los vecinos de la Cañada Real plantan cara a los desalojos

«La Cañada se queda». La contienda epistolar desatada en los últimos meses ha encontrado una respuesta firme entre los vecinos del sector 6, el más afectado por esas órdenes de realojo. «Ordenar a los obligados que procedan, en el plazo de UN MES, al cese del uso y desalojo de la infravivienda arriba indicada a fin de que por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se pueda proceder a la demolición de la misma». Las misivas enviadas por el consistorio tienen carácter de obligatoriedad y una treintena de familias deben abandonar el asentamiento ilegal más grande de Europa. «¿A dónde me voy, debajo de un puente? Yo llevo aquí treinta años. Me han quitado la luz y no me dan una vivienda. Somos personas humanas y no perros». Pilar vive sola en la zona alta del sector. Allí, cuatro mil vecinos sufrieron el corte del suministro eléctrico en octubre de 2020. Como ella, Hassam y su familia forman parte del ala humano más vulnerable, no reúnen los requisitos para acogerse a una solución en forma de realojo. «Llevamos aquí más de cuatro años. Yo le hice una reforma a esta casa. Me echan y no me dan una alternativa».

Un plan para la Cañada

En el año 2024, las tres administraciones implicadas en remediar la situación de la Cañada Real Galiana (Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y Comunidad de Madrid), pusieron en marcha un Plan Extraordinario de Realojos 2024-2034 que supondría la inversión de 330 millones de euros para la reubicación de 1.600 familias del asentamiento en los próximos diez años. Algunos colectivos y asociaciones vecinales aseguran que el plan incumple el Pacto Regional y la Ley2/2011 que regula la Cañada Real. «No es solamente qué pasa con las familias que no tienen solución de realojo. Todas las familias que vivimos aquí estamos habitando nuestras casas, llevamos sesenta años de vida y creo que el territorio pertenece a quien lo habita». Houda Akrikez es vecina y presidenta de la Asociación Tabadol. Además, ejerce de hombro consolador y varita de la esperanza para muchas de las familias, en su mayoría marroquíes y de etnia gitana, que se acercan carta en mano a buscar buenas noticias que no llegan. De momento, la única salida que encuentran es presentar recursos que van demorando la conversión de sus techos en escombros. Estas personas vieron cómo el pasado año ganador una pequeña batalla dentro de la contienda cuando un juez de la Audiencia Provincial dio la razón a una familia cuya casa había sido demolida de manera «arbitraria» y «deliberadamente injusta». Hecho que supuso la condena de inhabilitación de un funcionario de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. La abogada y colaboradora Montse Cortés señalaba tajante en el plató de Más Espejo: «El Consejo de Europa y, concretamente, el el Comité de Derechos Sociales nos sacó los colores al estado español cuando les cortamos el suministro eléctrico, que debe ser un derecho garantizado y gratuito por razones de humanidad. Ahora no podemos hablar de un desalojo sin ulterior realojo». Por su parte, el periodista José Peláez recordaba que no se pueden entregar viviendas a todo el mundo. «El hecho de que tú lleves un tiempo en un territorio no te da más o menos derechos. Este asentamiento es ilegal y, lamentándolo mucho, tú no puedes vivir donde te de la gana».

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