Andalucía ya tiene en marcha sus primeros planes de choque ante las consecuencias devastadoras para la economía del tren de borrascas que ha atravesado la comunidad autónoma. Gobierno central y Junta de Andalucía han lanzado por separado aunque el mismo día sus estrategias para la recuperación que prometen movilizar casi 9.000 millones de euros (8.868) en los próximos meses. Este dinero tendrá como destinatario principal al campo andaluz, pero también tiene partidas reservadas para los autónomos y pymes del sector turístico y el comercio, las familias que han sufrido desalojos y daños en sus viviendas o los municipios que han visto como sus equipamientos y accesos quedaban completamente destrozados por las intensas precipitaciones y los fuertes vientos.
El Gobierno de España ha activado con fondos propios 7.168 millones de euros entre ayudas directas, rebajas fiscales o programas de inversión ejecutadas por el Estado o a través de los ayuntamientos con un modelo similar al que se aplicó en otras catástrofes como la Dana de Valencia. Con este dinero se ejecutarán ayudas directas al campo y a los autónomos, indemnizaciones por pérdidas o destrozos en viviendas o inversiones por ejemplo para la reparación de carreteras e infraestructuras dañadas. Todos estos fondos son recursos propios que moviliza el Ejecutivo. No entran por tanto fondos europeos que podrían incorporarse posteriormente.
El programa de la Junta de Andalucía, denominado Andalucía Actúa, tiene un presupuesto inferior, 1.700 millones de euros. Este dinero procede de modificaciones presupuestarias dentro que se han ejecutado en bolsas de reserva existentes en las cuentas de 2026 o a través de partidas que no estaba previsto que se pudieran ejecutar. A esto se añade la reutilización del superávit de 2025 (en torno a 400 millones de euros) y el de 2024 (1.100 millones de euros), una propuesta del Gobierno autonómico que el Ejecutivo central ha aceptado como ha ocurrido en otras emergencias. Por último, se van a reprogramar los fondos europeos para lo que se ha solicitado autorización al Ejecutivo. Es decir, habrá proyectos que queden aplazados y otros que se transformen a las nuevas necesidades.
En cualquier caso sobre un presupuesto de más de 40.000 millones de euros y dado que hay disponibilidad presupuestaria el impacto sobre las políticas previstas en 2026 será limitado. No están riesgo las medidas adoptadas en el ámbito sanitario, las contrataciones en educación o las políticas de dependencia. Más bien habrá líneas de ayudas que se reordenen e inversiones que se reajusten cambiando los proyectos en función de las necesidades.
Este plan de choque, no obstante, aún debe incrementarse. Para ello, hay dos vías abiertas a través de Europa. En primer lugar, el Gobierno de España ya ha solicitado la activación del fondo agrario de crisis, una vía que ha dejado ya dinero en otras emergencias en España y en Europa aunque con un impacto limitado (en la Dana de Valencia no llegó a los cien millones de euros). Por otro lado, el Fondo de Solidaridad Europeo, una partida que se destina a grandes catástrofes pero que aún tiene que solicitar formalmente. En Valencia generó casi 1.000 millones al igual que un terremoto en Italia, pero se trata en cualquier caso de dos excepciones, dado que lo habitual son ayudas de un importe muy inferior. En ambos casos hay una bolsa asignada para todo el año que se reparte entre los países que lo solicitan.
A esto se añade otra línea complementaria. Tanto Gobierno de España como Junta de Andalucía habilitarán fondos para que los ayuntamientos reparen sus infraestructuras dañadas o incluso sus playas y paseos marítimos que se hayan visto afectadas por las borrascas. Todos estos fondos son programas cofinanciados, de forma que los municipios incorporarán sus propias partidas. Gobierno y Junta han invitado en este sentido a las diputaciones a que se sumen con planes extraordinarios.
Sin coordinación pero sin confrontación
Los dos planes de ayudas no se han coordinado. De hecho, en la elaboración de las bases se deberán articular para que las medidas sean complementarias y cabe la posibilidad de que algunas de las ayudas se pisen. El Gobierno las presentó en el Consejo de Ministros con María Jesús Montero (vicepresidenta y secretaria general del PSOE andaluz) como portavoz de todas las actuaciones mientras que la Junta de Andalucía activó un comité de evaluación de daños, con presencia de los consejeros, para difundir su paquete de actuaciones. Ambos anuncios fueron a la misma hora. Pese a esto, los dos gobiernos eludieron de momento la confrontación directa tal y como vienen haciendo durante las últimas semanas en el plan conjunto de respuesta a las emergencias generadas por las borrascas.
Los principales sectores afectados, especialmente las organizaciones agrarias, ponen ahora el acento en los plazos de ejecución de todas las medidas. El Gobierno andaluz pidió «paciencia» aunque prometió agilidad. Desde el Ejecutivo autonómico se mostró de hecho cierto escepticismo con los tiempos del Ejecutivo central basados en las críticas que desde el PP se viene realizando durante los últimos años en relación con los planes estatales para Valencia.
El Gobierno de España, por su parte, plantea que las primeras líneas de ayudas estarán en marcha durante el mes de marzo. Principalmente, las de emergencia dirigidas a las familias más afectadas o a los sectores económicos que más pérdidas han sufrido como es el campo andaluz.
No obstante, pese a los dos anuncios realizados, ni Gobierno ni Junta de Andalucía se atreven de momento a fijar una cifra del impacto económico que han dejado las borrascas en Andalucía tanto en las infraestructuras como en la economía. Ese trabajo de evaluación aún sigue abierto especialmente en el campo andaluz.
