El pleno parlamentario de la semana terminó ayer como había empezado el martes: con un enfrentamiento insuperable entre el Gobierno, y la mayoría que lo apoya, y el PSOE, con Nueva Canarias, como de costumbre, moviendo la colita hacia los socialistas, empecinados por su parte en un análisis liquidacionista de la gestión del Gobierno. Es increíble el tiempo que malgastan en asuntos donde no salen bien parados, sea la agenda canaria, el decreto que deberá vehicularla o el modelo catalanófilo de financiación autonómica, en lugar de centrarse en las políticas económicas, sociales y asistenciales del Ejecutivo. En realidad, Ángel Víctor Torres y los suyos dedican menos tiempo a atacar a Fernando Clavijo y sus consejeros que a lisonjear al Gobierno de Pedro Sánchez y a defenderlo casi escandalizadamente. «¡Hay que ver, los de Coalición siempre pidiendo más perras, más recursos, más competencias, como si no tuviéramos bastante con vascos y catalanes». En la Península los socialistas son capaces de pactar respetuosa y hasta eucarísticamente -«¡somos más!»- con independentistas de derechas, asumiendo transferencias y amnistías sin rechistar, pero en Canarias es muy distinto. Los socialistas isleños, durante el torrecismo, han demostrado su peor alma sucursalista. Se sitúan invariablemente al lado del Gobierno central, sin matices ni ambigüedades, y cualquier reivindicación se les antoja grotesca y fuera de lugar, cualquier voz ligeramente más alta que otra, un recurso a la bronca. Fuerzas políticas que impulsaron una insurrección independentista y pretendieron abrogar la Constitución y el Estatuto de Cataluña merecen el máximo respeto y todo esfuerzo negociador. Pero CC no. Es cuestión de números. Con media docena de diputados nacionalistas la actitud socialista sería muy distintas. Es cuestión, también, de evitar engordar y legitimar un nacionalismo -por moderado y pragmático que sea- en la frontera sur de España y de Europa
Este fenómeno atraviesa todo el debate político, y en buena parte la dialéctica parlamentaria, desde el regreso de Coalición al poder autonómico, con el Partido Popular como socio. Por eso el grupo parlamentario socialista pincha todo lo que puede, por ejemplo, con la derivación de menores extranjeros no acompañados a otras comunidades autónomas, como hizo en el pleno, de nuevo, Nira Fierro en una pregunta a quien no compete esa materia, como es el vicepresidente Manuel Domínguez. ¿Está satisfecha la señora Fierro con los 31 menores migrantes que procedentes de Canarias acogió el Gobierno catalán entre 2024 y 2025? Treinta y uno. Por supuesto, Vox también entro en el asunto de la inmigración -es uno de sus must- y Paula Jover intentó demostrar que las autoridades autonómicas habían proclamado ya dos alertas por la inmigración irregular, algo que no ha ocurrido, pero es que lo no ocurrido es uno de los territorios favoritos de los ultraderechistas, a los que los resultados de las últimas elecciones autonómicas tienen entusiasmados.
Quizás la protagonista central del pleno fue Esther Monzón, la consejera de Sanidad, que no tuvo una actuación precisamente brillante. A medida que transcurre la legislatura, la señora Monzón ha asumido paulatinamente el rol de una especie de CEO de la sanidad pública cada vez más cansado de las críticas, más desdeñoso con los desacuerdos del común de los mortales. Así, cuando Marta Gómez, exmilitante de Vox y ahora diputada no adscrita, relató un caso espeluznante de desidia asistencial, Monzón, con un mohín de desdén, la acusó de intentar sacar rédito político de una situación harto desgraciada. Gómez se quedó estupefacta y le recordó a la consejera que era diputada no adscrita y no tenía ningún superior jerárquico al que agradar. Y es cierto: Marta Gómez ni es una política profesional ni jamás ha empleado malas mañas parlamentarias. «He citado este caso», comentó, «porque creo que parte de nuestra tarea es, precisamente, traer estos hechos, estas historias, al Parlamento». Fue inútil: en su último turno de réplica la consejera insistió de nuevo en lo de «hacer política» con una desgracia. Fue un incidente que duró menos de cinco minutos pero que dejó retratada a Monzón y desveló el tonelaje de sus desprecios. Lo mismo ocurrió con la crítica por la mala gestión en hemodonación y hemoterapia: solo existe sangre de reserva para dos días, como demostró el diputado Yone Caraballo. La responsable de Sanidad le replicó, con el mismo cansancio de siglos, que si se dispone de tan poca sangre, ¿cómo se realizan docenas de operaciones en Canarias? Pues se trata precisamente de eso: ese margen de reservas es demasiado bajo si se pretendieran aumentar las intervenciones quirúrgicas o se produjera un accidente aeronáutico o automovilístico con varias decenas de heridos graves. A veces, algunas veces, la única manera de escuchar con tranquilidad a la señora Monzón es gozando de un estado de salud perfecto. Posteriormente, en su habitual torneo con el socialista Miguel Ángel Pérez del Pino, la consejera manejó más y mejores argumentos, pero con la misma actitud hastiada y hastiante.
Su señoría Hernández Cerezo fue el responsable de defender el modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio de Hacienda y que ninguna comunidad, excepto Cataluña, acepta de buen grado, por el constatable hecho de que el nuevo esquema ha sido negociado durante meses por el PSOE y Esquerra Republicana. Hernández Cerezo tuvo una intervención hábil e inteligente en la que subrayó los aspectos atractivos e incluso positivos de la propuesta del equipo de María Jesús Montero y orilló los más discutibles. Por supuesto el diputado socialista fue incapaz de aclarar cosas que el modelo mismo no aclara, como el reparto de competencias de gestión tributaria entre la AEAT y las agencias recaudatorias de las distintas comunidades autónomas, una de las claves de un modelo de financiación que conduce a un -nuevo- modelo de Estado más confederal que federalizante. Pero hasta ahí no llegó el debate. Hernández Cerezo repitió soflamas socialistas afirmando que a Canarias le caerían 600 millones de euros más, como si la recaudación del Ministerio de Hacienda no fuera a sufrir variaciones a la baja en los próximos siglos y el Estado se pudiera vaciar en beneficio de todos. La nacionalista Socorro Beato se puso flamígera y acusó a los diputados socialistas de sumisos, siguiendo las costumbres genuflexas de Ángel Víctor Torres, ministro y secretario general que, frente a Sánchez, es como José Luis López Vázquez en la maravillosa película Atraco a las tres: un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Todos los grupos, salvo PSOE y NC, empeñado en ejercer como hermanito sietemesino, rechazaron con ferocidad el modelo. Esto va a ponerse interesante.
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