Los vecinos del barrio madrileño de El Viso, lugar de residencia de magnates como Juan Abelló, Ana Botín o las familias Del Pino y Entrecanales, están en pie de guerra contra el Ministerio de Defensa, que pretende construir su propio ‘Pentágono’ a los pies de la Castellana, un edificio para «centralizar gran parte de sus oficinas e instalaciones». La asociación que aglutina a los residentes de la zona considera que el proyecto supone una «operación de transformación urbana de gran calado» y ha presentado alegaciones en las que asegura que perjudicaría a la calidad de vida y que no se ha cumplido con los requisitos legales para su tramitación.
La propuesta del ministerio implica transformar los terrenos de la Escuela Politécnica Superior del Ejército, una academia militar situada en el cruce del paseo de la Castellana con la calle de Joaquín Costa. En esa parcela de 24.000 metros cuadrados hoy conviven aulas y talleres, un aparcamiento en superficie y barracones diseminados, así que la intención es reorganizarla para construir un edificio de 18 plantas y entre 60 y 70 metros de altura que también constituya «un hito urbano representativo de la Defensa», como adelantó en primicia en septiembre EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y ‘activos’.
El departamento dirigido por Margarita Robles busca construir cerca de 40.000 metros cuadrados de oficinas y 8.200 de alojamiento temporal para militares, manteniendo los actuales edificios de aulas y talleres, que están protegidos y serán rehabilitados. El plan abre una nueva calle paralela a la Castellana, cuyo trazado seguirá un edificio en forma de ‘U’ de 3-4 plantas coronado en el centro por la torre principal, que sobresale unos 53 metros sobre el resto. También incluye dejar entre los nuevos edificios y los antiguos un espacio libre «para actos ceremoniales a modo de patio de armas».
Vulneración del patrimonio histórico
Los vecinos de El Viso, que se han aglutinado y constituido en torno a la Asociación de Perjudicados por Torre Ministerio de Defensa, alegan que este proyecto les supondrá un perjuicio por el nuevo uso de la zona, el previsible aumento de la movilidad e incluso las «servidumbres por interés militar» a las que se podrían ver sometidas sus viviendas. En el escrito de alegaciones presentado ante el Ayuntamiento de Madrid, al que ha tenido acceso este medio, pide denegar la aprobación definitiva del Plan Especial o, al menos, suspender la tramitación del expediente para «adecuarlo a la legalidad urbanística y patrimonial, reduciendo su edificabilidad e impacto y contemplando medidas compensatorias efectivas para los vecinos afectados».
Según los vecinos, esta construcción supondría una «vulneración» del patrimonio histórico y cultural de la zona, incluida en el Grupo de Colonias de los Altos del Hipódromo, un Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico. Además, colinda con la Iglesia de San Agustín, que también está protegida, y la Colonia Parque Residencial y forma parte de la «zona de amortiguamiento» del Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco.
Estado actual del entorno y futura perspectiva con el edificio construido, según el proyecto. / EPE
El escrito de alegaciones recoge que la introducción de un «rascacielos» supone «una alteración irreversible del paisaje» y que el edificio de 18 plantas «rompe» la «armonía» de un conjunto de baja densidad y altura, además de generar un «impacto visual, ambiental y funcional» que «desvirtúa» el carácter histórico y residencial de la colonia. Por ello critica los informes de Patrimonio emitidos por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, ya que «se limitan a informar favorablemente de la propuesta sin un análisis detallado». También apunta a que al tratarse de unas oficinas centrales del Ministerio de Defensa supondría una «imposición automática de servidumbres por interés militar», una «alteración del equilibrio urbano» actual y la creación de limitaciones de seguridad y acceso.
Menos aparcamiento y sombra sobre las viviendas
En las afecciones a los vecinos, destaca una serie de «perjuicios directos, graves y no compensados», entre ellos que el estudio de tráfico sobre los efectos del ‘Pentágono’ en la zona es «notablemente deficiente» y que el desarrollo implica una supresión de plazas de aparcamiento para los residentes del barrio. En ese capítulo, el plan también prevé la construcción de un parking con 580 plazas bajo tierra de unos 14.000 metros cuadrados.
Pero, sin duda, uno de los problemas que preocupa a los vecinos es el impacto en la «habitabilidad» de las viviendas colindantes, pues los afectados consideran que la torre de 18 plantas «tiene que generar una sombra notable» sobre las edificaciones del conjunto «reduciendo significativamente su soleamiento». «Esta pérdida de luz solar natural afecta negativamente la habitabilidad y el confort de las viviendas, pudiendo incluso traducirse en un aumento de la demanda energética (iluminación artificial, calefacción) de los residentes afectados», remarcan. Cabe recordar, en este punto, que El Viso es el barrio con mayor renta media anual de las grandes ciudades de España, cerca de 45.000 euros por habitante, según los datos del INE.
Derecho a la intimidad domiciliaria y más ruido
También señalan que desde las plantas superiores tendrían «vistas directas sobre los interiores de las viviendas, patios, terrazas y zonas comunes», afectando al derecho a la intimidad domiciliaria. Junto a esta problemática por la altura del edificio, consideran que la apertura de las oficinas implicaría un aumento permanente de los niveles de ruido y actividad en la zona, alterando «la tranquilidad del barrio». «En conjunto, estos impactos (pérdida de soleamiento, pérdida de privacidad y mayores ruidos) menoscaban las condiciones de vida de los vecinos», defiende el documento.
Preguntado sobre el proyecto y las rotundas alegaciones vecinales, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, afirmó que cualquier actuación que vaya “en contra» de los residentes o que “perjudique, moleste o inquiete” a los vecinos “será paralizada» por el Ayuntamiento de Madrid. Según han confirmado fuentes conocedoras, el Consistorio no ha respondido a las alegaciones planteadas inicialmente por miembros ahora aglutinados en la Asociación de Perjudicados por Torre Ministerio de Defensa.
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