan cinco años incumpliendo la Constitución. No bastó un cambio de líder para que cambiaran de posición y, por tanto, hay un responsable, un partido político responsable de ese incumplimiento constitucional que es el Partido Popular”, apuntaba la portavoz.
Urgente y sin condiciones
Moncloa abona el terreno para abordar de forma prioritaria la renovación sorteando al PP. “Desearíamos en una próxima legislatura, si es que sigue adelante la investidura y, por tanto, hay un nuevo Gobierno como deseamos, poder abordar una cuestión que es un lastre para nuestro país en su reputación ante las instituciones europeas”, concluía Rodríguez. Sumar presionan también en esta línea y de las intenciones de la coalición daba cuenta también el tono de la respuesta remitida por el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, a la carta del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
El liberal conservador belga, que reclamaba información tanto de la ley de amnistía como del bloqueo del CGPJ, fue precisamente quien intervino en la pasada legislatura para que el PSOE se echase atrás en su medida legislativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y rebajar las mayorías. Bolaños, el representante de los socialistas en las fallidas negociaciones con el PP durante la pasada legislatura, transmitía a Reynders su preocupación por “un grave incumplimiento de la Constitución por parte del principal partido de la oposición”. “Como usted conoce perfectamente”, añade en la misiva, [el PP] “lleva cinco años negándose a atender la recomendación expresada por la propia Comisión Europea en sus dos últimos informes sobre el estado de derecho: proceder a dicha renovación de manera urgente y sin condición alguna”. La misiva se acompañaba de otro documento en el que el Gobierno ha listado las “excusas” de los populares “para no cumplir con esta obligación”.
El Gobierno no está dispuesto a asumir una nueva legislatura sin renovar el CGPJ y se ha propuesto forzarlo cuanto antes. Con Bruselas a las puertas de la precampaña electoral para las europeas y un choque cada vez más visible entre el Gobierno y el sector conservador del órgano constitucional. Fuentes de Moncloa aseguraban hace escasas tres semanas, cuando abordaban esta cuestión en la negociación del programa de coalición con Sumar, que su prioridad era que “el PP cumpla la Constitución y la ley y renueve el CGPJ”. Ahora, constatando la estrategia de oposición que han abrazado los populares, su objetivo se centra en forzar un desbloqueo sin necesitar al PP.
Sistema de mayorías
La primera vez que se planteó la rebaja del sistema de elección de la mayoría reforzada de 210 diputados a una mayoría absoluta de 176, en segunda instancia, fue en octubre de 2020. Una iniciativa que registraron los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos. A los pocos días se congeló y, seis meses después, se retiró a instancia de los socialistas. Una decisión que se adoptó en medio de las advertencias de Bruselas. Las instituciones europeas alertaron sobre la falta de consenso para la reforma y sus consecuencias negativas sobre la independencia judicial.
El PSOE volvió a valorar la opción de cambiar el sistema de elección cuando se rompieron las negociaciones con el PP hacer ahora un año. Alberto Núñez Feijóo justificó su decisión de levantarse de la mesa, cuando el acuerdo estaba prácticamente cerrado, por la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición. La amenaza de la reforma legal es un arma de presión que siempre se utilizó para intentar devolver a los populares a la negociación. El PSOE nunca llegó a descartar por completo el cambio en el sistema de elección, pese a retirar el texto de la reforma.
Al igual que Unidas Podemos en su momento, desde Sumar son favorables a forzar cambios legislativos para desbloquear el CGPJ. Si bien evitan detallar su propuesta, los morados propusieron para reforzar la legitimidad de la polémica reforma que, además de la mayoría absoluta para elegir a los vocales, hiciese falta el aval de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso. Este sistema de mayoría de votos, complementado con el respaldo de al menos la mitad los grupos parlamentarios, sería similar al que ya existe para la renovación del consejo de administración de RTVE. En esta legislatura, si se estabiliza el bloque de la investidura, los grupos que respaldan al Gobierno, PSOE y Sumar, tendrían como socios a toda la Cámara menos a PP, Vox y el diputado de UPN.
