Cuatro son los principales requisitos que debe cumplir cualquier persona que quiera acceder a una vivienda protegida en la Comunidad Valenciana: ser mayor de edad o menor emancipado, tener nacionalidad española o residencia legal en España, que la titular del derecho, o cualquiera de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia, no sea titular del pleno dominio de otra vivienda en todo el territorio nacional y que los ingresos de la unidad no superen el límite marcado por la Generalitat, que actualmente se sitúa en 54.600 euros, que pueden ampliarse en caso de hijos, discapacitados o dependientes en la familia.
La Conselleria de Vivienda, que dirige la vicepresidenta Susana Camarero, ha puesto el foco en los dos últimos requisitos, las propiedades y los ingresos de los adjudicatarios. De hecho, ya ha enviado requerimientos formales a al menos una decena de vecinos del residencial Les Naus, en el foco del escándalo desde que este diario desvelase las polémicas adjudicaciones que ya han provocado tres dimisiones: la de la concejala de Urbanismo, la de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos y la del jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria y Turismo.
El escrito, con el asunto «Requerimiento de documentación del visado del contrato de vivienda» y firmado por el secretario territorial adjunto de Vivienda, Vicente Caturla, subraya que «al objeto de comprobar la concurrencia de requisitos de acceso» establecidos en el decreto de la Generalitat se exige aportar al Servicio Territorial de Vivienda documentación sobre miembros de la unidad familiar, con nombres y apellidos (en función de cada caso), pero a su vez se advierte de que también deben añadir todo dato que afecte a «cualquier otro miembro que conforme la unidad de convivencia de la vivienda, que no haya sido declarado en la solicitud del visado o la autorización expresa de que no se opone a la consulta por parte de la Administración«.
Según tiene constancia este diario, los requerimientos se están enviado a Fraorgi, la empresa que gestiona la cooperativa Les Naus, que a su vez se lo comunica a los afectados, y también directamente a ellos a través de la carpeta ciudadana de la administración electrónica. Los aludidos por la conselleria tienen un plazo de diez días hábiles para remitir la documentación solicitada.
La separación de bienes, en el foco
La conselleria está poniendo el foco principalmente en los matrimonios en separación de bienes, tras el caso detectado que ha provocado la suspensión de empleo y sueldo del funcionario encargado, hasta ahora, de visar todos las viviendas, que omitió sus datos personales para poder dar luz verde a la adjudicación de la vivienda a su mujer, arquitecta de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, también expedientada. En el caso de parejas en separación de bienes, como han subrado desde la conselleria, para el cómputo de los requisitos se debe tener en cuenta la unidad familiar, con independencia del régimen económico del matrimonio.
Tras la alerta surgida la pasada semana por el caso protagonizado por el funcionario de Vivienda, desde la conselleria empezaron a revisar la documentación de los 140 adjudicatarios de la primera promoción de vivienda protegida en Alicante en más de dos décadas, detectando que faltaba documentación clave para los visados necesarios. Ante las dudas surgidas y para comprobar si esas validaciones fueron correctas, Vivienda ha iniciado los trámites para requerir formalmente los documentos pendientes, normalmente vinculados a la pareja del propietario de la vivienda.
Las primeras respuestas no se han hecho esperar. Ya ha habido adjudicatarios que han enviado a la conselleria, por el cauce solicitado (vía electrónica), la documentación requerida para intentar justificar que cumplen con los requisitos exigidos para acceder a una vivienda de protección, como las del residencial Les Naus.
El siguiente paso, la Fiscalía
Una vez revisados los expedientes, en el caso de que algunos de los adjudicatarios no cumplan con lo exigido, la Conselleria de Vivienda ampliará su denuncia ante Fiscalía, que interpuso la pasada semana para denunciar las supuestas irregularidades en torno al funcionario autonómico y su mujer, funcionaria municipal en Alicante. «Con la información que recabemos iremos a la Fiscalía para ampliar la denuncia y que, desde Fiscalía, se proceda a cualquier aclaración y seguimiento del tema. Por su puesto, caiga quien caiga, y que la ley actúa en los supuestos en los que se hubiera podido cometer cualquier delito», aseguró Camarero.
La consellera, durante su visita a la ciudad de la pasada semana, también explicó que todos los expedientes vinculados a la polémica urbanización Les Naus, y que ahora se encuentran bajo investigación, fueron visados por el mismo funcionario, quien era el único responsable de supervisar y aprobar las adjudicaciones de las viviendas de promoción pública en la zona. Este funcionario, que ya se encuentra suspendido de empleo y sueldo, ha sido el centro de la controversia tras descubrirse que validó datos supuestamente falsos para adjudicar una vivienda a su esposa.
El funcionario no se inhibió, según explicó Camarero, como hubiera correspondido, en la tramitación del expediente de su esposa. En su caso, la información sobre sus bienes y los ingresos como parte de la unidad familiar se omitieron, a pesar de que debía haberse considerado en la evaluación de los requisitos para acceder a la vivienda pública.
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