La fórmula de la permuta está aportando al gobierno municipal de María José Catalá más disgustos que beneficios. De las tres operaciones planteadas, una se anuló porque la única empresa concurrente tenía como administrador al marido de una diputada del PP, que además era secretaria de Economía en la ejecutiva de Catalá. Otra está siendo investigada por la Agencia Valenciana Antifraude al hallar indicios de presunta irregularidad, tal como adelantó Levante-EMV. Y la tercera va camino de la Fiscalía a denuncia del Grupo Municipal Socialista, que ha encontrado una importante contradicción con los pliegos del propio Ayuntamiento de Valencia.
En concreto, los socialistas llevarán al Ministerio Público el presunto fraude cometido en la permuta del consistorio con una promotora, Domio Desarrollos, que entregará 39 viviendas de protección pública ya construidas a cambio de cuatro solares municipales para 250 viviendas y 1,7 millones de euros. Los ediles Borja Sanjuan y Elisa Valían han denunciado que dicha promotora “resultó adjudicataria de la permuta irregularmente» porque incumplía uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, que las viviendas no estuviesen comercializadas. El pliego es claro en este sentido: “Los edificios residenciales de obra nueva ya construidos ubicados en el término municipal de Valencia que se ofrezcan para permutar, éstos deben estar libres de ocupantes. Y respecto de los edificios en construcción, se exige que las viviendas no estén comercializadas por la promotora”, dice textualmente.
Pero el edificio en construcción en realidad sí había salido al mercado. Como contó este periódico en noviembre de 2025, el edificio residencial de ocho plantas de obra nueva ubicado en la calle José Roca Coll, 19, en Patraix, tenía todas las viviendas prerreservadas. En 2023, Domio colocó un cartel para ofrecer los pisos de protección oficial y muchas familias se interesaron por ellos. En octubre de ese mismo año, la sociedad retuvo 1.000 euros en concepto de prerreserva por los inmuebles del edificio. Según contaron entonces algunas de las familias, el cupo de reservas se llenó enseguida.
Tal como está el mercado de la vivienda en la capital valenciana estos pisos eran un chollo: 90 metros cuadrados, la mayoría de tres habitaciones, trastero y plaza de aparcamiento por unos 230.000 euros más IVA. La idea era firmar el contrato de compraventa, abonar el 10% de la vivienda y el resto en recibos mensuales. La empresa recogió los datos de los interesados para enviarlos a Conselleria y comprobar que efectivamente cumplían los requisitos para acceder a una vivienda protegida, es decir, estar empadronado en la Comunidad Valenciana, no superar una determinada renta y no tener una segunda residencia. Pero el contrato nunca llegó a formalizarse.
“En julio de 2024 decidieron resolver esa prerreserva. Nos citaron a la oficina para decirnos que nos devolvían el dinero, los 1.000 euros con un interés legal de unos 45 euros. Nos dijeron que Domio había cambiado de opinión”, contaba a este periódico Álvaro Díaz, uno de los afectados. “Nosotros deducimos que estaban esperando a que subiera el precio del módulo para venderlo más caro o una operación de permuta”, decía. “La prerreserva incluía una cláusula que decía que podían resolverla. No obstante, algunos decidimos no coger el dinero de vuelta”.
Pasado el verano, la empresa siguió insistiendo con los vecinos que no aceptaron anular la reserva. “En septiembre nos convocaron y el director de proyectos de la inmobiliaria nos explicó que estaban esperando una permuta. Que nos meterían en una lista para que nos llamaran los primeros en futuras VPO. Más tarde siguieron llamando y a principios de diciembre de 2024 enviaron un burofax para que fuéramos a recoger el dinero o, de no acudir, lo depositarían en notaría”, relataba uno de los afectados con el respaldo de media docena de personas también molestas. Aunque los vecinos recuperaron su depósito, criticaron la operación. «Cuando nos dijeron que la reserva no iba adelante, los pisos en el barrio ya costaban 50.000 euros más caros. El ayuntamiento se queda con 39 pisos de alquiler joven a cambio de perder cuatro solares donde podrían haber desarrollado 200 viviendas. Se alquilarán esos pisos a gente joven, sí, pero los que ya habíamos reservado no éramos precisamente ricos, cumplíamos los requisitos de una VPO”, lamentaban.
«Un negocio de 45 millones» en Malilla y Nou Moles
Las cuatro parcelas municipales adjudicadas a la constructora están situadas en Malilla y Nou Moles, concretamente, en las calles Vicente Marco Miranda, Brasil y Pilota Valenciana. Los socialistas han calculado en más de 45 millones de euros el posible negocio para la promotora, a razón de unos 250.000 euros por cada uno de los 200 pisos. Preguntado por una posible relación entre el PP y la promotora, Sanjuan ha deslizado que, si se atiende a las fechas de los pliegos de condiciones y la devolución del dinero a las personas que habían señalizado, “si no la promotora no tenía relación desde luego tenía buena información”.
Muchos vecinos se resignaron porque entendían que todo se había hecho bajo los cauces legales, desconocedores de los términos del pliego del edificio reservado. Sanjuan ha señalado que la empresa solo podía resultar adjudicataria si presentaba una declaración responsable garantizando que cumplía con todos los requisitos, algo que, sin embargo, no sucedía por la operación que había sellado con las 39 familias afectadas que, además, cumplan con las condiciones para que les entregasen una VPP. Pese a todo, ha explicado, el ayuntamiento le otorgó la permuta, lo que implica que “o se aprobó el acuerdo irregularmente o se falsificó la documentación”.
“Nos hemos reunido con las familias afectadas y nos han aportado la documentación que demuestra que la empresa quiso rescindir el acuerdo que habían alcanzado para comercializar las viviendas e incluso que se ofreció a devolverles el dinero. Les hemos explicado que el acuerdo con el ayuntamiento no solo es indecente porque deja a 39 familias sin viviendas sino que, además, también podría ser constitutivo de delito. Por eso, hemos decidido llevar toda la documentación a la Fiscalía”, ha continuado Sanjuan.
«Un nuevo pelotazo con las VPP, como en Alicante»
El responsable socialista ha hecho hincapié en que estamos “frente a un nuevo pelotazo como el de las viviendas protegidas de Alicante. Pedimos absoluta transparencia en este caso y que el Ayuntamiento actúe con toda la contundencia. En primer lugar, paralizando esta operación especulativa y después, dando todas las explicaciones oportunas. Visto lo sucedido en Alicante y sin querer culpar a nadie, Catalá debe aclarar inmediatamente si era conocedora de esta situación o si autorizó la operación siendo consciente de que la empresa ya había apalabrado las viviendas con 39 familias valencianas que cumplían los requisitos para recibir una vivienda protegida pública”, ha incidido.
La alcaldesa no ha hablado al respecto, pero sí el portavoz de su gobierno, Juan Carlos Caballero, que ha defendido la permuta. “Nosotros que el proceso es limpio, es correcto, y yo lo que esperaba del PSOE en su rueda de prensa es que pidiera perdón porque durante sus ocho años de gobierno solamente fueron capaces de construir 14 viviendas. Aquellos partidos que cuando eran gobierno no fueron capaces de construir vivienda pública creo que pocas lecciones tienen que dar a aquel gobierno que en esta legislatura está poniendo en marcha la construcción de más de 1.000 viviendas poniendo en marcha todos los mecanismos a disposición para que haya más vivienda. Esto de querer llevarlo todo a la Fiscalía creo que tiene más que ver con intentar tapar los escándalos y especialmente los escándalos de abusos de abusos sexuales como el del DAO de Marlaska que es noticia hoy, más que otro tipo de interés. El PSOE necesita buscar cortinas de humo”, ha dicho Caballero.
Finalmente, Caballero ha argumentado que desde el ayuntamiento están “muy tranquilos con el proceso” porque “todo es perfectamente legal”.
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