El 11 de septiembre del año pasado, Albania sorprendió al mundo al convertirse en el primer país en nombrar a un ministro creado por inteligencia artificial. Se trata de ‘Diella‘, un asistente virtual para trámites burocráticos reconvertido en el encargado de gestionar y adjudicar todos los contratos del Estado. El anuncio, vendido como la panacea para luchar contra la corrupción y tildado por la oposición de «anticonstitucional», logró ser un golpe de efecto. Sin embargo, cinco meses después, la «ministra» podría quedarse sin cara y sin voz.
La actriz que vendió su aspecto para moldear ese avatar digital está llevando al Gobierno albanés a los tribunales. Anila Bisha, popular en el país balcánico, ha presentado una demanda contra el Consejo de Ministros, el primer ministro Edi Rama, la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información y la empresa privada involucrada en el proyecto.
En los documentos judiciales publicados por varios medios de comunicación locales, la actriz alega que el contrato que firmó para prestar su rostro y su voz a la IA convertida en ministra expiró el 31 de diciembre de 2025. Algo que ya explicó en una entrevista televisiva el pasado septiembre.
Bisha también denuncia que el uso de su imagen debía limitarse a un chatbot de la plataforma digital de la administración pública albanesa y no a dar un discurso parlamentario de aroma propagandístico que fue retransmitido en todo el mundo. Además, en octubre el Gobierno anunció pomposamente que Diella «está embarazada» de «83 hijos», asistentes de IA para cada uno de los diputados parlamentarios de su formación, el Partido Socialista.
Bloqueo de la ministra
En su demanda, Bisha pide que se tramite una orden judicial para detener de forma inmediata el uso de su imagen hasta que se resuelva el caso. A través de sus abogados, la actriz alega que ese uso no autorizado y potencialmente ilegal de su rostro por parte del Gobierno se habría traducido en un daño significativo e irreversible.
El Gobierno albanés, que encara protestas multitudinarias contra su gestión, rechaza la acusación. «Albania es un país democrático y libre en el que, al igual que en cualquier otro país sin censura, los ciudadanos son libres de pensar y actuar por vías legales contra el Gobierno. En nuestra opinión, esta demanda no tiene sentido, pero agradecemos la oportunidad de resolverla de una vez por todas en los tribunales», ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Manjola Hasa, en declaraciones a POLITICO.
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