La magistrada de Alicante Amparo Rubio, quien ha abierto la investigación sobre las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en la urbanización Las Naus, se va a encontrar sobre su mesa con dos denuncias.
A la del sindicato ultra Manos Limpias, que ha provocado la apertura de estas diligencias en la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (antes juzgado de Instrucción 5) y, como consecuencia, el traslado de la investigación desde el Ministerio Público al departamento que dirige la magistrada, se va a sumar la que está preparando la Fiscalía Anticorrupción, a donde en un primer momento se dirigieron el Ayuntamiento de Alicante, la Conselleria de Vivienda y las formaciones del PSOE y Sumar para poner estos hechos en conocimiento de la Justicia.
Junto a estas cuatro denuncias, los fiscales delegados de Anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, van a remitir al juzgado las averiguaciones que han podido realizar hasta la apertura de diligencias por parte de la magistrada y un escrito de denuncia con los indicios de delito que han observado.
Práctica de diligencias
Los fiscales plantearán a la instructora, además, la práctica de las diligencias que consideren necesarias para determinar si las adjudicaciones en la primera promoción de vivienda protegida que se ha ejecutado en Alicante en dos décadas se ha ajustado desde el inicio del proceso hasta el final a los requisitos que marca la ley para el acceso este tipo de casas.
La denuncia de Manos Limpias, interpuesta a través de los abogados José María Bueno, Yulia Ivastinova y María del Carmen Caballero y basada en publicaciones periodísticas sobre este escándalo, se presenta por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a los funcionarios y está dirigida contra diez personas: la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, responsables de la cooperativa y de la promotora de la urbanización y un notario, entre otros.
El PSOE, por su parte, habla de cinco delitos de los que responsabiliza a prácticamente las mismas personas, además de los miembros de la Junta de Gobierno Local, mientras que el Ayuntamiento dirige las sospechas sobre el arquitecto municipal que intervino en el expediente y tiene un piso en el residencial y Vivienda lo ha hecho sobre el funcionario que validó datos falsos de la renta de la unidad familiar para que su mujer, también arquitecta municipal, pudiera ser adjudicataria de una de las casas.
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