El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas económicos y sociales en España. En los últimos años, el precio del alquiler ha subido considerablemente en muchas capitales y grandes ciudades, complicando la situación de miles de familias o jóvenes que buscan emanciparse y ven cómo deben destinar cada vez una mayor parte de sus ingresos a pagar la renta mensual.
Imagen de recurso del momento del contrato del alquiler de una vivienda
En este contexto, el Gobierno busca nuevas fórmulas para contener la escalada de precios sin recurrir únicamente a medidas de control directo. Y, en ese sentido, la vía fiscal se ha convertido en una de las herramientas sobre la mesa. La intención del Ejecutivo es utilizar el sistema tributario como mecanismo de incentivo y castigo, es decir: premiar a quienes mantengan los precios y penalizar a quienes opten por incrementarlos.
La propuesta que actualmente negocia el Ministerio de Hacienda pasa por modificar el tratamiento fiscal de los alquileres en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En la actualidad, los propietarios que alquilan una vivienda destinada a residencia habitual pueden aplicar una reducción sobre el rendimiento neto obtenido, lo que les permite tributar menos por esos ingresos.
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Lo que se plantea ahora es modular esa bonificación en función del comportamiento del arrendador. Si el propietario mantiene el precio del alquiler o incluso lo reduce al renovar el contrato, podría conservar o incluso mejorar su ventaja fiscal, con bonificaciones que en determinados supuestos podrían alcanzar hasta el 100% del rendimiento neto en el IRPF. En cambio, si decide subir la renta de forma voluntaria, vería reducida esa bonificación y, en consecuencia, pagaría más impuestos por los ingresos obtenidos.
En términos prácticos, esto significa que el propietario seguiría teniendo libertad para fijar el precio, pero asumiría un mayor coste fiscal si decide encarecerlo. El objetivo, por tanto, no es prohibir la subida, sino desincentivarla económicamente, haciendo menos atractivo el incremento de la renta desde el punto de vista tributario.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura el Congreso Nacional de Industria.
Por el momento, la medida no está aprobada y se encuentra en fase de negociación con los socios parlamentarios del Ejecutivo. El debate gira ahora en torno a hasta qué punto esta modificación puede influir realmente en el mercado y si supondrá un equilibrio adecuado entre la protección de los inquilinos y la rentabilidad de los propietarios. Lo que sí está claro es que el Gobierno quiere reforzar la presión fiscal como herramienta para intentar frenar nuevas subidas en el alquiler.
